Nacional
5 de Julio de 2016Repatriar Inacap: el debate que abrió la creación de Centros de Formación Técnica estatales
Con la creación de los 15 Centros de Formación Técnica estatales comprometidos por el Gobierno y un futuro Consejo Nacional para coordinar la visión de Educación Técnica Profesional Superior entre actores públicos y privados, un sector de la Nueva Mayoría pide aclarar la “privatización” del Instituto Nacional de Capacitación, hoy con 26 sedes a lo largo del país. Creado en 1966 por entidades estatales y cedida por Corfo a la Confederación de Producción de Comercio (CPC) en 1989, cuando era dirigido por el general de Ejército Guillermo Letelier Skinner, las dudas sobre su propiedad vuelven a surgir. ¿Puede volver a ser pública una institución que lleva 23 años en manos de los principales gremios empresariales?
Compartir
En las regiones de Coquimbo, Antofagasta, Valparaíso, Maule y Magallanes debutarán los primeros cinco del total de 15 nuevos Centros de Formación Técnica estatales que está creando el Ejecutivo en el marco de los compromisos de la Reforma Educacional. Todo ellos tienen convenios de colaboración con universidades públicas ubicadas en esas mismas regiones y se alistan para partir, según las metas autoimpuestas por el Gobierno de Michelle Bachelet, entre 2017 y 2018.
Sin embargo, la institución con más experiencia en esta índole, el Instituto Nacional de Capacitación Inacap, no es parte de esos convenios. Aunque nació de Corfo y Sercotec a mediados de los década de los 60′ y mantuvo un carácter público durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, en los últimos años de la dictadura terminó en poder de los representantes de los gremios empresariales más poderosos del país: la Confederación de Producción y el Comercio, CPC.
El traspaso se ejecutó a través de una suerte de “privatización”, como otra más de las ocurridas en los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet. La membresía y administración de Corfo sobre el instituto se realizó a través de una desconocida maniobra dirigida por un general (r) de Ejército. Una cesión que exdirectivos y miembros de la Nueva Mayoría piden que se estudie, a propósito del gasto fiscal que tendrá la creación de los nuevos CFT y que parte con un pie fiscal dentro de la institución, ya que se mantuvo a un organismo del Estado como miembro activo durante los últimos 26 años.
La “privatización” de Inacap
“Frente a la dificultad para aclarar lo que pasó, el Estado no se ha metido y ahora se han creado 15 Centros de Formación Técnica a lo largo de Chile cuando aquí podría traducirse ese proyecto en un tipo de entendimiento de esta red de centros que hay en todo Chile, con esta capacidad acumulada de Inacap en 50 años que podría ser muy potente. Yo creo que hay que aclarar quién es el propietario realmente, porque esto nunca se privatizó, nunca se pagó nada por eso. El valor que tenía en esa época era de $4.000 millones de esa época, que son muchos recursos. Y la verdad es que ha llegado el momento de aclarar esto. Hay mucha gente que ha eludido esto, que no ha querido aclararlo, en parte, porque creen que es una privatización más”, dice el senador Carlos Montes.
El parlamentario, quien lideró la comisión investigadora de privatizaciones de empresas estatales antes de 1990, señala que nunca se pudo aclarar bien cómo una institución que buscaba capacitar a trabajadores terminó en manos de la CPC y que ahora, con el actual escenario financiero y de creación de nuevos centros educacionales a lo largo de Chile, es el momento oportuno de revisar.
Esto, a pesar de que -en rigor- Inacap es una corporación de derecho privado sin fines de lucro desde sus inicios. Así fue creada en el año 1966 por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), quienes permanecieron como miembros activos fundadores hasta el 25 de enero de 1989.
En esa oportunidad, el consejo directivo de Inacap fue notificado de una carta enviada por el entonces Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, el general de Ejército (r) Guillermo Letelier Skinner, donde informó que el consejo ejecutivo de Corfo había decidido renunciar a la membresía y administración de la entidad que habían formado 23 años antes.
En su lugar, Corfo le dejó su lugar a la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC) y a la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social (CNPDS), un organismo que también incluye a las seis ramas de la CPC y que está vinculada a Icare, corporación destinada a “promover la excelencia empresarial en el país” según declara en sus estatutos.
