Iglesia invoca “secreto canónico” para no entregar archivos del Arzobispado que víctimas de Karadima piden incluir en juicio

El Arzobispado de Santiago invocó el secreto que establece el Código de Derecho Canónico, para rechazar la exhibición de documentos que obran en su archivo, en el marco de la demanda presentada por las víctimas del sacerdote Fernando Karadima y que sustancia el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Muñoz Pardo.

De esta manera, el abogado Nicolás Luco, en representación de la Iglesia rechazó la solicitud hecha por los representantes de las víctimas el pasado 10 de septiembre. La respuesta del Arzobispado la publica íntegramente The Clinic Online.

De acuerdo a esta última, los demandantes solicitaron la exhibición de documentos que consten en el archivo, algunos de los cuales, según la iglesia, “han de ser custodiados bajo secreto”.

Según la respuesta de Luco, la petición excede la racionalidad jurídica, atendido que se trata de una solicitud amplia y generalizada, sin que se identifique la documentación específica.

A su juicio es una solicitud “improcedente” porque no dice “relación con la cuestión interna debatida”.

Y acudiendo al Código Civil, la iglesia sostuvo: “No procede en Chile, como puede suceder en otros países, la exhibición genérica de todo un archivo o de cajas de documentos”, señala el escrito.

La presentación explica además: “Todos los documentos que recibió el arzobispado que dicen relación con la investigación eclesiástica al sacerdote Fernando Karadima, se incorporaron al expediente que se remitió a la Congregación de la Doctrina de la Fe en la santa Sede, por lo que no se encuentran en su poder”.

Se espera que mañana el ministro de fuero comunique su resolución respecto de si procede o no que se entreguen los documentos requeridos.

La intimidad

Para validar su negativa, el Arzobispado se remitió a una resolución dictada el 17 de enero de 2013 del ministro Muñoz Pardo. En la oportunidad, el magistrado rechazó una solicitud similar de los demandantes que buscaba acceder a los antecedentes en poder del Seminario Pontificio de Santiago. “La petición que ahora se formula es de una amplitud y generalidad mucho mayor que las anteriormente efectuadas y, en consecuencia, manteniendo el mismo criterio, aún mayor razón hay para rechazarlas”, establece la presentación.

A juicio de la arquidiócesis, debe mantenerse el secreto del archivo por “disposición canónica y principalmente por afectar la intimidad de los fieles que ninguna relación tienen con la materia debatida (…)”.

La demanda interpuesta por Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo por $ 450 millones, es la continuación del proceso penal que sustanció la ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jéssica González. En el expediente, la magistrada acreditó los delitos, pero sobreseyó la causa ya que los hechos estaban prescritos.

De hecho, cuando la magistrada tramitaba la causa, dio un golpe a la cátedra: incautó en la oficina del abogado Juan Pablo Bulnes, documentos vaticanos relativos a Karadima. La diligencia provocó que fuera llevada a la Sala Penal de la Corte Suprema que finalmente validó la pesquisa.

Llave secreta

De acuerdo a la legislación eclesiástica debe existir en la “curia diocesana un archivo secreto, o al menos un armario o una caja dentro del archivo general, totalmente cerrada con llave y que no pueda moverse del sitio, en donde se conserven con suma cautela los documentos que han de ser custodiados bajo secreto”.

Pues bien, la llave que abre este archivo secreto la tiene solamente el obispo, es decir monseñor Ricardo Ezzati.

Ezzati saltó a la palestra la semana pasada luego que se conocieran los correos primero los correos de su antecesor Francisco Javier Errázuriz que fueron considerados clave para probar que la Iglesia encubrió a Karadima y en intercambio de emails entre Ezzati y Errázuriz en que conspiran para vetar al sacerdote Felipe Berríos como capellán de La Moneda. De hecho, Errázuriz asegura que hablará con el lobbista Enrique Correa para que haga saber la incomodidad de la curia en el palacio de gobierno.

No fue todo, también buscaba que se vetara la inclusión Juan Carlos Cruz en la Comisión Pontificia de Previsión de Abusos Sexuales

“Espero que no sea así, sería demasiado grave para la Iglesia de Chile. Significaría, entre otras cosas, dar crédito y avalar una construcción que el Sr. Cruz ha construido astutamente, después del Decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y más allá de los elementos objetivos, dolorosos y vergonzosos condenados por el mismo Decreto y que responden a la verdad de los hechos. Espero que Usted pueda hacer luz con quienes tienen responsabilidad de este nombramiento”, escribió Errázuriz.

La filtración de las cartas y los mails generó duras críticas no sólo en las víctimas de Karadima, sino además en el propio Berríos y en el mundo político derivó en que los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría se restaran a concurrir al Te Deum que se realiza tradicionalmente los 18 de septiembre.

Lea la presentación de la iglesia