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A pesar de que en los últimos cuatro años la última semana de febrero toma una relevancia especial por el aniversario del terremoto y tsunami del 27F, la ministra de Vivienda, Paulina Saball, tenía pronosticadas unas vacaciones. Pero sus planes cambiaron hace algunas semanas, cuando se confirmó la cumbre de ONU Mujeres que se celebrará este jueves en Estación Mapocho, en la que la Presidenta Michelle Bachelet será anfitriona.

De esta forma, Saball y la delegada presidencial para la reconstrucción, Paula Forttes, serán las encargadas de llevar adelante las actividades de este día, cuando se cumplan cinco años desde la fatídica fecha que impactó el centro y sur del país en la madrugada del 27 de febrero de 2010.

Aunque el año pasado, ya como presidenta electa, Bachelet hizo una declaración a la prensa por este motivo, para este año -al mando nuevamente del Gobierno- no está contemplado que la Mandataria lidere alguna de las actividades, pero no está descartado que durante el día se refiera al tema.

Aún cuando se entiende que actúe como anfitriona de una actividad de ONU Mujeres, la institución que ella presidió desde su creación hasta que decidió volver a Chile para competir en las pasadas elecciones presidenciales, desde La Moneda se preocuparon de coordinar actividades “más sobrias” para evitar críticas hacia la Mandataria sobre el tema.

En su lugar, Saball estará en la entrega de un conjunto habitacional en Santiago para damnificados del terremoto que vienen de comunas como Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo y El Bosque, entre otras. Ayer lo hizo en Conchalí, comenzando con las actividades gubernamentales referentes a este tema. Mientras, la delegada presidencial hará un reconocimiento el mismo jueves a cerca de 30 dirigentes sociales de la zona que se movilizaron por la reconstrucción.

Un gesto mirado de manera insuficiente por las comunidades afectadas, pero que aseguran no es lo más importante de enfrentar ahora cuando las zonas afectadas comienzan a vivir el “terremoto después del terremoto”.

A 5 años

En la mayoría de las localidades altamente golpeadas por el terremoto y tsunami del 27 de Febrero de 2010, la situación se ha ido mejorando a nivel de reconstrucción. Sin embargo, existe una masa de población que sufrió impactos posteriores al movimiento telúrico.

En el centro de Talca, se ocuparon algunos espacios afectados para reconstruir, pero la mayoría para edificios del Gobierno y no para reubicar a las familias damnificados. “El tema para nosotros como villas y comunidades damnificadas es que ahora comenzaron los problemas”, dice Marlene Ávila, coordinadora nacional del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ).

Según ella,  el “terremoto después del terremoto” se ve cada día con problemas como la falta de accesibilidad, que las viviendas son demasiado pequeñas (47 metros cuadrados) y comenzaron a aflorar cuestiones que antes no se veían como cuadros de depresión, mucho desempleo y drogadicción.

“En todas las comunidades que hemos visitado hemos detectado ese problema. En Constitución, Talca, en Altos del Estero, en la Villa de Los Parques, el Llico, Tirúa, Chiguayante, Dichato. Lamentablemente no existió programa de integración en las comunidades. La falta de oportunidades y los gastos que han subido han generado un problema social muy grande. Por lo tanto, la gente está muy desilusionada y entiende que hay problemas que no se han subsanado”, dice la coordinadora del MNRJ.

En el caso de los niños de las familias en campamentos, ya en 2011 se podía ver cómo la población menor de edad comenzó a sufrir problemas asociados al estrés postraumático. Fue el caso de un grupo de niños de las aldeas Rocuant, Renacer y Salinas en Talcahuano, que planeaban “morirse” en conjunto para no tener que seguir enfrentando la vida en un campamento.

Los problemas técnicos de las casas también se siguen repitiendo, pero las políticas de vivienda no se han hecho cargo de la carga emocional del 27F. “Hemos ido de a poco sanando de este proceso, pero creo que aún no se consigue. No hemos tenido una política de salud tampoco. Estamos al debe con muchas cosas puntuales y nuestra gente sufre y sigue haciéndolo. Por eso no podemos decir que el proceso está cerrado y creemos que el Estado tiene varios temas pendientes, sobre todo con cómo aborda las catástrofes”, dice Marlene.

Sin embargo, desde la perspectiva del Movimiento por la Reconstrucción Justa el panorama se ve mejor que hace un par de años. De hecho, este 27F asistirán a las conmemoraciones a las que fueron invitados por las autoridades en los distintos puntos del país.

Eso, aún cuando consideran que la meta, de terminar de entregar subsidios durante este año para terminar el proceso de reconstrucción completamente en 2016, no se va a cumplir. Dice que siempre supimos que fue una mentira que el proceso iba a durar tres o cuatro años como dijeron en un momento y que lo normal es que demore de 8 a 10 años.

“Hemos recorrido desde la Villa Olímpica hasta Tirúa y hemos visto que es un proceso viciado en muchas partes porque se privilegió la cantidad por sobre la calidad de la vivienda. 47 metros cuadrados no es un metraje adecuado para que viva cómoda una familia con varios niños”, agrega Marlene.

Además, señala que durante el año anterior el traspaso de responsabilidades fue algo muy complejo ya que los cuatro años anteriores la posición que tuvieron los obligó a movilizarse y exigir que se respetaran.

“Ahora ha sido bastante bueno, tenemos una buena relación sin dejar de ser crítica. Pero al menos ha cambiado la actitud y se han abierto las puertas que tuvimos cerradas durante cuatro años. Ahora incluso somos parte del consejo consultivo”, cuenta.

Eso sí, Marlene termina diciendo que ahora la ciudadanía está mejor preparada para enfrentar una catástrofe, pero cree que el Estado no. “Hemos avanzado, el terremoto generó muchas cosas pero nos da la impresión que el Estado no lo ha hecho. Falta que se prepare”, dice.