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A exactos diez días de la publicación de The Clinic Online que reveló un trato preferente a la minera Los Pelambres, del grupo Luksic, por parte del ministerio de Minería, el subsecretario de la cartera, Ignacio Moreno, ha decidido iniciar un proceso sumario que sería firmado durante esta jornada y que se centra en los dos hechos denunciados por este medio el 25 de mayo: la entrega de una carta firmada por el jefe de gabinete de la ministra Aurora Williams, Adolfo Galindo, certificando la “buena fe” de la empresa en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, en el límite entre Chile y Argentina y por el cual existe una controversia judicial en el vecino país; y el timbraje por parte del funcionario de un estudio técnico relacionado con el mismo tema que fue financiado por Antofagasta Minerals.

La polémica respecto del botadero -del tamaño de un Parque Bicentenario y medio emplazado a cuatro mil metros de altura- se origina luego de que el año 2012 la subcomisión binacional de límites fronterizos corrigió los hitos y se descubrió que parte del reducto minero -51 hectáreas- está en Argentina, en una propiedad de la firma Glencore.

En la actualidad, en territorio trasandino, está en curso una demanda civil ante el juez federal de la Provincia de San Juan para que Los Pelambres retire sus residuos, los traslade a Chile y pague por los daños y desde marzo de este año una querella criminal contra los ejecutivos de la compañía chilena. Frente al caso, la decisión gubernamental era circunscribir el tema a un asunto entre privados, lo que se habría roto con los documentos entregados a Los Pelambres para ser presentados en tribunales.

LA HISTORIA
El 8 de abril, el abogado Andrés Jana Linetzky, en representación de Minera Los Pelambres, perteneciente al grupo Luksic, le hizo llegar dos cartas a la ministra Williams, quien antes de asumir como secretaria de Estado se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, empresa controlada en 65% por el grupo Luksic a través de las sociedades SAAM Puertos S.A. e Inversiones Punta de Rieles Ltda.

En una de las misivas, Jana le informa sobre la querella criminal iniciada en Argentina por Glencore contra Los Pelambres y le solicita a la autoridad que le otorgue una especie de certificado de “buena fe” a la empresa; en la otra, le pide acceso a un estudio técnico.

La primera petición, contenida en un documento al que tuvo acceso The Clinic Online tras consultar por el tema en el gabinete ministerial, Jana recalca que “nos vemos en la necesidad de solicitar al ministerio de Minería que en su respuesta a la presente carta, confirme que en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, Minera Los Pelambres actuó de buena fe en forma consistente con la información pública disponible en Chile”.

El 22 de abril, con la firma de Galindo- hombre de confianza del exministro del Interior Rodrigo Peñailillo y miembro del grupo G90- se extendió a Jana un documento oficial, con membrete ministerial, donde se consignó precisamente lo pedido: “la buena fe” de los Pelambres en los procedimientos relacionados con el terreno en controversia.

Luksic Gobierno de Chile A1

El mismo día 8 de abril, Jana -asesor jurídico técnico de Chile en la demanda de Bolivia ante La Haya, amigo del senador Ricardo Lagos Weber y del exministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter- envió una segunda carta a Williams en que, aludiendo a la ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y Transparencia, pidió “todos los análisis efectuados, los resultados obtenidos y cualquier conclusión emanada” del peritaje técnico el 30 de enero realizaron funcionarios de Chile y Argentina en las las aguas aledañas al botadero y que, por indicación del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomín) fueron llevadas la consultora SGS.

El 22 de abril, desde el gabinete de la ministra se entregó una copia de los estudios a Jana, pero éstos no tenían timbre oficial por lo que el abogado insistió en tener acceso a documentos formales. El 28 de abril, Galindo puso su timbre al texto y 48 horas después se derivó el estudio a Jana.

Lo raro es que, según correos electrónicos que vio The Clinic Online, el informe pedido fue entregado precisamente por Antofagasta Minerals a Sernageomín, ya que eran estudios pagados por esta compañía, y posteriormente se pidieron los resultados, que la empresa ya poseía, a Minería sólo para ser entregados en el juicio.

Además, si bien Jana pudo haber hecho uso de una vía directa para hacer la petición que podría haber realizado a través de la web institucional, tras la petición, no se generó un número de atención, paso que la ley 20.285 contempla como obligatorio, y que le hubiera permitido al abogado conocer si se estaban cumpliendo los plazos legales establecidos.

Es más, el 8 de mayo, una semana después de que Galindo entregó el estudio -que fue presentado en el tribunal de San Juan- se ingresó al sistema la solicitud de Jana con fecha estimada de resolución del 20 de mayo, pero se consignó que ya había sido respondido todo vía sistema.

Otro elemento que agrega complejidad es que se está ante un conflicto que en diciembre de 2014 la Cancillería definió como un tema estrictamente entre privados. “El Estado de Chile estima que la situación de la Minera Los Pelambres constituye un tema entre empresas particulares, en el cual no le cabe responsabilidad”, respondió oficialmente el ministerio de Relaciones Exteriores al ser consultado por el asunto por El Mercurio.

CONFLICTO INTERNO Y POSIBLE DEMANDA
Altas fuentes de Minería recalcan que tras la publicación de The Clinic Online, Glencore, a través de un abogado, pidió vía transparencia todas las solicitudes hechas por Los Pelambres a la cartera y a la repartición ha llegado información de que la empresa dueña de El Pachón planifica una demanda contra el Estado chileno, sustentado en que se dio cuenta a través de la “carta de buena fe” que fue Chile quien se equivocó al entregar los permisos a los Luksic por lo que el país tendría responsabilidad en los efectos que ello provocó.

Esta situación -que no pudo ser comprobada por este medio con la compañía- , aumentó la tensión en un ministerio donde los conflictos entre Williams y Moreno son reconocidos.

En esta línea, los antecedentes recabados por este diario dan cuenta de que durante días hubo una disputa respecto de si correspondía o no realizar algún proceso administrativo, el que fue zanjado por un informe jurídico del fiscal Felipe Curia que fue revisado tanto por Williams como por Moreno.

La ministra, afirman cercanos, está convencida de que pudo haber un error “sin mala fe” y que se está ante una maniobra política tendiente a perjudicar a Galindo por su cercanía con Peñailillo. “Su caída es parte de la ‘razia” contra los G-90″, recalcan estas fuentes.

Sin embargo, otros personeros consultados apuntan a que hubo una serie de anomalías que, más allá de las intenciones, ponen a Minería en una situación compleja. Sobre todo por ser una cartera que se encarga de regular el sector minero.