Guillier

El 3 de agosto pasado, en calidad de coautores, el senador Alejandro Guillier y Carlos Bianchi enviaron un proyecto de reforma constitucional para mejorar las pensiones vía un aporte estatal de 1 millón de pesos por cada niño nacido. La propuesta originalmente, sin embargo, no era de los parlamentarios, sino de Rafael Garay, el exasesor de Felices y Forrados que hoy está prófugo de la justicia por los delitos de estafa y apropiación indebida.

Antes de que estallaran las demandas ciudadanas para modificar el sistema previsional chileno, el domingo 22 de junio de 2014, Garay estuvo como invitado, junto a Manuel Riesco, en el extinto programa Tolerancia Cero para debatir sobre el sistema previsional. “Cómo se arregla el sistema al final del día, el sistema de AFP puro no da el ancho, el sistema de reparto en el mundo está disminuyendo pensiones y aumentado los años de jubilación. Qué es lo que hay que hacer: Un aporte basal, como se hace en Nueva Zelanda, nosotros proponemos un millón de pesos al nacer…”, afirmó el ingeniero comercial y supuesto economista, que en la época fungía como asesor de Felices y Forrados.

La misma semana que ingresó el proyecto, que además fue patrocinado por los senadores Lily Pérez, Antonio Horvath y Francisco Chahuán, Garay estuvo en el programa Mentiras Verdaderas de La Red hablando sobre el cáncer terminal que supuestamente lo aquejaba y sus ideas para solucionar las bajas pensiones: “La propuesta, que también se presentó en la Comisión Bravo, es este millón de pesos por hijo nacido, que te garantiza después de 65 años, una pensión basal de 250 mil pesos”.

En la justificación del proyecto enviado por Bianchi y Guillier al Senado, dice: “Se pretende entregar a través de este proyecto una propuesta concreta y real consistente en la creación del derecho constitucional de todo chileno de recibir al momento de nacer un aporte estatal a una cuenta de ahorro con fines previsionales, que se abrirá para cada chileno al momento de su nacimiento, a los que se podrán sumar los aportes que cada persona haga una vez que comience su vida laboral”.

En cuanto al monto del aporte dice que “según cálculos que se han encargado a la Biblioteca del Congreso Nacional, para asegurar un funcionamiento adecuado del sistema el aporte estatal debiera ser, al menos, equivalente en pesos a UF 41,04, (equivalente a $1.071.472). colocados en el año 0, esto es, al momento de nacer, el que se capitalizará -junto con los aportes que luego cada trabajador realice- durante 60 ó 65 años o de acuerdo a la edad legal de jubilación vigente al momento de colocar los fondos”.

El trabajo legislativo de Guillier

El senador por Antofagasta, si bien es independiente, cuenta con el apoyo y el cupo del Partido Radical, colectividad que coordina su camino hacia La Moneda, luego de la positiva evaluación de la ciudadanía, según la última encuesta CEP, que lo ubicó con un 44% de aprobación.

En la Nueva Mayoría reconocen que, a diferencia de Ricardo Lagos, quien representa al establishment de la Concertación y es más bien un candidato de la élite, Guillier es un nuevo liderazgo que emergió en las encuestas por la ciudadanía. Algo similar al fenómeno Bachelet en su primer mandato. Y, además, sostienen, en un escenario de desafección de la clase dirigente, Guillier tiene dos cualidades que escasean por estos días: credibilidad y confianza. Ambos factores lo convierten en una fuerte amenaza tanto para Sebastián Piñera como el resto de los aspirantes de la Nueva Mayoría, sin embargo, puede pesarle su escasa trayectoria política: sólo lleva dos años y medio como senador.

Precisamente, entre las principales criticas de sus detractores está la falta de propuestas y definiciones políticas. Por eso, The Clinic Online analizó el trabajo legislativo del parlamentario y los proyectos de ley presentados por Guillier.

Desde que asumió su cargo, en marzo de 2014 a la fecha, ha presentando un total de 51 proyectos de ley en asociación con otros senadores, en materias como medioambiente, defensa de los consumidores, probidad, seguridad ciudadana y descentralización.

Entre los proyectos más controversiales, Guillier presentó, en agosto del año pasado, una iniciativa junto a Manuel José Ossandón y el senador de RN, José García Ruminot, para introducir cambios a la ley de responsabilidad penal adolescente, que juzga a los menores de edad que han cometido delitos.

La iniciativa busca “modificar la ley N°20.084, en materias de procedimiento, medidas accesorias y determinación de las penas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal” que, según los autores, pretende mejorar la reinserción y que los jóvenes asuman mayor responsabilizad de sus actos.

El proyecto, en primer trámite constitucional, incluye medidas como vigilancia con tobilleras electrónicas. Extensión de los plazos de investigación de seis meses a un año. Obligación de asistir a tratamiento por adicción a las drogas o el alcohol, atención psicológica para “que adquiera conciencia del mal causado y un sentido de responsabilización de los actos propios”. Agrega un mayor peso a las agravantes en caso de condenas anteriores y suspensión condicional del procedimiento.

