La directiva de la Union Democrata Independiente(UDI)  se reune con el Ministro del Interior

Surgió ayer como la carta de consenso a presidir la UDI tras la renuncia de Ernesto Silva. Pasados minutos tras el anuncio realizado ayer antes de las 17:00 horas, comenzó a resonar el nombre del expresidente del Senado, Hernán Larraín para liderar una mesa de consenso en el futuro cercano del partido. Si bien señaló a fines de septiembre pasado que Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín eran “gente de bien”, también fue uno de los pocos que luego realizó diversos mea culpa -a diferencia de sus correligionarios- sobre la participación de parlamentarios y de su propio partido en el escándalo por financiamiento a la política.

Larraín tiene un presente asociado a este tipo de intervenciones y un pasado en que lo que más pesa fue su defensa a Colonia Dignidad. Aunque también fue el único UDI que pidió perdón a 40 años del Golpe de Estado.

EL PERDÓN
“Pido perdón por no haber colaborado de forma suficiente a la reconciliación en mi trabajo y también pido perdón por no haber sabido perdonar a quienes me han ofendido y se han acercado en señal de reencuentro. Desde ya estoy disponible para eso y doy ese paso personal. Yo pido perdón, es mi voz para la reconciliación”, dijo Larraín en agosto de 2013, durante la presentación del libro “Voces de la reconciliación”, un texto editado por el parlamentario y el ex senador PS Ricardo Núñez, en que se recogieron escritos de los Presidentes Sebastián Piñera, Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, además de políticos, académicos, juristas y dirigentes sociales, a 40 años del quiebre democrático.

Larraín fue duramente criticado en su sector, en especial porque su actitud llevó a que se consultara a personeros como Evelyn Matthei, entonces candidata, si estaban dispuestos a hacer un mea culpa, cosa que no ocurrió.

El senador fue así el único en tomar este camino en el gremialismo.

COLONIA DIGNIDAD

La actitud de reconocer errores es muy distinta a la que tuvo durante la década del ’90, cuando se investigaba por abuso y violación de más de 20 niños al líder de Colonia Dignidad, Paul Schaefer.

Con la llegada de la democracia, se conocieron en mayor medida las acusaciones sobre los crímenes que se cometían con impunidad al interior de la Colonia: secuestro y violación de menores, torturas, detenciones ilegales, violación a los Derechos Humanos y la instauración de un sistema que separaba a los hijos de los padres, facilitando los abusos del Schaefer. Eso, a parte de una infinidad de manejos económicos turbios que giraban en torno a la evasión tributaria. Por esa razón en 1991 Patricio Aylwin decidió terminar con su personalidad jurídica. La derecha se opuso a través de sus 17 senadores, entre los que destacaban el fallecido Jaime Guzmán, el expresidente de RN Sergio Diez, el cuestionado Sergio Fernández y el mismo Hernán Larraín, presentando un reclamo al Tribunal Constitucional que fue rechazado.

Incluso cuando las acusaciones eran ya de conocimiento público, en 1994, Larraín junto a Sergio Fernández y otros parlamentarios de derecha, reclamaban por un operativo policial que buscaba detener a Schaefer. En entrevista con TVN, Larraín destacaba que se trataba de “un anciano de cerca de 80 años que además sufre la pérdida parcial de la visión”. Acusaba el uso de “centenares de efectivos de investigaciones, con decenas de automóviles, con metralletas, con violencia innecesaria”, y sentenciaba: “Eso obviamente forma parte de un montaje, de una campaña”. Incluso en 1996, cuando el jerarca se fugó y comenzó su persecución el senador por la Región del Maule -misma zona donde se encontraba Colonia Dignidad- reclamaba por la cantidad de recursos que se gastaban en el caso.

Sólo en 2007, y a través de una entrevista en Revista Cosas, el senador mostró alguna distancia con el tema, luego de que el jerarca alemán fuese capturado en Argentina y extraditado a nuestro país en 2005, donde fue condenado a cadena perpetua por el abuso de 25 menores. En esa oportunidad Larraín dijo alegrarse “profundamente de la detención del señor Schaefer, porque él ha sido acusado de delitos gravísimos y nadie puede rehuir la acción de la justicia en materias tan delicadas como éstas, menos tratándose de supuestos abusos a menores”. Justificó, sin embargo, sus reacciones de la década anterior al señalar que “se tomaban medidas contra Dignidad por supuestos casos de derechos humanos que no estaban formalizados y eso a mí me parecía que no se ajustaba a derecho”.

También declaró que en ese tiempo “había que darle el beneficio de la duda a Schaefer” y que su visión cambió cuando el abogado del jerarca le comunica que Schaefer, “fría y meditadamente, había decidido no presentarse a los tribunales, entonces, esa presunción de inocencia se transforma en presunción de culpabilidad. Esto es lo único real y lo demás son imputaciones ligeras que, con fines políticos, se esgrimieron en algún minuto”.

HIJOS ILEGÍTIMOS

En 1993 se discutía el proyecto de ley que había ingresado el entonces Presidente Patricio Aylwin para terminar con la diferenciación legal entre “hijos ilegítimos” y los nacidos dentro de un matrimonio. En un país en el que más del 40% de los nacidos, pertenecían a la primera categoría. El proyecto se discutió cinco años en el Congreso con una férrea oposición de la derecha. En ese contexto, Larraín señaló que la iniciativa apuntaba “hacia un descalabro social mayor” al “desnaturalizar la institución familiar”.

