Jorge Barrera: el exdirigente de la Fech que impugna la gratuidad 2016 en el Tribunal Constitucional

Fue en la madrugada del 7 de diciembre de 2011, cuando Gabriel Boric le ganó por menos de 200 votos a Camila Vallejo la presidencia de la federación estudiantil, la ocasión que Jorge Barrera Rojas y sus compañeros del movimiento gremial de la Universidad de Chile escogieron para encapucharse con poleras naranjas y “tomarse” la oficina que ocupaban en el segundo piso de la Casa Fech.

Fue una parodia, cuenta Jorge, de lo que había ocurrido durante un año plagado de movilizaciones estudiantiles y en contra de Hidroaysén. La derecha había dejado de tener participación en la mesa directiva de la Fech después de cuatro años consecutivos y esa fue la forma de despedirse, haciendo una barricada y un petitorio que incluía “cachipún vinculante, confitar el mar y quemar el recorrido 504, por ser un recorrido burgués”.

Cuatro años después, como asesor legislativo de la bancada UDI en el Senado, Jorge Barrera Rojas asumió una trinchera más compleja: es el “autor intelectual” y parte del equipo judicial que presentó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional donde acusan discriminación arbitraria en gratuidad para la educación superior, que comenzaría a regir para estudiantes de universidades del Cruch y otros planteles que cumplan ciertos requisitos según consigna la glosa del Presupuesto 2016.

Ex Fech

Además de ser asesor legislativo UDI y abogado de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Barrera es “hijo” de la educación pública. Estudió su enseñanza media en el Liceo Manuel Barros Borgoño y llegó a estudiar Derecho a la Universidad de Chile luego de un breve paso por la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí se transformó en dirigente estudiantil y llegó a ser presidente del movimiento gremial de la Casa de Bello, con un plaza en la mesa Fech como secretario de comunicaciones en la directiva de 2008, que lideró Jaime Zamorano.

*En la foto, Jorge Barrera es el primero al costado izquierdo. Fuente: www.uchile.cl

De su paso por la Fech, dos situaciones son recordadas. En abril de 2008, los estudiantes de la Universidad de Chile se enfrascaron en una polémica con la rectoría de Víctor Pérez tras la aparición de sus deudas en el Boletín Comercial y Dicom. El abogado afirma haber participado en una ocupación de las oficinas administrativas de Torre 15 -edificio administrativo del plantel-, que en todo caso no impidió el funcionamiento de la misma.

Ese mismo año, al dirigente Barrera pidió insistentemente una auditoría a los dineros que recibía la Federación por el contrato con la empresa Preu S.A., que administraba el ya desaparecido Preuniversitario Fech.

Ambas arremetidas, el abogado de la Fundación Jaime Guzmán dice haberlas emprendido por el mismo motivo que hoy presenta el requerimiento ante el Tribunal Constitucional: defender a los estudiantes más vulnerables que son “discriminados” por el Estado.

La actuación de Barrera es defendida por el diputado Jaime Bellolio, uno de los que lleva la voz cantante en el requerimiento al TC. “A Jorge lo conozco hace varios años. Es un cabro brillante, que se hizo a puro esfuerzo. Tiene una historia de superación súper grande”, dice.

Tanto el parlamentario como el asesor jurídico recalcan que la impugnación ante el organismo constitucionalista no es a la gratuidad, sino que a una política pública que fija un nuevo marco a la educación superior, por lo que de lograr un triunfo en dicho tribunal la gratuidad se mantendría en los mismo términos, pero generaría un problema para el Gobierno al deber ampliar, con los mismos recursos,  la cantidad de beneficiarios.

“El gobierno tendría un problema porque obviamente se aumentaría la cantidad de beneficiarios de la gratuidad. Quedaría el monto fijo y los beneficiarios aplicándose a cualquier institución de educación superior. Por tanto, acá no se está atacando la gratuidad como concepto. Podemos tener diferencias en torno a eso, pero ese no es el conflicto constitucional. El conflicto es la discriminación arbitraria”, alega.

