Arenas CPC

Desde el Ejecutivo se apresuran en aclarar que es un punto que estaba en el Programa de gobierno para la Reforma Laboral: “No se trata de una iniciativa que se haya ingresado en el camino”, señalan. El Programa se refiere de forma amplia a “permitir la ampliación de las materias que se puedan acordar en una negociación colectiva con el empleador, cuando esto sea por acuerdo de las partes, teniendo los resguardos para asegurar la representatividad de los sindicatos”. No especifica que en la ampliación de esas materias entrarían los pactos de adaptabilidad o flexibilidad laboral que por varios años el empresariado ha buscado incluir en la legislación para poder adaptar, precisamente, las jornadas laborales a las necesidades de productividad. Tampoco ahonda sobre el porcentaje de representatividad que deben tener los sindicatos que negocien esta materia.

Se trata de una iniciativa que se viene discutiendo, al menos, desde el gobierno de Ricardo Lagos. “En Chile, por muchas razones, es importante que las jornadas de trabajado se vayan definiendo en la propia empresa”, señalaba en ese entonces el ministro de Trabajo, Ricardo Solari. Fue el gobierno de Michelle Bachelet el que finalmente logró incorporarla en la Agenda Laboral. “Se trata de tener una institucionalidad laboral que fomente el acuerdo entre ambas partes para hacer más productivas a las empresas y que puedan adaptarse a los cambios que enfrenta la economía”, señalan desde el Ministerio de Hacienda. Se trata del último intento del Ejecutivo por contentar al gremio empresarial que en la última semana atacó a la reforma a través de los presidentes de la CPC y la Sofofa, Andrés Santa Cruz y Hermann Von Mühlenbrock, quienes han señalado que se generará desempleo y que no incentiva el trabajo de los jóvenes y las mujeres. El primero había sido en Enade 2014 cuando el ministro Alberto Arenas prometió gradualidad en la implementación. Sin embargo sólo dos semanas después esto era negado desde el Ministerio del Trabajo por el ex ministro Yerko Ljubeti tras un encuentro que reunió a los ex titulares de Trabajo con la ministra Javiera Blanco.

En esta ocasión, fue la cartera de Trabajo la que se lució, con el proyecto que debería ingresar antes del 31 de diciembre. Así lo señaló el diputado y ex titular de la cartera, Osvaldo Andrade en entrevista con El Mercurio durante el fin de semana: “La autoridad laboral es el gran ganador. Y creo que Hacienda esto lo pesquisó a tiempo y está adentro. Y eso es bueno. Porque mi experiencia personal es que la contraparte en materia laboral que uno siempre tenía en el Ministerio del Trabajo era el Ministerio de Hacienda”. De hecho, fuentes cercanas a las negociaciones pre legislativas, señalaron a este medio que Arenas “no tuvo más remedio que sumarse” a la Reforma Laboral, lo que permitió en gran medida que se lograra presentar antes de fin de año. Ya desde el gobierno de Patricio Aylwin se había buscado reformar las leyes laborales disminuidas por la dictadura. Fue René Cortazar, ministro de Trabajo de la época quien detuvo el avance de una reforma en ese momento, y Andrés Velasco, en Hacienda, quien se encargó de ponerle freno en el primer gobierno de Bachelet. “Hoy día se ha llegado a una correcta relación entre ambos ministerios, con un propósito común”, declaró Andrade.

Pactos de adaptabilidad

En la actualidad, los pactos de adaptabilidad deben ser aceptados por el empleador y el sindicato y luego visados por la Dirección del Trabajo. Esto sucede, por ejemplo, con el gremio de la minería, donde en vez de apegarse a la legislación de tener el séptimo día libre, se pueden pactar jornadas de cuatro días trabajados y cuatro libres. La reforma, en cambio, otorga amplia autonomía a estos acuerdos logrados por los sindicatos, sin la necesidad de que sean validados por la Dirección del Trabajo. Lo mismo pasa con los pactos de horas extra donde pasan de ser negociados en el contrato individual a la negociación colectiva.