Lo curioso es que buena parte del consejo directivo de Corfo que recibió y aprobó la renuncia del organismo a la administración de Inacap, fueron posteriormente representantes de la CPC y la CNPDS cuando éstas ingresaron en reemplazo del organismos fiscal.
Así consta en una respuesta de la Unidad de Transparencia de Corfo de septiembre de 2009, donde se acompañan cuatro resoluciones del 25 enero de 1988 designando representantes de la corporación en el directorio de Inacap. Entre ellos se encuentra el presidente de ese Consejo Directivo de Inacap, Manuel Feliú Justiniano, presidente de la CPC entre 1986 y 1990; y como consejeros titulares a Antonio Castilla Pérez, representante de la CPC y presidente de la CNPDS en 1989 y que actualmente es presidente de la Caja de Compensación La Araucana; Juan Francisco Gutiérrez Irarrázaval, secretario de la CNPDS en 1988; y Sergio Silva Alcalde, un “Chicago Boy” que hoy preside el Instituto Escuela Internacional de Artes Culinarias y Servicios, Culinary.
Ese directorio, con esos representantes de la Corfo, fue el que recibió la carta de renuncia enviada por el entonces Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Guillermo Letelier Skinner, general que en enero 2012 fue condenado por la Corte Suprema a 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de exportación ilegal de armas más otros 541 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de falsedad -del Código de Justicia Militar- en el caso de venta ilegal de armas a Croacia.
Tras la salida de Corfo, un Decreto Supremo pubicado el 13 de diciembre de 1989 en el Diario Oficial terminó por aprobar las reformas a los estatutos del consejo de Corfo y el traspaso de Inacap se dio por finalizado, apenas unos meses antes del retorno a la democracia.
El documento al que tuvo acceso The Clinic Online, señala que en mayo de 1990 –fecha en que Corfo ya no era parte miembro activo de Inacap- el directorio habría estado compuesto, entre otros, por Manuel Feliú Justiniano, Sergio Silva Alcalde, Antonio Castilla Pérez y Juan Gutiérrez Irarrázaval, los mismos que antes eran representantes del organismo estatal.
De esa forma, ya en 1990, la CPC comenzó a administrar y definir la dirección de una institución de educación superior que contaba con cerca de 20 sedes a nivel nacional, dejando la participación del Estado en Inacap reducida a la mera presencia de Sercotec, con un solo consejero de los siete que componen el directorio. Y que definen el norte de su organización.
Sin dueños, sin propiedad
La “privatización” de Inacap fue alertada apenas vuelta la democracia por los trabajadores del CFT e Instituto Profesional. En una carta fechada el 27 de marzo de 1990, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Inacap le envió una evaluación al exvicepresidente de Corfo en esa época, René Abeliuk, sobre un documento elaborado ese mismo año por la nueva administración.
En él señalan que la nueva dirección hacía una interpretación torcida de la situación jurídica de Inacap, asimilando la acepción “ente privado” con el de “empresa privada” y refutando las razones esgrimidas para la entrada de los gremios empresariales a Inacap, de estar en falencia económica haciendo peligrar la existencia del instituto.
“Nosotros preguntamos: ¿Son verdaderas todas estas premisas? La Confederación de la Producción y del Comercio no ha sido capaz de probar en nigún caso estas afirmaciones. Tampoco se percibe por qué una administración civil de buen cuño técnico tuviera que ser obligadamnte de la Confederación. El ‘providencialismo’ de los nuevos administradores, ¿a quién ayuda y para qué sirve a Inacap y su sentido social? ¿Recuperar para qué y para quienes?”, señala la misiva.
Más adelante, el mismo documento asegura que, en efecto, Inacap no fue privatizado, pero al mismo tiempo lo califica como una burla hacia el Estado, ya que ambas organizaciones proempresariales se “apropiaron” de la institución solo mediante un convenio en el que se comprometieron a entregar becas a personas designadas por la saliente Corfo.
Pero un informe posterior realizado por esa misma organización avaluó el convenio en cerca de 350 millones de pesos, cuando el mismo documento elaborado por el consejo directivo de Inacap en 1990 señala que el patrimonio neto proyectado de la institución al 31 de diciembre de 1989 era de 4.471 millones de pesos, con ingresos totales de 3.515 millones de pesos. Además, se insiste en el punto de que no había sido privatizado ya que los bienes o patrimonio de la institución no han sido vendidos ni traspasados a nadie que los pueda llevar o destinar a otras labores, y la institución no genera utilidades para repartir.
