Columna: Prohibición, ayer y hoy

Cuando tomé la decisión de ingresar a la revista Análisis, en1980, nunca me planteé la posibilidad de irme preso por lo que pudiera publicar. Sabía que había riesgo en el ejercicio de la profesión y, sin duda, también sentí miedo cuando, bajo mi firma, se publicaron reportajes que iban a traer consecuencias en el acontecer nacional. Muy pronto esa duda se vino al piso cuando, además de censurar las revistas y suspenderlas por largo tiempo, se comenzó a meter presos a periodistas a destajo. Dos veces estuve preso en Dictadura, en la antigua cárcel de Capuchinos y en la vieja cárcel de Valparaíso. Cuando llegó la democracia, en 1990, me prometí en silencio que nunca más aceptaría una censura irracional a la obligación de informar lo que la gente debiera conocer.

El primer test a este juramento vino en 1997. La jueza de Viña del Mar, Beatriz Pedrals, dispuso la prohibición de informar a todos los medios sobre el caso de un capo del narcotráfico criollo, conocido como el Cabro Carrera. Yo, entonces, era director de La Tercera. Pedí una reunión con el gerente general, Juan Carlos Larraín, a quien le dije que no iba a respetar esa prohibición. El me encontró la razón y me pidió que buscáramos la forma de seguir informando. Internet recién se estaba instalando y también recientemente habíamos estrenado el sitio web del diario. El ingeniero y diseñador Alfonso Gómez, que colaboraba con el diario, me hizo una pregunta clave: ¿Qué pasa si la información prohibida la colocas en un servidor en Nueva York?¿Llega la jurisdicción de la jueza de Viña del Mar hasta Estados Unidos? Le pregunté a mi compadre y abogado, Luis Hermosilla, quien me dijo que lo que no se había intentado nunca, tenía que explorarse en la práctica. Me recomendó colocar una leyenda en la primera página que decía algo así: “Para todas las noticias del país que usted no puede encontrar en Chile: www.latercera.com”.

A los 17 días, la jueza dejó sin efecto la prohibición, luego que el ministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brunner, señalara en los medios que era ridícula una prohibición que podía leerse a diario en los computadores personales de la oficina.
Hoy, 19 años después de esa prohibición de informar, se pretende reiterar la lógica de que, para que los tribunales hagan bien su pega, los periodistas tenemos que hacer mal la nuestra. Lo hacen amenazando en teoría a los funcionarios judiciales, pero basta leer el proyecto de ley para darse cuenta que quien efectivamente es la víctima de la prohibición es quien publica y quien firma.

En democracia, sufriendo las consecuencias de la más mínima de las vigilancias de la prensa y la ciudadanía, desacreditados por acciones ilegales comprobadas y embarcados, varios, en un plan de abierta impunidad para los casos de financiamiento ilegal de campañas políticas, se utiliza el Congreso y sus leyes para acallar lo que denominan “filtraciones”. Los mismos que, en Dictadura, aplaudían cada acto del periodismo independiente de desafiar la censura, en democracia, cuando se supone que el libre flujo de información es más apreciado, recurren a las amenazas legales para evitar que se conozca lo que conviene mantener oculto.

Hoy no estamos en los albores de Internet, sino en su apogeo. El sitio web de www.latercera.com nunca fue cerrado, porque se previó que los intentos de silenciar la verdad se habían replegado, pero no se habían ido. Volvió a ser usado cuando la Corte Suprema, protegiéndose, prohibió la circulación de “El libro negro de la justicia chilena”, de la periodista Alejandra Matus. Se colocó en ese sitio web y se leyó como si estuviera en todos los quioscos del país.

No solo es irracional y grosero lo que se pretende hacer. Además, es inútil. 26 años de democracia han hecho germinar una vocación de intolerancia para medidas autoritarias. Mucho más si son producidas para resguardar a quienes están en el poder por voluntad ciudadana y, precisamente por ello, se les debe vigilar.

Esta ley es un retroceso estúpido. Se están metiendo con quienes han enfrentado las mismas amenazas, proferidas tiempo atrás por personajes mucho más siniestros que los actuales. Y la respuesta de los periodistas, entonces, fue desafiarlas, cuando en ello se jugaba no solo la cárcel, sino la vida también.

No imagino una reacción distinta hoy.

El olvido es la materia prima de la impunidad. Y contra esa impunidad -ayer y hoy- solo hay un antídoto efectivo: la memoria. Que es precisamente lo que hoy se quiere esconder, prohibiendo que se conozca lo que imputados y testigos declaran, hasta que pase el tiempo y poco importen esas declaraciones, porque ya las cosas habrán sido convenientemente zanjadas.

De mí, no esperen que acate en democracia lo que como periodista, junto a muchísimos colegas , no estuvimos dispuestos a acatar en Dictadura.

Vergüenza de proyecto de ley. Vergüenza que tenga el patrocinio del ministerio de Justicia y de Interior.
Les aviso hoy: me cago en su prohibición.