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“Razón y sentido de la universidad” es el título que eligió el Decano de la Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo, y ex abogado de Pinochet, Pablo Rodríguez Grez, para escribir una carta -publicada en El Mercurio- en donde defiende la existencia y libertad de los planteles privados.

El ex Patria y Libertad basa su argumento en que “la realidad de nuestra enseñanza superior en las últimas cinco décadas da cuenta de un deterioro creciente de la calidad académica, precisamente porque ha sido terreno predilecto de quienes intentan someterla a sus oscuros designios. Solo en un medio libre del cerco partidista pueden hundir sus raíces el conocimiento, la investigación y la creatividad”.

“La consigna preferida de los movimientos revolucionarios de los años 60 (“universidad para todos”), se hizo realidad gracias al aporte de la hoy vilipendiada enseñanza superior privada. Ahora se invoca la “gratuidad” con la clara intención de defenestrar a las instituciones que hicieron posible el acceso masivo a la universidad, transformándola en una consigna noble que justifica el anhelo de imponerle un ideario estatista de contornos totalitarios”, agrega.

Según opina, el título universitario ya per se no es “la investidura que suplantó a la élite proveniente de una aristocracia socialmente desgastada y decadente” durante el siglo anterior.

En ese sentido, apela a que la única forma es consolidar la calidad, y para ello apunta a la competencia, “y ella solo se promueve en la medida en que se permita operar libremente a las universidades privadas en un ámbito dominado por universidades estatales. Es incuestionable que las primeras irán ganando espacios de excelencia, probablemente en desmedro del prestigio de las segundas, salvo que se obstruya su tarea, proclamando una sucesión de pretextos llamativos y vulgares (lucro, desigualdad, clasismo, conservadurismo, etcétera)”.

“Si nos preguntamos por qué se funda una universidad, la respuesta admite tres respuestas posibles: para lucrar (lo cual está prohibido expresamente en la ley chilena); para servir a quienes profesan un cierto credo religioso y desean formarse al amparo de sus convicciones, y para defender un conjunto de ideas y valores de bien público que se quiere hacer prevalecer. Excluyendo el lucro, las restantes razones merecen y deben ser respetadas, en la medida en que sirvan a la comunidad y al bien común”, afirma.

“A partir de esta realidad, cualquier análisis que se intente respecto de las ideas matrices de los proyectos gubernativos, dejará en evidencia que lo que se quiere es aplastar a la enseñanza superior privada, confiriendo toda suerte de beneficios y favores a las universidades estatales”, concluye.