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En medio de las presiones de los parlamentarios para introducir cambios a la ley de royalty, impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, tras descubrirse que el artículo Nº4 de la ley fue redactado íntegramente por la minera no metálica SQM y enviado al ejecutivo a través de las gestiones del exsenador Pablo Longueira, quien enfrenta cargos por cohecho y financiamiento irregular de campañas, los equipos técnicos del gobierno analizan las opciones que se manejan en el Congreso para modificar el impuesto específico a la minería. El panorama no se ve auspicioso porque, en la mayoría de los casos, podría implicar demandas internacionales contra Chile.

En una de las minutas de trabajo, y a la que tuvo acceso The Clinic Online, se estudian seis iniciativas, los mecanismos para implementaras y las consecuencias que podrían acarrear cada una de ellas. A continuación, detallamos el análisis del Ejecutivo de las alternativas que en el Parlamento se han entregado.

a)Modificar impuesto específico (más gravoso), para esto sería necesario introducir modificaciones a las leyes Nº 20.026 y 20.469 que garantizan la invariabilidad tributaria que, en general, rige hasta el 2023. La invariabilidad quiere decir que las empresas mineras no sean afectadas “por el alza de la tasa, la ampliación de la base de cálculo, por el monto o forma de cálculo de las patentes mineras o por cualquier otra modificación que se introduzca y que haga directamente más gravoso el impuesto a la minería” y fue uno de los compromisos asumidos por el gobierno de Piñera a cambio de aumentar los impuestos que pagaban las mineras para financiar la reconstrucción, luego del terremoto del 27-F.

El riesgo de modificar el impuesto, según se establece en el documento, es que las mineras afectadas podrían demandar al Estado de Chile ante tribunales nacionales y extranjeros por los perjuicios sufridos.

B)Eliminar el impuesto específico.A diferencia de la iniciativa anterior, esta alternativa propone suprimir las leyes Nº 20.026 y 20.469, pero esto conllevaría dejar de percibir los recursos que provienen de dicho impuesto, “debiendo los concesionarios mineros cumplir con el resto de las normas tributarias aplicables”. Pese a su eliminación, se debería continuar respetando la invariabilidad hasta el año 2023.

c) Nacionalizar industria minera.  El mecanismo sería “dictar una ley que declare la nacionalización de todas las sustancias metálicas y no metálicas”. Pero para evitar las demandas contra el Estado, se “deberá expropiar a los concesionarios mineros e indemnizarlos por el daño patrimonial que efectivamente se le haya causado”.

d)Modificar la patente minera. Esto se podría realizar modificando la ley 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras y el Código de Minería. Como consecuencia, se vulneraría la invariabilidad establecida en las Leyes Nº20.026 y 20.469, por lo tanto, “solamente se podría modificar la tasa de la patentes a los concesionarios que no se rigen por dichas leyes”. Si se modifica la tase de patente y no se respeta la invariabilidad, el Estado también arriesga demandas nacionales e internacionales.

e)Imponer Royalty. Un nuevo royalty consagrado en la Ley Nº 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. Esto significaría “desconocer el derecho de propiedad de los concesionarios afectando su esencia y libre ejercicio (Art. 19 NS24 Y 26 de la Carta Fundamental)” y nuevamente podría acarrear demandas contra el Estado.

f)Establecer permanentemente el destino de los recursos del Impuesto Específico. A través de “leyes específicas que regulen la materia y creen la institucionalidad necesaria”.Con esta iniciativa, se podría “utilizar los recursos en proyectos de desarrollo regional, fondos de innovación u otros”.

El polémico “artículo Contesse”

Solo días después que Ciper publicara los mails entre Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, y el entonces senador UDI, Pablo Longueira que contenían la propuesta de la minera para modificar el artículo transitorio Nº5, que beneficiaría directamente a SQM, y que, posteriormente, fue enviada por Longueira al Ministro de la Segpress, Cristian Larroulet y éste a su vez reenvió al Ministro de Minería, Laurence Golborne, quedando finalmente en el proyecto del gobierno como artículo Nº4, el expresidente, Sebastián Piñera en una conferencia en la fundación Avanza Chile, defendió la legitimidad y beneficios de la ley.

“Tengo la más plena convicción de que fue una muy buena y necesaria ley”, dijo el exmandatario y explicó gracias a la ley se recaudaron US$3.200 millones entre los años 2010 y 2013 para la reconstrucción del país.

“El Gobierno recibe propuestas y sugerencias de múltiples sectores, pero el que envió la ley al Congreso, fue el Gobierno que yo tuve el honor de presidir. Con respecto a la ley, sus contenidos y sus resultados, yo no solamente asumo mi plena responsabilidad, si no que insisto, fue una muy buena ley, una ley exitosa que fue una parte fundamental del esfuerzo de reconstrucción que hicimos todos los chilenos”, sostuvo Piñera para explicar la intervención de Contesse.

Pero pese a la defensa cerrada del piñerismo, el polémico artículo redactado por SQM, levantó una oleada de fuertes críticas en la Nueva Mayoría y la opinión publica.

El 11 de marzo, el Partido Socialista (PS) presentó un proyecto para derogar el artículo que beneficia a SQM, en tanto el Partido Comunista (PC), replicando la fórmula utilizada en la ley de pesca, presentó un proyecto para anular el artículo.

La semana pasada, la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto presentado por el PC, junto a la Izquierda Ciudadana. En esa ocasión, el diputado comunista, Daniel Nuñez, lo calificó como “un acto de dignidad nacional”, pues se trata de “un proyecto de ley que fue tramitado con todos los vicios que la opinión pública conoce, que fue tramitado en la oficina del gerente general de Soquimich y que pasó a ser ley de la República. Pensamos que lo correcto es que este proyecto de ley en su artículo 4 transitorio se anule”, afirmó.

Sin embargo, la noticia no cayó bien en el gobierno, el ministro Jorge Burgos, dijo que le parecía lamentable la admisibilidad de anulación. “Para serle franco, lo encuentro bastante lamentable. Creo que se está ocupando un procedimiento legislativo que no establecen nuestras normas constitucionales” y agregó que “en Chile pueden derogarse completas las leyes, pueden derogarse expresa, tácita u orgánicamente, pero la nulidad es un elemento inexistente que no le hace bien al país”.