Talca: Testigo acusa oferta de exjefe de gabinete de alcalde de $20 millones y una camioneta para tapar irregularidades

El 13 de abril de 2015, Andrés Eduardo Robles, técnico en administración pública, declaró ante la Fiscalía de Talca por la causa que involucra las empresas de Transportes CTS e Intervención Urbana Limitada y que mantiene al alcalde de la comuna, Juan Castro, y a su administrador municipal y candidato a jefe comunal por Chile Vamos, Juan Carlos Díaz, con arraigo nacional y formalizados por negociación incompatible y cohecho. En los supuestos ilícitos también está involucrado Juan Valdebenito, exjefe de gabinete de Castro quien continúa en el municipio, pero con otro cargo.

Robles entrega en su testimonio, al que tuvo acceso The Clinic Online, antecedentes relevantes. Asegura, por ejemplo, que en 2014 denunció los hechos que son hoy investigados a la Contraloría Regional y que Valdebenito le habría ofrecido $20 millones de pesos y una camioneta por no insistir en sus acusaciones. Valdebenito afirma que la historia es al revés y que Robles intentó extorsionarlo sin éxito.

LA INDAGATORIA
La investigación que encabeza el fiscal Héctor de la Fuente busca dilucidar la existencia de eventuales irregularidades en los vínculos entre CTS y los tres Juanes del municipio: Castro, Díaz y Valdebenito.

Hasta ahora se conoce que en septiembre 2009, la Municipalidad de Talca aprobó la contratación directa de los servicios de barrido y levante de basurales a la empresa CTS Limitada por $42.483.000 pesos con la firma del alcalde Castro y de Christian Tizza Martínez, uno de los dueños de CTS junto a Ángel Tizza Santos.

En abril de 2010, a cinco meses de la contratación de CTS Limitada y producto de problemas que generó el terremoto en una de instalaciones, la empresa arrendó una bodega a la sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva Limitada, que pertenece a Castro y a su esposa, por un valor de $500.000 mensuales. La relación comercial se mantuvo hasta diciembre de 2011. Posteriormente, sin embargo, se ocuparon las dependencias con el acuerdo de pagar la luz y el agua.

El septiembre del 2011, se adjudicó la Licitación de “Barrido y Levante de Microbasurales de la Municipalidad de Talca”, a CTS Limitada por el valor de $83 millones mensuales y con fecha 02 julio del año 2013, el Concejo Municipal acordó ampliar este contratado, aumentando su valor en cerca de $10 millones. Esa modificación fue firmada por el RN Juan Carlos Díaz Avendaño, postulante a jefe comunal, en calidad de alcalde subrogante. Ese mismo mes, Díaz Avendaño y Juan Dagoberto Valdebenito Mansilla, el otrora jefe de gabinete de Castro, compraron dos lotes de terreno de la ciudad de Talca por un valor de $12.500.000 cada uno. Posteriormente, se acordó en una promesa de compra-venta, vender a la empresa CTS Limitada, aunque finalmente quien compra es Intervención Urbana Limitada, que, al igual que CTS, es de propiedad de Tizza Martínez. Entre julio de 2013 y mayo de 2014, cuando se concreta venta, los terrenos fueron arrendados por $ 250 mil mensuales cada uno a Intervención Urbana Limitada. Finalmente, los terrenos son vendidos por un total de $70 millones, es decir, en pocos meses, triplicaron su valor inicial.

La minuta de una de estas ventas, según pudo constatar The Clinic Online tras la revisión de la escritura respectiva de la notaría, fue realizada por Andrea Camargo Pino, quien se desempeña en el área jurídica del municipio. Su nombre aparece en la compra que hace el candidato Juan Carlos Díaz del terreno que posteriormente traspasa a Intervención Urbana. Camargo Pino es pareja de Juan Castro, el actual alcalde, con quien tiene un hijo. Castro ha señalado que no tenía conocimiento de los negocios indagados.

EL TESTIGO

Según Robles, que trabajó como jefe zonal de operaciones de CTS entre enero y agosto de 2014, la compañía en la que participaba no cumplía con los requisitos comprometidos en la licitación y de ellos, afirma, quedaba registro tras la inspección de la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Talca: “Realizaban observaciones en el registro ‘manifold’ o libro de obras, que cada empresa tiene destinado en la Municipalidad, a la falta de cumplimiento del contrato, traduciéndose solamente tres de estas en multas, las cuales nunca se cancelaron, y ello lo sostengo pues yo mensualmente concurría a la Tesorería Municipal a retirar el cheque por el monto de lo facturado, lo que ocurriría dentro de los 10 primeros días de cada mes, ya que nosotros pagábamos los sueldos el día 10 de cada mes, y jamás fue descontado importe alguno por concepto de pago de multa cursada que es la forma en que se hace”, afirma.

Es más, según Robles, “una vez cursada la segunda multa vía ‘Manifold’, en una reunión sostenida en la alcaldía, lo que ocurrió en verano del año 2014, a la cual asistió el Alcalde don Juan Castro, el Jefe de Gabinete don Juan Valdebenito Mansilla, el encargado de la Dirección de Aseo y Ornato Cristián Ramírez Quilodrán, el Jefe de Inspección Municipal don Hermes Delgado, los Inspectores municipales, don Alfredo Medel, don Roberto Carreño, Luis Orellana, Oscar Cáceres, y Nestor González, y yo, en dicho momento el Señor alcalde señaló especificamente que no se sacara más multas a la empresa CTS dado la cooperación que prestaba dicha empresa al municipio”.