Es precisamente ese aspecto el que más preocupa a la CUT, particularmente por la representatividad que contarán los sindicatos que negocien los pactos de adaptabilidad. La multinsindical pedía que se tratara de un sindicato único que contara con un 70% de reprsentatividad. En la reunión del viernes pasado, sin embargo, el momento más tenso se vivió cuando el ministro de Hacienda señaló que en un primer año se exigiría un 65%, distribuido en varios sindicatos para terminar con 30% de representatividad en cuatro años. La propuesta fue catalogada de “impresentable” por parte de la CUT, donde uno de los asistentes al encuentro señaló que “las leyes proteccionistas no son graduales”. De hecho, fuentes de la CUT señalaron que de ser esa la fórmula, no apoyarán el proyecto: “Nosotros vamos a ir a pelearlo al Congreso, y de hecho, es muy probable que eso no salga, que se elimine. Si el Gobierno insiste en que sea gradual va atener el profundo rechazo de la organización sindical”. Todo indica, sin embargo, que de esa manera ingresará el proyecto, luego que la ministra Blanco citara en la capital a todos los Seremis y Directores regionales de Trabajo a una reunión el pasado sábado, donde se les informó sobre los pormenores de la reforma: “Hemos llegado a la convicción que lo que estamos presentando es un proyecto bueno para el país. Este no es un proyecto de uno contra otros, no es para unos pocos; es un proyecto para Chile, es un proyecto para la clase media”, dijo Blanco

No es la una opinión compartida en su totalidad por Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, quien tras salir el viernes de la reunión con los ministros Arenas y Blanco en el Ministerio de Hacienda: “No podemos decir que hay coincidencia plena con el proyecto que el Ejecutivo va a enviar porque eso no es así. No estamos de acuerdo con la ampliación de materias en el proceso de negociación”. Profundizó sobre el tema señalando que “lo que el Ejecutivo ha hecho es proponer que con un número de representatividad de los sindicatos tu puedas extender o ampliar las materias de la negociación. Y lo que nosotros hemos criticado es que esa norma nos parece que no es consistente con el fortalecimiento sindical. Es decir, el espíritu del proyecto es uno y el debate de ampliación de materia no tiene mucho que ver con ese debate”. Figueroa añadió que se entiende “el equilibrio que el Ejecutivo quiere plantear, pero no tenemos por que compartirlo”.

Gran parte del temor se debe a que estos grupos sindicales con una representación menor al 65% puedan ser “pro empresa o incluso armados por la empresa”, señalan en la CUT.

La preocupación, además, es que los pactos formen parte del contrato colectivo. Figueroa advierte que deben quedar “siempre fuera del marco del contrato colectivo, porque sino se constituye en piso (para la siguiente negociación)”. De hecho, la CUT buscará que los pactos de adaptabilidad ni siquiera sean discutidos en el marco de la negociación colectiva, ya que se trata de “normas de excepción, no son marco de negociación, por eso exigen cuorum distinto. Por eso para nosotros no es menor el debate, porque no puede ser en el marco de la negociación, pero de hacerse tampoco puede ser sobre la base de representatividades ficticias. Tiene que ser sobre amplia representatividad, porque de lo contrario es un instrumento que le estás entregando al empleador”.

Los otros puntos clave de la Reforma

Titularidad sindical
La reforma otorga la titularidad de la negociación colectiva a los sindicatos. Con esto se elimina la participación de grupos negociadores que muchas veces se crean desde la misma empresa para quebrar las negociaciones con los dirigentes sindicales.

Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT explica que “sobre todo cuando estás ad portas de procesos de negociación, ocurre la constitución de grupos negociadores para ponerles piso y techo a la negociación del sindicato. Como una manera de pautear”. Así el empleador ofrece beneficios más bajos a los grupos, debilitando el poder negociador sindical.

“Siempre los empresarios han ocupado a esos grupos para debilitar la negociación colectiva y para forzar al sindicato a cerrar una negociación no muy conveniente para la mayor parte de la gente. El empresario va a querer debilitar a través de los grupos negociadores la negociación”, dice Samuel Toloza, vicepresidente del sindicato de Goodyear, que concentra al 80% de los trabajadores y no tiene una huelga hace más de 20 años.

Fernando Alvear, gerente general de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), niega que sean la mayoría de los casos en los que el empleador conforma y utiliza a los grupos para quebrar las negociaciones: “Conozco muchos casos que no es así, si hay situaciones de ese tipo deben ser denunciadas”. Agrega que debiera respetarse la alternativa de las personas no sindicalizadas a poder negociar colectivamente: “Si hay una práctica antisindical se condenará, pero favorecemos que haya negociación colectiva con los sindicatos que se forman dentro de la empresa y también que se mantenga la negociación de grupos negociadores a pesar de que hayan sindicatos dentro de la empresa. Porque hay gente que definitivamente no se sindicaliza, pero pensamos que deben tener también la posibilidad de negociar, cosa que aparentemente no se quiere”. Señala que si bien “es un punto que merece la pena estudiarse”, es un tema que podría regularse a través de otras medidas.

