Más de 3.400 indígenas colombianos fueron víctimas de violaciones de DDHH este año

Unos 3.423 indígenas colombianos fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluidos 28 asesinatos, en 60 incidentes registrados en los 7 primeros meses de este año, según un informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) publicado hoy.

Un total de 1.995 indígenas sufrieron desplazamiento forzado y 1.081 padecieron confinamiento, los hechos con más víctimas, según el informe “Vulneraciones de derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, que fue entregado a la ONU en Bogotá. En los casos de confinamiento, el informe de la ONIC subraya el caso de 912 indígenas de la tribu Eperara Siapidara que no pueden abandonar una zona rural del municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca (suroeste).

La comunidad tuvo que concentrarse en el sitio de encuentro del resguardo y tomar medidas de autoprotección, que incluyen la suspensión de actividades productivas y la jornada escolar ante la presencia de personas encapuchadas y armadas en sus tierras, si bien el estudio no identifica a qué grupo pertenecían los agresores. En otro caso similar, 168 indígenas Emberá Katío fueron obligados a abandonar sus tierras en el oeste tras ser amenazados de muerte por miembros de las FARC que exigieron a la comunidad una “boca de mina” puesto que esa es una zona con yacimientos de oro.

Ante la negativa de la comunidad, los aborígenes no solo sufrieron desplazamiento sino que además el gobernador fue declarado “objetivo militar”. Además, 28 indígenas fueron asesinados después de un pico de amenazas contra ellos que proceden esencialmente de las bandas criminales nacidas tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Los Rastrojos y Águilas Negras.

En total, en lo que va de año se han registrado 13 amenazas contra indígenas, una contra persona protegida y cinco colectivas. Esas amenazas proceden también de la organización identificada como “Mano Negra”, un paraguas bajo el que han actuado diferentes extremistas desde los años ochenta. Asimismo, han sufrido dos bombardeos, un asalto y una persona ha sido desaparecida. La ONIC concluye su informe con un mensaje a quienes les “asesinan, torturan, desplazan, confinan, violentan, persiguen y estigmatizan”. A ellos les dicen que seguirán en pie “con dignidad”, exigiendo sus derechos ancestrales, humanos y fundamentales, así como “denunciando los hechos victimizantes que están teniendo lugar en los territorios, protagonizados por actores armados legales e ilegales”.

En el acto de presentación, el representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, manifestó que había una “discriminación y alienación” de los pueblos indígenas que se solventó parcialmente con la Constitución de 1991. “Pero todavía después de tantos años no hay una reglamentación de sus derechos, lo que está creando varias dificultares”, afirmó Howland. Por ello pidió que haya un “reconocimiento legal de estos derechos de economía y Gobierno propio”, ya que no se pueden solucionar los problemas en Colombia “sin la participación plena de los pueblos indígenas”. En este sentido, Howland destacó que es importante que el dinero dedicado a ellos llegue a los pueblos indígenas y no a los municipios como sucede hasta ahora. Asimismo, pidió que se llegue al nivel de respeto de otros países “también en consulta previa”, una herramienta de diálogo con pueblos indígenas y otros grupos cuando se toman medidas o se van a realizar proyectos dentro de sus territorios.

Howland también afirmó que tanto los pueblos indígenas como los afrocolombianos fueron los más afectados por el conflicto armado que azota el país desde hace más de medio siglo y pidió que sean invitados a la mesa de diálogos de paz que el Gobierno y las FARC mantienen desde hace más de dos años y medio en Cuba. Por su parte, John Jairo Tapie, de la organización Autoridades Indígenas de Colombia (AIC) alertó sobre el alto grado de impunidad que tienen los violadores de derechos humanos a los pueblos nativos en el país. “Encontramos casos y miramos que no hay una política del Estado que esté empeñada en investigar, en dar claridad a los casos de violación a derechos humanos”, subrayó Tapie. En opinión del líder indígena, se ha multiplicado el riesgo de exterminio de muchas comunidades indígenas. “Insistimos que en aras de la verdad se haga investigación porque solo así llegaremos a una reconciliación”, concluyó.