Robles dice desconocer el arriendo de 2010 y 2011 de una bodega que pertenecía a una sociedad del alcalde, pero sí plantea que “en una oportunidad concurrí a las oficinas de la empresa CTS ubicada en la ciudad de Melipilia, aproximadamente en el mes de abril de 2014, a conversar con don Christian Tizza Martinez, visualizando un depósito a nombre de don Juan Valdebenito Mansilla no pudiendo precisar si fue por $150.000 o $1.500.000, ni tampoco la cuenta”.

“Debo señalar que no sabía que las oficinas donde funcionaba la empresa CTS habían sido de propiedad de don Juan Carlos Díaz Avendaño y de don Juan Valdebenito Mansilla. Sólo me enteré porque en mi función me solicitaron la documentación de dominio de estas propiedades, y advierto que el vendedor es Valdebenito y Díaz. La empresa que adquirió dicha propiedad es la Sociedad de Intervención Urbana Limitada, cuyo representante legal es don Christian Tizza Martínez”.

Robles señala que fue despedido de la empresa CTS en el mes de agosto de 2014, por necesidades de la empresa, “pero en la verdad se habían suscitado reiterados conflictos por diferencias de criterio con don Christian Tizza Martínez”.

“Debo hacer presente que en el mes de septiembre del año 2014, nos reunimos en el restaurant ubicado en calle 11 Oriente entre 7 y 8 Sur, junto a don Juan Valdebenito, Alfredo Medel, quien es inspector técnico del servici. En dicha oportunidad, don Juan Valdebenito me ofreció conseguirme el pago de veinte millones de pesos y una camioneta, con la finalidad de que guardara silencio respecto a las irregularidades que presentaba la empresa CTS”.

Robles concluye su declaración asegurando que a fines de 2014, le denunció estos hechos a Víctor Fritiz Iglesias, en ese entonces Contralor Regional de la Contraloría General de la República y a quien era el gobernador Provincial Óscar Vega Gutiérrez.

Al respecto, en conversación con este medio, Valdebenito asevera que está “muy tranquilo porque todo está en regla”. “Conozco al señor Tizza desde hace mucho tiempo porque me dedico al mismo rubro. He hecho negocios con él en muchas oportunidades. Yo compré un terreno y posteriormente el señor Tizza necesita un terreno y me dice que se lo venda a la tasación del banco. Eso hicimos”, narra.

Sobre la participación de Díaz, plantea que él le ofreció sumarse a la compra de paños, porque era un buen negocio y que posteriormente lo agregó también a la venta.

En cuanto al testimonio de Robles que lo inculpa, detalla que se reunió en 2014 con él por intermedio de un funcionario municipal. “El señor Robles le robó las escrituras al señor Tizza y me dice que me las entrega si le pago $20 millones y una camioneta. Yo le dije, y tengo testigos, que yo no tenía nada que temer porque hice un negocio totalmente legal”, señala.

LA VERSIÓN DEL DUEÑO DE CTS
En su declaración, Christian Tizza Martínez relata que “nuestra base de operaciones en Talca, arrendada junto a la adjudicación del año 2009, estaba ubicada cerca de una bomba de bencina ESSO en el centro de la ciudad (frente a una iglesia). Ahí construí baños y oficinas, más talleres y otras construcciones para el servicio. Todo se destruyó para el terremoto, no pudimos seguir operando ahí. Por eso llamó uno de los supervisores (Gastón Muñoz), dando cuenta de lo ocurrido y la situación al momento. A los pocos días después se le instruyó ubicar un lugar donde estar (estábamos en la calle). Él nos señaló que había encontrado un galpón desocupado y que podía servir y se le instruyó contactar a su dueño o encargado. Él se contactó con Octavio Marín, jefe de operaciones de CTS y le indicó que había ubicado al encargado del lugar, de nombre Marcos, quien le habría enviado a hablar con la Empresa Santa Malva. Gastón consiguió el Galpón y se arrendó. Este arriendo fue por la suma de $500.00, no se hizo contrato escrito (…) Sólo unos dos o tres meses después de que mi empresa ya estaba instalada en el nuevo galpón, supe que era del Alcalde”. En 2014, volvió a hacer uso del galpón del Alcalde, pero esta vez sólo pagaron los costos de luz y agua.

En junio de 2013, en una conversación casual en la plaza de Talca con Valdebenito (quien fue jefe de gabinete de Castro), se inició, sostiene, el negocio de los terrenos. “Le indique que estaba buscando un terreno para poder tener un lugar definitivo, dado que la bodega del señor Tigero tenía muchos reclamos de los vecinos por lo ruidos, los camiones tenían que lavarse afuera de la instalación en la Copec cercana, más la condición de que se me renovaba el contrato por dos años mas con una canon de arriendo de $1.800.000 pesos, razón por lo cual Valdebenito me indicó que tenía un terreno y que si me interesaba lo fuera a ver. Con respecto a lo que se me consulta debo señalar que, en esa oportunidad sí sabía que el señor Valdebenito Mansilla, era jefe de gabinete de la Municipalidad. Yo no sabía sobre la eventual dificultad que podría generar una posible negociación entre él y CTS a titulo privado”, precisa.

Tras el primer encuentro, Tizza pidió un “informe previo a la Municipalidad de Talca, específicamente a la dirección de obras, del cual me indicaron que el terreno era mixto, para el uso de talleres y apto para lo que necesitaba”. Luego, relata, se enteró que además de Valdebenito estaba involucrado Díaz Avendaño en la operación. “Lo reconozco como administrador Municipal de Talca, no sabiendo que la compra de unos terrenos le podría generar un tipo de inconveniente”, recalca.