Seguramente este viernes quedará registrado para siempre en la historia de la casa real española, esto porque por primera vez un miembro de la familia fue condenado en democracia a pasar unos años tras las rejas.

Durante la mañana, la Audiencia de Palma condenó  al esposo de la Infanta Cristina y por tanto cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin, a seis años y tres meses de cárcel por un caso de corrupción vinculado con el Instituto Nóos, la asociación sin fines de lucro que él presidía.

La Infanta, por su parte, fue absuelta de la cana, pero deberá pagar junto a su marido 265.000 euros (unos 282.000 dólares) en calidad de corresponsable civil a título lucrativo.

Según recoge la agencia EFE, las sentencias, que incluyen a otras quince personas por desvío de fondos públicos, entre otros delitos, pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

“Respeto absoluto a la independencia del poder judicial” fue la reacción de la Casa Real que dirige Felipe.

El principal acusado en el caso, Diego Torres, ex socio de Urdangarin, fue condenado a ocho años y medio de cárcel por cinco delitos de corrupción.

El fiscal Pedro Horrach anunció tras conocer el fallo que valorará “casi de forma inmediata” si pide el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin y de Diego Torres.

Una historia de luces y sombras

Urdangarin saltó a la fama cuando, como miembro del equipo de handball del Barcelona, ganó con España la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992.

Es el penúltimo de siete hijos de Juan María Urdangarin, un ingeniero industrial fallecido en mayo de 2012, y Clara Liebaert. Pasó su infancia y juventud en Barcelona, donde su padre fue trasladado por motivos de trabajo.

Tras un paréntesis de dos años en la ciudad vasca de Vitoria, regresó a Barcelona a los 18 años para estudiar Empresariales y compatibilizar los estudios con el deporte.

En 2000, tres años después de casarse con Cristina, puso fin a su carrera deportiva.

Junto a Diego Torres, también condenado hoy a prisión, Urdangarin fundó en 2004 el Instituto Nóos y, de paso, la estructura societaria que les permitió obtener de manera irregular varios millones de euros de diversas administraciones públicas.

Urdangarin ocultó buena parte del dinero a través de la empresa Aizoon, de la que era titular al 50 por ciento con la infanta Cristina.

El yerno del rey Juan Carlos presidió el Instituto Nóos hasta marzo de 2006, un mes después de que se despertara la sospecha de los negocios turbios.

En junio de 2006, Urdangarin fue nombrado consejero de Telefónica Internacional, filial del Grupo Telefónica, y tres años después fue enviado a Washington junto con la infanta y sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene.

Fue durante su estancia en Estados Unidos cuando el juez que ha llevado el caso empezó a investigar los negocios de Nóos, lo que llevó a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares a registrar la sede del instituto en noviembre de 2011.

Pocas semanas después, la Casa del Rey apartó a Urdangarin de las actividades oficiales de la Familia Real al considerar que su conducta no había sido ejemplar y, unos días más tarde, fue citado por el juez a declarar como imputado.

Fue entonces cuando comenzaría el calvario judicial y social para la infanta y su esposo.

El posterior traslado del matrimonio a Ginebra, tras un breve paso por Barcelona una vez que se desvinculó de Telefónica, no aplacó la presión sobre Urdangarin, puesto que todos los indicios de la investigación apuntaban a que no podría eludir ni el juicio, ni la condena.

En junio de 2015, Felipe VI, ya en el trono, se distanció de su hermana al revocar el título de duquesa de Palma que ostentaba junto con su esposo desde 1997.

Fue el último gesto de rechazo del rey por las consecuencias de la mancha causada por un caso que puede acabar con Urdangarin en prisión, a expensas de cómo se resuelvan los posibles recursos ante el Tribunal Supremo de la condena dictada hoy.