Debido a que el proyecto contempla cambios a la legislación penal fue consultada vía oficio la Corte Suprema. El máximo tribunal del país en su respuesta al Senado, sostuvo: “es necesario señalar que la modificación que se propone a la Ley N° 20.084,(…) puede aparecer como vulneratoria de la normativa internacional sobre derechos humanos, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)” y objetó jurídicamente cada una de las propuestas.

En relación a la iniciativa de lo legisladores de agregar tobilleras electrónicas como una nueva sanción penal que evite la internación de adolescentes, la Corte Suprema contestó: “Puede estimarse que atenta contra el principio de proporcionalidad e interés superior del niño, resguardado en los instrumentos internacionales; pues pone en riesgo las auténticas posibilidades de reintegración social de los adolescentes infractores, al impedir la participación plena del adolescente en su comunidad, favoreciendo la estigmatización y su aislamiento social”.

Además, sostiene que “es una renuncia explícita a la intervención socioeducativa del adolescente, y responde explícitamente a un paradigma que el Estado chileno ya abandonó: el paradigma tutelar. En efecto, esta sanción sugiere un tratamiento del adolescente que, o bien es estrictamente punitivo, o es derechamente objetual; pues el adolescente infractor se concibe como un peligro para la sociedad que debe monitorearse y no como un adolescente cuya integración social debe posibilitarse”.

La Corte Suprema también criticó la idea de darle mayor peso punitivo a las condenas anteriores: “Se trata de una reforma que, por su tendencia punitivista, no deja espacio a que el juez siquiera considere los efectos que podrían provocarse desde la perspectiva de la intervención socioeducativa. (…) La intervención penal de adolescentes por disposición de los tratados internacionales ratificados por Chile, debe evitar el rigorismo punitivista” y la califica de “sistemáticamente desaconsejable”.

Durante este año, el exrostro de noticieros presentó dos proyectos de autoría exclusiva, patrocinados por otros legisladores. Uno de ellos, que pretendía ampliar la zona franca de Iquique a Tocopilla, fue declarado inadmisible, porque debe tener origen en la Cámara de Diputados y es materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta. El otro proyecto busca que concejales y dirigentes puedan postular al Parlamento.

En 2015, presentó un proyecto de su autoría para establecer normas sobre equidad y control del avisaje estatal, que buscaba una mayor inversión publicitaria del Estado en regiones, pero también fue declarado inadmisible.

Además, en materias de prensa, este año presentó un proyecto para extender el derecho de rectificación a los medios electrónicos. Cabe recordar que durante su gestión como Consejero Nacional del Colegio de Periodista, se promulgó el artículo 7 de la Ley de Prensa que garantiza la protección de la fuente.

Pero en temas de libertad de expresión, también debió enfrentar una polémica. En marzo de este año, votó a favor de la indicación del Senado conocida como ley Mordaza, que buscaba castigar las filtraciones de los fiscales a la prensa. “Me pasaron un gol. Fue mi error porque no tuve el celo suficiente para revisar. Es tal la presión del medio, del gobierno y el propio Congreso que ocurren estas cosas”, explicó, tras los cuestionamientos, en un programa de televisión.

Desde el año pasado, además, se ha dedicado a los temas de probidad y transparencia. En medio de los escándalos de financiamiento irregular de la política, Guillier creó una iniciativa legal para extender las responsabilidades penales a las personas jurídicas, es decir, a las empresas que incurran en ciertos delitos tributarios y establece nuevas penas. El proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución.

Sus principales socios legislativos

Guillier

Otro de los datos relevantes es que los tres legisladores con los que más proyectos ha presentado son de oposición. El primer lugar lo ocupa el senador Manuel José Ossadón, su principal socio legislativo. Juntos han presentado 18 proyectos de ley. Sin embargo, desde 2016, que coincide con el comienzo de la carrera presidencial, la relación se diluyó.

En segundo lugar está el exsenador de Renovación Nacional, Antonio Horvath, con 14 proyectos presentados en conjunto. Ambos legisladores forman parte de la llamada bancada regionalista. Por ende, sus iniciativas se relacionan con descentralización, como por ejemplo el proyecto presentado en octubre de 2015 para ampliar la propuesta del Ejecutivo sobre elección de intendentes vía sufragio universal. En muchas de estas iniciativas también figura el senador Carlos Bianchi.

El tercer lugar es para el senador de la UDI, Alejandro García-Huidobro. Junto a Guillier, presentaron 13 proyectos, en varios de los cuales Ossandón también forma parte. Se trata de iniciativas en temas de tránsito y de seguridad ciudadana. El 29 de septiembre de 2015, presentaron un proyecto, junto a Rabindranath Quinteros e Eugenio Tuma, que faculta a los alcaldes para deducir querellas por determinados delitos de alto impacto social, previo acuerdo del concejo municipal.

Consultado el equipo de Guillier, aclararon que desde este año el senador decidió cambiar la estrategia, presentar menos proyectos y priorizar el trabajo ciudadano y las audiencias. De hecho, a la fecha solo ha presentado 9 iniciativas legales, pero según comentaron, en los próximos días presentará tres nuevas propuestas. Sobre el contenido de los proyectos más polémicos, como el previsional y el de responsabilidad penal adolescente, declinaron hacer declaraciones.