Discriminación constitucional

Con este último requerimiento ya van tres veces en que Barrera alega por la UDI al Tribunal Constitucional. Antes defendió los intereses del partido con sede en Suecia en los reclamos de inconstitucionalidad por el proyecto de Administrador Provisional y la aprobación de la Ley de Inclusión. En ambas oportunidades logró un empate entre los ministros (5 a 5), pero perdió con el voto del presidente del TC, Carlos Carmona.

Sin embargo, ahora enfrenta un escenario distinto. La entrada al pleno de José Ignacio Vásquez en reemplazo de Francisco Fernández Fredes, jurista ligado al Partido Socialista, podría inclinar la balanza a favor de la oposición. Un problema que en el Oficialismo no previeron y que puede sentar precedente para las próximas reformas aprobadas en el Congreso.

De hecho, el oficialismo llegó a la Corte Suprema, que zanjó hace unos meses que Vásquez fuera el elegido para el TC, sin un candidato claro, lo que abrió las puertas a la derecha. Hoy, prevén expertos constitucionalistas, la opción de triunfo de la derecha en este organismo es alta.

DÍA CLAVE

En el pleno del TC -donde los alegatos de Chile Vamos estarán hoy a cargo del abogado Arturo Fermandois- el equipo de Chile Vamos se enfrentará casualmente a Paulina Veloso, madre de uno de los dirigentes que lideró la federación de la Universidad de Chile (Nicolás Grau), en uno de los años que pedía auditar Barrera en la Fech.

Ayer, en el inicio de las rondas de los 18 alegatos, Barrera estuvo entre los presentes las primeras horas de la mañana y escuchó el alegato del abogado Luis Cuello, que representó a la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana.

La diputada Camila Vallejo, ex presidenta de la Fech en 2011 y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, fue quien solicitó la audiencia y en esa oportunidad lamentó la postura del ex dirigente gremial.

Vallejo señaló el viernes pasado que “es lamentable que ex dirigentes estudiantiles, alguien que proviene de una universidad del Estado, que fue parte de la discusión estudiantil de fondo, hoy día promueva una instancia que atenta contra la gratuidad de la educación superior del 2016, pero que además intenta favorecer el mercado de la desregulación en el mundo privado y eso obviamente también es un atentado contra las propias instituciones públicas”, dijo Vallejo.

Sobre las críticas de por qué dirigentes estudiantiles rebaten al Tribunal Constitucional un beneficio directo para los estudiantes, Bellolio defiende la posición y rememora sus propios días de dirigente estudiantil, diciendo que desde entonces se han preocupado de los estudiantes más vulnerables, de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

“Eso lo hice el 2003 y es la misma pelea que sigo dando hoy día. La verdad es que el maltrato y la discriminación arbitraria del gobierno hacia los estudiantes más vulnerables de CFT e IP es realmente indignante. Entonces, es al revés. Yo entiendo que la lógica de los estudiantes de hoy de la Fech o de la Confech es proteger a las universidades del Cruch. Pero a mí lo que me pasa es que la mayoría de los estudiantes vulnerables no están en las universidades del Cruch, están en otras universidades privadas, CFT e IP”, señala el parlamentario.

“¿Quién es el titular del derecho a la educación? ¿Es el edificio, es la institución? ¿Son los fierros, los ladrillos? Son las personas. Cuando el gobierno insiste que hablar de educación es hablar de institución, y yo creo que hablar de educación es hablar de personas y sus familias. Esa es la pelea que vamos a seguir dando con esta discriminación arbitraria”, agrega.

Finalmente, Barrera, el ex dirigente Fech, puntualiza que el fallo del TC va a marcar un precedente y defiende la actuación de su partido en los alegatos de inconstitucionalidad que han marcado su gestión durante este año porque “ningún gobierno democrático puede atribuirse la legitimidad para crear una nueva Constitución, pero además ningún gobierno puede vulnerar la constitución vigente”.

“La democracia es una forma de gobierno, no es un sistema donde gana el que tiene 50 más uno. Y como forma de gobierno exige respeto de derechos fundamentales. El derecho a la vida no se define por el 50 más uno; el derecho a la educación no se define por el 50 más uno. Son garantías fundamentales que radican en la persona humana más allá de las mayorías circunstanciales”, dice.