Sename: Los informes de Contraloría que cuestionan a Corporación Opción

La Corporación Opción, el organismo colaborador más importante de Sename, enfrenta hace unos meses una investigación de la Fiscalía de Tarapacá. Esto luego que un informe de Contraloría determinara irregularidades en la rendición de gastos de dos programas del área de Justicia Juvenil y el Sename presentara la denuncia correspondiente para determinar las responsabilidades penales. Por su parte, Opción asegura que las irregularidades fueron cometidas por la empresa proveedora del servicio cuestionado y también presentaron una denuncia para que se investiguen los hechos. En Santiago, en tanto, debieron reincorporar $61 millones al no encontrar respaldo de atenciones brindadas.

Consuelo Contreras

Luego de recibir una denuncia bajo reserva de identidad contra la Corporación Opción en Iquique, la Contraloría Regional de Tarapacá inició una investigación especial para indagar presuntas irregularidades en la rendición de cuentas en dos programas de Justicia Juvenil implementados entre 2014 y 2015 por el principal organismo colaborador del Sename.

Tras el resultado de la auditoría, que se conoció en julio de 2016, el Sename presentó una denuncia ante la Fiscalía para indagar los presuntos delitos de falsificación y fraude. La investigación la lleva adelante el Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia.

Corporación Opción, dirigida por la trabajadora social Consuelo Contreras, mujer cercana al Partido Socialista, es el organismo colaborador de Sename que más recursos estatales recibe. El año pasado se le traspasaron alrededor de 15 mil millones de pesos y posee una oferta programática que se extiende a lo largo del país.

Las irregularidades detectadas en aquella ocasión por Contraloría se relacionan con gastos no acreditados y adulteración de documentos en la empresa de transporte Los Puquios, que emitió facturas por concepto de arriendo de vehículo con chofer, incorporados a la contabilidad como egresos, que no se pudieron validar. Además, uno de los socios de la empresa Los Puquios era a la vez conductor contratado por Opción y recibía una remuneración por jornada completa.

“Se pudo determinar que los gastos por $5.152.500, correspondientes a la empresa Los Puquios Limitada, no cuentan con la documentación original. Asimismo, se evidenció que en algunos casos existen adulteraciones en la documentación, situaciones que no permiten sustentar el gasto rendido por Opción”, afirma la investigación, que además detectó que las bitácoras de los viajes adulteradas fueron aceptadas como gasto por Sename y no se cumplió como corresponde con la labor de supervisión de rendiciones.

Debido a la observación en el preinforme y la respuesta que otorgó Opción, Sename pidió la devolución de los $5.152.500 junto con el resto de los pagos realizados a la empresa Los Puquios Ltda. durante los años 2014 y 2015, monto que asciende a un total de $ 20.072.500, ya que luego de la revisión de la documentación por parte de Sename, “esta determinó evidencia suficiente relativa a falsificación de instrumentos privados”.

A estas observaciones, se suman reparos como la acumulación de puntos otorgados por casas comerciales, por compras realizadas por una ejecutiva de Opción con uso de recursos fiscales, práctica que está expresamente prohibida.

Desde la Corporación Opción informaron que además de reintegrar el dinero, terminaron inmediatamente la relación con la empresa y se presentó también una denuncia en Fiscalía para la investigación de los hechos. “Nosotros no avalamos este tipo de situaciones por lo que procedimos a hacer la denuncia ya que no era una empresa transparente”, sostuvieron.

Cuando se hizo público el informe de Contraloría, el Sename de Tarapacá expresó en la prensa local: “Una vez emanados los antecedentes desde el organismo contralor, este servicio interpuso la denuncia respectiva ante la Fiscalía Local de Iquique, a fin de que se determinen las eventuales responsabilidades penales de quienes resulten involucrados”.

Pese a que Sename debe supervisar financieramente los programas para evitar irregularidades, Contraloría determinó que existen debilidades y deficiencias tanto en la supervisión técnica como en la financiera de los dos programas investigados: de Libertad Asistida (PLA) y Libertad Asistida Especial (PLE), diseñados para el acompañamiento de menores infractores de la ley y su reinserción social.

En cuanto a la supervisión técnica de los programas, se detectó, por ejemplo, que el Sename no verificaba que las atenciones directas informadas por Opción, realmente se hayan realizado y se dictaminó abrir un sumario para establecer responsabilidades administrativas. Sename se centra básicamente en verificar que se cargue la información en la plataforma SENAINFO, donde registran los historiales, atenciones y transferencias.

“El control de esa entidad pública se limitó solo a verificar el cumplimiento de los procedimientos de registro de la información, junto con la revisión documental de las intervenciones efectuadas por los delegados del organismo colaborador, sin que en estas exista evidencia suficiente de las atenciones directas al adolescente”, plantea el informe y agrega que existen inconsistencias en la información.

Al respecto, Osvaldo Vásquez, coordinador nacional de los programas cuestionados, planteó al medio La Estrella de Iquique que “la Contraloría exige la existencia de un verificador. Desde este mes se exige que los adolescentes firmen cada acción. Como corporación hemos reforzado el control sobre esta nueva exigencia”.

Devolución de dineros en Cepij de Lo Prado

Según el oficio 51.479 del 2015 de Contraloría, tras una auditoría de Sename de las atenciones brindadas por Opción entre el periodo de agosto de 2013 a marzo de 2015, se detectaron inconsistencias en atenciones que no poseían el debido respaldo en las carpetas de los menores, esta vez en el Centro de Protección Infanto Juvenil de Lo Prado.

“Se concluye que un número importante de las acciones registradas en el sistema de información de Sename, no corresponden a intervenciones directas, dando inicio al proceso de reliquidación de las subvenciones pagadas durante el periodo, a fin de proceder a los descuentos respectivos”, plantea el oficio de Contraloría. Por este motivo, se dio la orden a Opción de reintegrar $101 millones de pesos.

Consultados por este punto, la Corporación Opción explicó que “institucionalmente se afirma que dichas intervenciones se efectuaron, pero que al supervisar de modo interno, se pudo comprobar que no se hallaron todos los registros correspondientes sino solo una parte de los mismos”.

Sin embargo, posteriormente, Opción “solicitó a Sename una segunda supervisión en la que el Servicio finalmente solicita devolver $61 millones de pesos y no los $101 millones originales, dado que se encontraron registros de las atenciones”, sostuvo el organismo liderado por Contreras.

Por último, agregaron que Opción presentó una denuncia ante Carabineros dada la perdida de documentación que debiese encontrarse en el programa.

Nota de la Redacción: Tras la publicación de este artículo, Opción hizo llegar una carta que en central señala que “en su inicio, la bajada del titular consigna que Corporación Opción ‘enfrenta hace unos meses una investigación en la Fiscalía de Tarapacá’; lo cual no es efectivo. Su nota confunde dos hechos jurídicos distintos: uno, que es la investigación realizada por la Contraloría Regional de Tarapacá sobre Corporación Opción, que ya fue finalizada y todos los asuntos denunciados fueron resueltos por dicho organismo; y otro, que es la investigación penal que lleva el Ministerio Público donde nuestra corporación es denunciante al igual que el Servicio Nacional de Menores” y añade que “la falta de rigor en el tratamiento de una noticia de esta naturaleza, sin darnos la posibilidad real de abordar los temas con la profundidad y seriedad que se merecen -ya que se nos informó de manera tardía que esta nota saldría durante la mañana del 21 de septiembre, y nos dieron poco tiempo para responder- solo daña, desprestigia y mal informa a la opinión pública, aumentando el descrédito de las instituciones”.

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