Agustín Edwards
Hace algunos días pudimos leer un editorial en el periódico El Mercurio que contenía una enérgica condena a los actos de tortura documentados en un informe del Senado de los Estados Unidos. Como Comisión de Derechos Humanos de Revolución Democrática saludamos tal claridad y energía en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos del mundo entero, más cuando en las últimas semanas hemos escuchado voces, como la del exdirector de la CIA, defendiendo estos métodos inhumanos en pos del objetivo buscado. Hasta aquí estamos totalmente de acuerdo con lo planteado por el editorial, el que recoge los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que indican que jamás los tratos vejatorios y que atenten contra la dignidad de las personas son justificados.

Ahora bien, la Comisión de Derechos Humanos de Revolución Democrática hubiera esperado y, sigue esperando, una condena igual o más enérgica a los miles de crímenes de lesa humanidad acaecidos en nuestro propio país durante la dictadura cívico-militar del General Pinochet, donde el exterminio y amedrentamiento a un sector de la población fue una política de Estado, financiada por todos los chilenos y que contó con el consentimiento de todos los dirigentes y sectores que gobernaron el país durante aquellos años. Es más, El Mercurio y los medios pertenecientes a su grupo editorial durante años negaron tales violaciones a los derechos humanos, acusando a los asesinados, desaparecidos y exiliados, entre otros, de ser víctimas incluso de rencillas internas de sus propios movimientos.

Dos amplios informes del Estado de Chile, cuales son el Informe Rettig y el Informe Valech, han dado cuenta del horror sistemático que vivió Chile durante esos años, de modo similar a como el Senado de los Estados Unidos ha documentado los actos de tortura perpetrados por agentes de inteligencia de dicho país.

Como Comisión de DD.HH. nos parece imprescindible que este periódico se haga cargo del encubrimiento de estos terribles sucesos y pida perdón al país; no solamente a través de un editorial igual de categórico que el que aquí comentamos, sino con el apoyo efectivo a políticas que contribuyan a que nunca más en Chile sucedan hechos como los relatados. Impulsar leyes que prohiban el ejercicio público a personas involucradas en crímenes de lesa humanidad y contribuir al término de los pactos de silencio que aún protegen a los victimarios, sería un muy buen comienzo.

Belén Pizarro
Coordinadora Comisión DD.HH.
Revolución Democrática