Gobierno apelará ante la libertad condicional para los culpables del Caso Degollados

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, anunció que el Gobierno presentará una apelación ante la Corte Suprema para que no se efectúe la libertad condicional otorgada a los culpables del Caso Degollados. “Creemos que hay antecedentes que nos permiten hoy día presentar esa apelación para lograr la revocación”, señaló.

23 de Mayo de 2015/VALPARAÍSO  La Ministra de Justicia Javiera Blanco, asiste a sesión de Gabinete Regional presidido por el intendente Ricardo Bravo. En donde se discutió sobre el discurso de la presidenta Michelle Bchelet y sus repercusiones en la Región de Valparaíso. FOTO:RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO Los familiares de Manuel Guerrero, Manuel Parada y Santiago Natino, militantes comunistas degollados por agentes de la dictadura chilena en 1985, aseguraron también que recurrirán a la Corte Suprema por la excarcelación concedida a dos de los agentes condenados por los crímenes. Blanco, dijo que "como Programa de Derechos Humanos vamos a ser parte y vamos a presentar una apelación en el dia de mañana a la resolución que ha otorgado la libertad condicional en el caso de Saéz Mardones. Creemos que hay antecedentes que nos permiten hoy día presentar esa apelación para lograr la revocación", según consignó Emol. “Lo que ha sido la tónica del Gobierno, en el sentido de no entrar a calificar una resolución judicial, pero si podemos decir que en relación a materias como esta tenemos un compromiso que se traduce en materias concretas", añadió. La ministra señaló que como Gobierno "queremos avanzar en el reglamento penitenciario a las limitaciones para el otorgamiento de ciertos beneficios o al menos lo que hemos hablado, que es el cumplimiento de requisitos rigurosos y estrictos que tienen que ver con arrepentimiento, entrega de información eficaz para investigaciones de casos". Asimismo, la titular de Justicia anunció que estará en la tabla del Congreso “la imprescriptibilidad y la inamnistiabilidad de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, donde obviamente van a estar las limitaciones y prohibiciones de lo que son los beneficios carcelarios”. Según ella, lo que se quiere es “revisar el reglamento penitenciario y avanzar en la definición de causales más estrictas y rigurosas para aquellas causas que si bien están calificadas como delitos comunes, porque en aquella época no se permitía tipificarlas como delitos de lesa humanidad como correspondería, eso es parte de los proyectos de ley que hemos hablado con el senador (Alfonso) De Urresti (PS)”. Fernando Leal, abogado de las familias de las víctimas, calificó el fallo de "una vergüenza" y confirmó que será apelado por los familiares de las víctimas, quienes tienen plazo hasta el viernes próximo para presentar un recurso ante el máximo tribunal del país sobre el beneficio otorgado a los exagentes, qie estaban condenadas a cadena perpetua. En el antiguo sistema procesal, un condenado a perpetua podía pedir beneficios penitenciarios, como salidas dominicales, reclusión nocturna o libertad condicional, tras haber cumplido 20 años de reclusión efectiva. En marzo de 1985 se conoció en Chile el secuestro y brutal degollamiento por parte de los agentes de Carabineros de los tres miembros del Partido Comunista (PC) chileno, un sociólogo, un profesor y un artista gráfico. El crimen provocó indignación en el país y el juez especial José Cánovas, designado para investigar el triple homicidio logró esclarecer el caso y ordenó la detención de ocho oficiales de Carabineros, incluidos dos coroneles, aunque posteriormente la cantidad de inculpados subió a una quincena. Asimismo, en agosto de 1985 el general César Mendoza, general director de Carabineros y miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, dimitió a su cargo y finalmente la Dicomcar fue disuelta. En 1994, y tras una exhaustiva investigación, el juez especial Milton Juica, que reemplazó al ya fallecido Cánovas, dictó 15 sentencias, entre ellas cinco cadenas perpetuas contra los imputados. El abogado Leal precisó este martes que "vamos a apelar porque creemos que el actuar de la Octava Sala (de la Corte de Apelaciones) deja mucho que desear". Agregó que en caso de no prosperar la apelación van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos "para que el Estado de Chile sea sancionado". Explicó que en el caso de Sáez Mardones, no es posible que se le otorguen beneficios "porque incluso un informe psicológico no recomienda el medio libre para su rehabilitación". Ello, porque según se establece en el documento, el condenado no tiene conciencia del delito y del mal causado, por lo que difícilmente pueda tener una favorable reinserción. También en este caso, los excarabineros Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, gozan desde el 2012 de quince horas diarias de libertad, fuera del penal de Punta Peuco, donde están recluidos todos los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990). Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.
Comentarios
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