El severo informe de Contraloría al Ministerio de las Culturas por traspasos a privados: “No cuenta con un sistema informático para el control de las transferencias”

Durante la mañana de esta jornada, la líder de la Contraloría General de la República, la contralora (s), Dorothy Pérez, llegó hasta el Congreso Nacional. Su arribo se dio en el marco de la exposición que brindaría a la comisión especial investigadora que indaga sobre traspasos públicos de determinados ministerios.

Fue en esa instancia, la cual lidera el diputado Rubén Oyarzo (exPDG), en donde Pérez expuso sobre el Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio (Mincap).

En el caso del Mincap, liderado por la ministra Carolina Arredondo, fueron dos secretarías regionales ministeriales (seremis) las que fueron fiscalizadas y presentadas en la comisión: Valparaíso y la Región Metropolitana.

Para la primera, se auditaron y examinaron las cuentas de transferencias realizadas al sector privado bajo asignación directa. Lo anterior durante 2021 hasta finales de mayo de 2023. Es decir, bajo la administración de Consuelo Valdés (Piñera II), Julieta Brodsky y Jaime de Aguirre. En tanto, para la Región Metropolitana se auditó el proceso de rendición de cuentas del Fondo de Fomento Audiovisual entre 2021 y 2022 (Valdés y Brodsky).

Las indagaciones realizadas en la quinta región concluyeron 8 observaciones. Dos de ellas involucraron, en total, $50 millones.

“Memorias y herencia identitaria de la comuna de Putaendo“, es el título de un programa realizado por la extinta fundación ProCultura. Tal iniciativa es cuestionada por la Contraloría, quienes ponen objeción en la “falta de certificación” de los aportes comprometidos. Por lo mismo, llamó a que la seremi arbitre “medidas para la debida rendición del proyecto” o, en su defecto, “ejercer las acciones para la recuperación” de los fondos otorgados, que ascendieron a $20 millones.

El otro caso involucra a la Fundación Vicente Huidobro. Allí la Contraloría pone ojo en la falta de antecedentes que den cuenta del gasto estimado del convenio, que asciende a $30 millones.

Sin embargo, fuera de los montos, las otras observaciones del órgano apuntan a que no existen procedimientos para prevenir conflictos de interés en la asignación de recursos. Además, se detalla que la ejecución presupuestaria se concentra “en el segundo semestre del año, particularmente en el mes de diciembre”.

Seremi de Culturas RM: proyectos terminados sin tramitación de su cierre

En el caso del seremi de Culturas metropolitano, la Contraloría no puso en discusión, particularmente, montos relativos al Fondo de Fomento Audiovisual. No obstante, sí hubo quejas respecto al funcionamiento administrativo del programa. De hecho, fueron 5 las observaciones que se presentaron a ese tema.

Una de las quejas que más se destacó guarda relación con que de los $35 mil millones transferidos desde el año 2010 a 2022, un 90% de esos recursos “no tienen aprobados sus cierres formalmente por parte de la entidad“. Por ende, señaló el entre contralor, “no se han rebajado al Sistema de Gestión Financiera del Estado (SIFGE)”.

Por otro lado, en el periodo auditado (2021 hasta finales de 2022), de las 37 iniciativas que se ilustraban en el fondo, 20 estaban terminadas. El problema radicó en que en 16 casos de las terminadas los expedientes no fueron revisados.

Otro índice que se remarcó con especial atención guardó relación con “deficiencias en el control de los proyectos y sus rendiciones”. Sobre ello, la Contraloría relató que la seremi “no cuenta con un sistema informático para el control y monitoreo de las transferencias otorgadas”. Dicha información a la que hace alusión el ente tiene que ver con montos transferidos por convenio, comprobantes de ejecución presupuestaria, montos rendidos, supervisor encargado, entre otros.

“La entidad lo hace a través de planillas Excel, con el consiguiente riesgo de que los datos puedan ser modificados o ser erróneos”, apuntó la presentación de la contralora. “Dichas planillas no mantienen mecanismos de control que permitan resguardar la integridad y confiabilidad de sus registros”, se añadió.

Además, el órgano liderado por Pérez informó que actualmente hay 5 fiscalizaciones en proceso. Tal es el caso en las seremis de Culturas de Atacama, Metropolitana, Maule y Biobío, además de la Subsecretaría de Culturas.