El senador gremialista también manifestó que “la igualdad natural entre las personas no es obstáculo para que, respecto de determinadas materias, tengan un trato diferenciado o distinto, como ocurre en las relaciones de familia” y dijo que “no responde a un criterio realista intentar que la ley iguale aspectos de la relación humana que la naturaleza ha hecho diferente”.

Estos fundamentos, concluyó, “justifican la inconveniencia de eliminar la diferencia entre los hijos que nacen fuera del matrimonio de sus padres y aquellos que nacen en él, lo que no implica, sin embargo, abandonar el estudio de una regulación adecuada que mejore a estos últimos el ejercicio de sus derechos”. Ya en marzo de 1997, agregó que “es necesario disponer reglas diferentes para los cónyuges y para los que sólo conviven sin casarse, y también reglas para los padres, que no son las mismas de los hijos. Nadie puede decir que con ello la ley está vulnerando el derecho a la igualdad de trato jurídico, ya que estas distinciones y diferencias de ningún modo son arbitrarias o injustas, sino fundadas en la realidad y razonables para la mejor conformación de la institución familiar”.

Según su visión, la ley vigente buscaba favorecer a los hijos nacidos de un matrimonio “cuando entran en colisión” sus derechos con los de los hijos “nacidos de relaciones no formalizadas jurídicamente”. Y frente a eso “el legislador se ve ante una alternativa insoslayable, que no admite términos medios: o protege y ampara la relación constituida en forma legal y favorece los derechos de esa comunidad familiar, o, sencillamente, la ignora y considera que ella carece de suficiente entidad jurídica como para efectuar una distinción razonable de derechos entre los que forman parte de la misma y quienes le son ajenos”, dijo en la discusión parlamentaria.

Otro de sus argumentos fue este: “Se ha dicho que las altas tasas de ilegitimidad vigentes en nuestra sociedad, que superarían el tercio de los nacimientos anuales, justifican el propiciar una legislación igualitarista, ya que la normativa anterior habría probado su fracaso en propender a que los niños nazcan dentro de matrimonio. En realidad, el raciocinio debiera ser el inverso: si con una legislación en que se favorece marcadamente la constitución regular de la familia por medio de la unión matrimonial de los progenitores se ha llegado a estas cifras de ilegitimidad, ¿cuán catastróficos podrán ser los efectos de una regulación que suprime casi por completo la relevancia y el “favor iuris” del matrimonio?”.

ME REBELO

Más allá de la autocrítica que ha mostrado en los últimos meses, Larraín ha sido una especie de estandarte moral para la Unión Demócrata Independiente en los tiempos de crisis. Hasta hace poco, incluso después de conocerse los correos electrónicos que implicaban a senadores y parlamentarios UDI pidieron dinero para sus respectivas campañas, el senador, ex samurai, señaló que los personeros de su partido actuaron de “buena fe” y que había una “ansiedad de campaña” en las críticas a la tienda por el caso Penta.

En septiembre pasado, antes de la campaña “Yo me rebelo” que viralizó la UDI en noviembre pasado a través de un video en el que Larraín no apareció- salió en defensa de la honorabilidad de los Carlos en una carta publicada por El Mercurio bajo el título “Me rebelo ante el cómodo silencio”.

“Conozco desde hace muchos años a Carlos Eugenio Lavín, a Carlos Alberto Délano y a Carlos Bombal. Con ellos no solo he compartido ideas y un proyecto de país, sino que he sido testigo de su interés por colaborar con decenas de iniciativas de bien público. Conozco a sus familias, a sus señoras y a sus hijos, y los sé personas de bien, gente íntegra, emprendedora y conectada con la realidad de nuestro país”, escribió en esa oportunidad.

Sin embargo, su participación durante la crisis no se remitió solo a eso. Cuando Ernesto Silva, acompañado de él y Juan Antonio Coloma, se reunió con el ministro Rodrigo Peñailillo para proponer la agenda UDI de cambios a la ley de financiamiento de campañas políticas.

Desde antes de esa reunión, Larraín ya era nombrado como el posible sucesor si es que Silva daba un paso al costado en la presidencia del partido. A la salida de esa cita, el primer encuentro oficial de autoridades gremialistas con el Gobierno, el senador por la Región del Maule fue el encargado de explicar los cuatro puntos propuestos al Ejecutivo para mejorar la transparencia del financiamiento a la política. Entre ellas, la posición del partido de seguir permitiendo el aporte de empresas a campañas políticas.

La aparición de Larraín en esa ocasión no pasó inadvertida. Cuando ya asomaban fuertes críticas a la permanencia de Silva a la cabeza del partido, la presencia del senador y ex presidente del partido entre los años 2005 y 2008, avivaron la opción de ser quien lidere al partido en esta crítica etapa.

En esa ocasión, resonó la defensa estratégica que había realizado días antes en el programa Estado Nacional de TVN, cuando no escabulló a las responsabilidades personales de algunos parlamentarios y recalcó que las disculpas públicas que días antes había dado Ernesto Silva se daban porque a pesar de ello “el partido tiene una responsabilidad y la queremos asumir”.

El único round público que vivió Larraín con Ernesto Silva duró menos de un día, el día en que se anunció el nuevo conglomerado de “centroderecha”, cuando se aseguró que el senador “chocaba” con el recién renunciado presidente UDI por su manejo en el caso Penta y que el propio Larraín había pedido que Iván Moreira dejara de ser vicepresidente del partido.

Sin embargo, el senador no demoró en desmentir la información a través de su cuenta de Twitter.

Desde entonces, estratégicamente o no, ha sido el senador uno de los principales defensores del partido. El 10 de abril, cuando el partido se reúna en un Consejo General, será el día en que se definirá si asumirá nuevamente, 10 años después, el liderazgo de su partido.