Para la presidenta de la CUT, sin embargo, el tema va más allá: “Estamos diciendo que validemos al sindicato como el elemento permanente. El grupo negociador no tiene ninguna vida útil, ningún valor agregado para el diálogo con la empresa. Es un instrumento hecho única y exclusivamente para ir a pelear por la chaucha. Nosotros no queremos ese sindicalismo”. En cambio, plantea que el sindicalismo permanente además discuta “sobre materias de capacitación, sobre seguridad y salud en el trabajo. Entonces tiene que ver con qué tipo de sindicalismo queremos construir”.

Este punto ya ha causado desencuentros en la derecha. Andrés Allamand, integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, ya anunció que se trataría de una medida inconstitucional: “La Constitución es más que clara y establece que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores y no de los sindicatos. Por lo mismo, cuesta entender que no se asuma que en Chile no se puede legislar violando la Constitución. El Gobierno, ciertamente, está en su derecho de intentar cambiar la Constitución, pero mientras no lo haga, tiene la obligación de respetarla”.

Extensión de beneficios
En la actualidad los beneficios logrados por la negociación colectiva podían hacerse extensivo a todos los trabajadores, estuvieran o no sindicalizados, cuando el empleador lo requiriera, de manera de no se incentivara la sindicalización. La reforma otorga al sindicato la titularidad de esta práctica. Es decir, que los beneficios se extenderán automáticamente a quienes se sindicalicen y si el empleador desea otorgarlos a los demás trabajadores, debe ser aprobado por el sindicato. Con esta medida el Ejecutivo ha buscado blindarse ante las críticas de la oposición que acusaban que la norma buscaba “obligar a los trabajadores a sindicalizarse”.

“Es evidente que aquí ser sindicato y estar sindicalizado reviste un costo, con una legislación laboral que no protege la práctica sindical y fomenta la práctica antisindical. Ser sindicalizado e ir a una negociación colectiva es un tremendo costo para el trabajador, por lo tanto si se han obtenido beneficios, es correcto y justo que sean los trabajadores los que tengan la tutela de esos beneficios”, señala Figueroa.

Alvear, gerente de la CPC, señala que, por el contrario, la extensión de beneficios debe ser una facultad de la administración de la empresa: “Porque quien paga no es el sindicato, quien paga es el empleador”. Figueroa, por su parte, señala que “si bien es el empleador el que coloca los recursos, claramente esos recursos son resultado de la productividad del trabajador. Ningún empleador tiene ganancias si no es a costa de trabajadores que producen. Por lo tanto en la práctica lo que está haciendo simplemente es una justa redistribución de ganancias y beneficios en función de la productividad que entregan los trabajadores”. Agregó además, tal como lo señaló la Ministra Blanco hace unas semanas, que “lo que es claro es que nadie le quita al empleador el derecho de que pueda pactar de manera individual el contrato con los trabajadores”.

Fin del reemplazo en huelga
Si bien el reemplazo de trabajadores en huelga está multado por la Dirección del trabajo, algunas excepciones contenidas en el artículo 381 del Código del Trabajo habían permitido que el empleador pudiera contar con los llamados rompehuelgas casi sin problemas, en gran parte también porque la norma habla de “contratar” personal. Para evitarla, los empleadores reubicaban trabajadores de otras áreas o sedes y continuaban sus funciones con normalidad.

La reforma impedirá ambas formas de reemplazo, fortaleciendo así el derecho a huelga. Aquello luego que el 4 de diciembre la Cuarta sala de la Corte de Apelaciones entregara un fallo dividido pero histórico que determinó que las empresas no pueden reemplazar a trabajadores en huelga con traslados de personal. La resolución ratificó el sentencia de la Décima Sala Corte de Apelaciones de Santiago que aplicó una multa de 150 UTM a la empresa Promolinks por prácticas antisindicales.

La decisión no es casual ya que desde que la Cuarta Sala fuera presidida por Patricio Valdés, ex gerente de la Sofofa, se había fallado con una marcada tendencia hacia favorecer al empleador. Eso cambió en marzo de este año cuando la Sala quedó conformada por los ministros Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco, Carlos Cerda y los abogados integrantes Arturo Prado y Raúl Lecaros, éstos últimos dos fueron los únicos votos en contra de la resolución.

Piso de la negociación
Uno de los puntos de el Programa de Michelle Bachelet señalaba que se avanzaría para “regular que, considerando la situación económica de la empresa, la negociación tenga como base las condiciones de la negociación colectiva anterior”. Esto debido a que muchas negociaciones comenzaban entregando su propuesta para que luego la respuesta del empleador incluyera beneficios incluso menores a los que ya se habían acordado en una negociación anterior: “Entonces los dirigentes parten diciendo que iban a luchar por ganar todo esto y terminan luchando para que no les quiten lo que ya tenían”, comentan en la CUT.

No se logró, sin embargo, la petición de la multisindical de que el piso incluyera un reajuste automático por IPC.