Ese punto es también considerado una burla por los extrabajadores de Inacap, quienes explican que con la entrega de esa institución de capacitación originalmente diseñada para mejorar las expectativas de trabajadores e incluso personas que no habían terminado su colegiatura, quedó en manos de los grupos empresariales más poderosos del país.
“La entrega de Inacap a la CPC y la CNPDS fue un cambio estratégico que significó un traspaso de patrimonio, pero también la entrada a la dirección de los gremios empresariales más poderosos del país en cambio de autoridades que articularon un sistema de capacitación profesional para trabajadores y jóvenes, incluso algunos de ellos sin haber terminado su escolaridad”, dice Mario Cerda, exdirector ejecutivo de Inacap (1971-1973) y exdirector Nacional del SENCE (1990-1994).
Por esta razón, tanto sus extrabajadores y exdirectivos han reclamado la apropiación del Centro de Formación Técnico e Instituo Profesional por más de 25 años. “La apropiación de Inacap además fue un tema estratégico porque dejar en manos de los empresarios, que hicieron lo que quisieron con los aportes de otros países y crearon sociedades anónimas por cada sede, dejó en un plano secundario el espíritu original de lo que era el instituto”, dice Juan Daniel Doñas, expresidente de la Federación de Trabajadores de Inacap.
Doñas señala que en reiteradas ocasiones solicitó la intervención de Contraloría y hasta de Fiscalía Nacional para que investigara lo que podría ser la apropiación espuria del instituto. Pero a pesar de tener algunos documentos que prueban el carácter público, nadie profundizó la investigación.
Uno de los documentos a los que alude Doñas es una carta respondida por la actual ministra de Educación, Adriana Delpiano, mientras se desempeñaba como ministra de Bienes Nacionales, en 1996. En él, Delpiano responde a una solicitud de información sobre la inscripción de propiedades de Inacap señalando que el instituto “pertenece a la Confederación de la Producción y el Comercio, corporación de derecho privado” y que “la información que reside en la División de Catastro Nacional de los Bienes del Estado, sólo contiene antecedentes de propiedades que se encuentran inscritas a nombre del Fisco”, sin tener información respecto de propiedades de Inacap.
Ese punto es uno de los temas claves que Montes señala que se deben revisar. Ese y el informe de Corfo en el que se detalla que a cambio de la salida de esa corporación estatal, Inacap firmó un convenio para entregar becas a un número determinado de personas que definiría Corfo por un monto once veces menor al valor real del hoy Instituto Profesional, Centro de Formación Técnica y Universidad Tecnológica.
Un informe que además señala que hay una contravención a la norma “al haberse enajenado los derechos patrimoniales que le confiere Corfo a Inacap en forma gratuita y de donación encubierta”, provocando un perjuicio para la misma Corfo y el Estado.
INACAP: “No pensamos que haya un problema de legitimidad”
Para la actual administración de Inacap, el reclamo de “privatización” o apropiación de la institución por parte de sus extrabajadores parece injusto y técnicamente errado. El rector Gonzalo Vargas, quien es a su vez representante legal y director ejecutivo de la Corporación Inacap -de la cual dependen el CFT, el IP y la Universidad-, dice que no emitirá declaraciones político-ideológicas y señala que su impresión es que lo que se hizo se ajustó a derecho.
“Pueden haber todas las suspicacias del mundo o todos las opiniones, pero hasta donde sabemos ninguna de esas suspicacias han sido comprobadas. Ahora, en el caso particular de Inacap, ha seguido ejerciendo la función para la cual fue creada, independiente de quiénes son sus miembros. Yo por lo menos no siento que haya una contradicción o un problema de legitimidad. Yo no lo tengo y quienes trabajamos acá no lo tenemos porque no trabajaríamos en una empresa donde creemos que haya un problema de legitimidad de origen. No, nosotros no pensamos que haya un problema de legitimidad en ese cambio de miembros que se hizo”, dice Vargas.
