Columna: Lo que dijeron los presos en los encuentros locales

Por primera vez en la historia, la población penal en Chile ha podido expresar sus opiniones políticas en un proceso de participación ciudadana. Fuera del debate sobre la legitimidad de los encuentros locales autoconvocados y la reforma constitucional, ONG Leasur junto con la Capellanía de Gendarmería y el Centro Universitario Ignaciano de la Universidad Alberto Hurtado decidieron invitar a las personas privadas de libertad a ser parte del debate constitucional. La relevancia de esta oportunidad única radica en que se da en el contexto de un sistema político que, a diferencia de países como Suecia y Dinamarca, despoja de su derecho a voto y priva de ciudadanía a la mayoría de los presos.

Hoy en día a los acusados por delitos sancionados con una pena de prisión de más de tres años y un día (conocida como «pena aflictiva») se les suspende el derecho a sufragio y, una vez condenados, la Constitución los priva de la ciudadanía. Además, el sistema chileno niega de facto el derecho a voto de los privados de libertad condenados a penas menores, porque no les provee una instancia para sufragar (Pablo Marshall, académico de la Universidad Austral, tiene un esquema que resume esta situación).

¿Cuál es el resultado de este régimen de marginación? El impacto es inconmensurable. La exclusión política no solo tiene el potencial de distorsionar los resultados electorales, sino que también profundiza el sentimiento de desafiliación social. La Constitución actual desincentiva el compromiso de los infractores con la sociedad y su respeto por las leyes. A su vez, excluir a los presos del debate político perjudica tanto a la población penal como a nosotros, los ciudadanos libres. ¿Cómo saber qué opinan los presos?, ¿cuáles son sus necesidades y las de sus familias?, ¿cuáles son sus condiciones dentro de la cárcel?, ¿qué creen ellos que necesitan para salir del circuito de la criminalidad? Si ignoramos sus opiniones, nuestra comprensión de su realidad y las alternativas que ofrezcamos para solucionar el problema de la delincuencia siempre serán parciales y desinformadas.

La oportunidad para debatir nuestros acuerdos políticos fundamentales en esta etapa participativa del proceso constituyente fue acogida con entusiasmo y responsabilidad por los presos.

La respuesta de la población penal femenina del Centro Penitenciario San Joaquín es ilustrativa y conmovedora. El primer y más importante derecho para las mujeres privadas de libertad es tener acceso a la vivienda digna. Esta preferencia tiene sentido si consideramos que gran parte de la población penal chilena, previo a su encarcelamiento, ha vivido en situación de calle o en precarias condiciones habitacionales. Problemas de hacinamiento y acceso a servicios, construcciones en situaciones no regularizadas y barrios marginalizados constituyen el contexto que da lugar a la demanda por el derecho a la vivienda. Asimismo, el propio Ministerio de Desarrollo Social considera que una de las poblaciones con mayor riesgo de vivir en la calle es la población penal recién liberada. Si consideramos que cada mes salen 150 presos libres en promedio, tenemos una población anual de 1800 personas con altas probabilidades de caer en la indigencia y volver a delinquir.

También es iluminadora la respuesta de los presos de Colina II. En la cárcel más peligrosa del país, los internos le dieron prioridad al derecho a la educación y a la participación democrática. Según ellos, estos derechos permiten construir una sociedad más justa e igualitaria, expresar sus preferencias políticas, y fortalecer su sentido de pertenencia a la comunidad. Una vez más, el sentido común de la población penal es irrefutable: 87% de la población penal en Chile no alcanza a tener educación media completa. Esta exclusión del sistema escolar es un problema crónico que va de la mano con las demandas sociales por herramientas y oportunidades educacionales que nos permitan vivir en una sociedad más justa e inclusiva.

Los seis encuentros realizados en el Centro Penitenciario Femenino se San Joaquín, en Colina 2 y la ex Penitenciaria también nos enseñaron el valor central que los presos le dan al derecho a la igualdad, conscientes del distinto trato y oportunidades que existen entre los chilenos. Una vez más, su experiencia vital sobre las discriminaciones del sistema penal permite entender la prioridad que le otorgan a la igualdad ante la ley. La población penal sostiene que es necesario que tanto los poderosos como los humildes —delincuentes comunes y delincuentes de cuello y corbata— sean tratados de la misma manera. La importancia que le otorgan a la igualdad se expresó además en demandas por que exista autonomía regional, protección de la naturaleza para el bienestar de las generaciones futuras y un defensor del pueblo para proteger los derechos de los más vulnerables.

Pero los presos no solo discutieron seriamente sobre derechos; también lo hicieron respecto a sus deberes. Sus expectativas y las de la sociedad libre son extraordinariamente similares. Los presos de Colina II declararon que el primer deber ciudadano es el respeto a las leyes, a las normas cívicas y a los derechos de los otros. Que los presos quieran cumplir con la ley no debiese sorprendernos. La evidencia internacional señala que los valores de la población penal no difieren de los valores de la población en general. Es más, la mayoría de quienes han infringido la ley no creen que sus actos hayan sido ni moral ni legalmente correctos. Al contrario, los presos frecuentemente manifiestan su culpa, remordimiento y admiración por quienes, en similares condiciones, logran respetar la ley. Si consideramos que la mayoría de los delitos que se cometen en Chile atentan contra la propiedad, podemos afirmar que la población penal chilena delinque no porque tenga un sistema de valores diferente, sino porque su contexto y posición en la estructura social entrega escasas alternativas. El caso de la población penal femenina es ejemplar. Las mujeres privadas de libertad han sufrido de esta falta de oportunidades y muchas trafican drogas porque deben mantener a su familia sin el apoyo de un compañero o compañera o de alternativas laborales estables.

Solo el tiempo dirá cuán relevantes fueron los encuentros locales para crear una Constitución justa y democrática. En el intertanto, creemos que dar voz a los privados de libertad es un ejercicio que permite reconocer su dignidad y visibilizar su voluntad política como una herramienta crucial para el resguardo de sus derechos. Encontrar respuestas novedosas y efectivas para mejorar el sistema de justicia penal depende radicalmente de la visibilidad que le demos a la población penal y su manera de comprender Chile.

*Investigadoras de Leasur.