Cones hace pebre la medida que busca sancionar a padres de menores que provocan desmanes: “Detenidos no serán los Piñera ni los Matte”

La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios envió una carta al Ministerio del Interior, Jorge Burgos, rechazando tajantemente la medida anunciada por el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy, en torno a querellarse contra los padres de menores que causen daño público.

En esa línea, el vocero de la agrupación, José Corona, señaló que “resulta ridículo pretender reparar los daños con el dinero de las familias más pobres y segregadas del país, ya que los detenidos y sancionados no serán los Piñera ni los Matte”.

En otros pasajes del escrito, la Cones critica al Gobierno por responsabilizar a los padres de estos chicos, siendo que, a su juicio, corresponde que el Estado analice su propia culpa al permitir tal grado de segregación y desigualdad social.

Para Corona, “la mayoría de los menores que delinquen son pobres y provienen o han desertado de colegios públicos, por cuanto es el Estado quien debe asumir su responsabilidad con estos y garantizar una educación de calidad como alternativa a la delincuencia”.

“Los estudiantes secundarios queremos aportar a terminar con la delincuencia, por cuanto marcharemos este 21 de abril exigiendo la recuperación de la educación pública, principal herramienta de lucha contra las desigualdades en nuestro país”, precisaron.

A continuación la carta completa de la Cones dirigida al ministro Burgos:

“Sr. Jorge Burgos Varela
Ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile
PRESENTE

Junto con saludar, como Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) queremos presentar a usted nuestro descontento ante la determinación de establecer demandas civiles y penales contra los padres de jóvenes que generen daños a la propiedad pública.

En primer lugar señalaremos algo evidente; la gran mayoría de menores de edad involucrados en delitos provienen de familias pobres y segregadas por la sociedad chilena. De ahí nuestra indignación ante una medida que pretende solventar los daños a la propiedad pública mediante sanciones económicas a los chilenos más pobres del país.

Así mismo, consideramos cuestionable pretender establecer la completa y sola responsabilidad de las familias ante los actos delictuales que pudiese cometer algún menor de edad. ¿Acaso el Estado y los distintos gobiernos no son responsables de la dramática desigualdad que vive nuestro país y, por tanto, de la marginación y segregación de miles de jóvenes que en masa son empujados a la delincuencia? Esperamos, señor ministro, que no vea la paja en el ojo ajeno; este Estado debe hacerse responsable de las problemáticas sociales que derivan de su ausencia.

Creemos profundamente en que el combate contra la delincuencia debe empezar en la educación pública. Es allí de donde provienen o desde donde desertan escolarmente los jóvenes más postergados de nuestra sociedad. Sin embargo, hoy nadie interviene con firmeza cuando municipios utilizan recursos educativos para fines totalmente distintos, ni mucho menos se observa voluntad real de terminar con el actual sistema de financiamiento que castiga con menos recursos a los colegios con mayor ausentismo y deserción escolar. Señor ministro, cuando nuestras salas de clase no se lluevan estaremos combatiendo verdaderamente la delincuencia.

Los estudiantes secundarios queremos aportar a terminar con la delincuencia, por cuanto marcharemos este 21 de abril exigiendo la recuperación de la educación pública, principal herramienta de lucha contra las desigualdades en nuestro país”.