Vargas se sorprende al saber que un general condenado en el caso de ventas ilegal de armas a Croacia fueel mismo que realizó la renuncia formal de Corfo a Inacap, pero aclara que “lo que se hizo tuvo un sentido de política pública en su minuto”, algo parecido a la administración delegada de liceos técnicos estatales que hoy tienen las distintas ramas que componen la CPC.
“Entonces, si es injusto o no, la palabra tampoco me describe bien la situación. Yo más bien creo que este es un tema complejo de comprender. A mí por lo menos me costó entender, me tuvieron que explicar Código Civil en la mano porque no soy abogado, entender qué es una corporación de derecho privado. Cuando llegué el 2007 no sabía todo eso, lo tuve que aprender acá. Entonces yo diría que ese tipo de expresiones tienen dos elementos: uno, es un juicio llámale político ideológico, que yo respeto y no comparto; y otro es reflejo de un desconocimiento de cómo funciona desde el punto de vista jurídico. Y la verdad es que se hizo legalmente, entiendo, porque esto me han dicho que en los noventa fue controvertido, disputado, y que finalmente concluyó en algo como ‘mira, se hizo, no nos gusta, pero se hizo y no se podría revertir porque se hizo bien legalmente’”, agrega.
Vargas además descarta que el Inacap, que sigue siendo además un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) -además de CFT, IP y Universidad-, se haya desviado de sus orígenes y precisa que la entrada de los gremios empresariales, manteniendo a Sercotec entre sus miembros, tiene que ver más con los problemas financieros que tuvo durante los años 80 y una nueva visión para ese organismo.
“Sercotec, que es filial de Corfo, se mantuvo. ¿Por qué? Yo te puedo decir lo que sé de oídas y me han dicho es que Inacap en los años 80 era deficitario y se quería tener una mayor cercanía a las necesidades que hoy día llamamos ‘capital humano’, que no sé si era el lenguaje que se usaba en los 80. De que fueran los gremios empresariales los que administraran a Inacap para asegurar la mayor cercanía a la necesidad de capital humano de los sectores productivos”, dice el rector.
Por último, la autoridad -quien además preside Vertebral, un consejo formado por Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados de Chile- señala que hoy la corporación madre agrupa las instituciones de educación, quienes además son propietarias en partes iguales de toda la infraestructura, en una figura parecida a la de un condominio habitacional.
“Comprendiendo toda esta estructura jurídica, no es la Corporación Inacap la que debería ser objeto de una investigación porque no hay ninguna decisión de la Corporación Inacap que sea objeto de una controversia. No hay algo que tú digas ‘esto es ilegal, ilegítimo, hay delitos de por medio’… no. No nos han acusado ni de lucro, ni de malversación… nunca hubo una denuncia y no hay nada de eso. Y yo soy representante legal y sería notificado de eso”, agrega Vargas.
Lo que viene
Tras los anuncios en materia de Educación Superior, incluido el de la reforma estructural que ingresará el Ejecutivo en las próximas horas al Congreso, la opción de “repatriar” Inacap vuelve a tomar fuerza. En el anuncio presidencial del domingo 3 de julio, la Presidenta Bachelet señaló que complementando los 15 Centros de Formación Técnica Estatales se creará “un Consejo Nacional que coordinará la visión de los actores públicos y privados”.
Ese es el lugar que, para Montes y otros parlamentarios de la Nueva Mayoría, sería el adecuado para volver a revisar el carácter público o privado de Inacap. Y posiblemente recuperarlo. Desde el Mineduc, consultados por este ítem, señalaron a este medio que no se referirían a ningún otro asunto mientras no se enviara el proyecto de ley de Educación Superior al Congreso. Aún así, desde el interior del ministerio no se cierran a la opción de revisar la “privatización” del instituto, hoy con 26 sedes a nivel nacional.
“Mire, esto hay que aclararlo, que enfrentarlo. Nunca estas cosas son fáciles. Llevamos hartos años de ese informe de Corfo y no se ha logrado. Han estado mucho tiempo los gremios de la época detrás de que sea acogido esto y tenemos que seguir. Pero Chile necesita aclarar esto y acá nunca se privatizó Inacap. Y bueno, ahora pedimos que hagamos todo el esfuerzo para aclararlo con el propósito de crear una institucionalidad que esté más al servicio del país y que tenga un carácter público o público-privado”, señala Montes.