A inicios de septiembre de 2018, una Comisión de Observación del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL)- Oscar Romero, integrada por dos chilenos, visitó los actuales campamentos de Llano Grande (Debida) y de San José de León (Mutatá), ambos en la provincia de Antioquia, Colombia. El objetivo de la visita estuvo centrado en la confirmación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados entre la guerrilla y el gobierno en La Habana, en el 2016.

Entre los principales puntos de los Acuerdos de Paz destacan los siguientes:

a) los líderes de las FARC no cumplirán prisión efectiva, con la condición de reconocimiento de sus actos ante el Tribunal.

b) Los comandantes guerrilleros podrán participar en política, no obstante haber perdido garantías existentes en el primer Acuerdo, anterior al plebiscito, respecto del financiamiento del futuro partido político y la cantidad de curules en la Cámara de Representantes.

c) Se ha establecido un límite de tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz.

d) En relación a la reparación a las víctimas, las FARC se obligan a hacer un “inventario de bienes y activos”. El perdón será colectivo.

e) En relación al narcotráfico: las FARC deberán aportar información detallada sobre rutas de la droga y otros aspectos, comprometiéndose a desligarse de los clanes mafiosos en las regiones estratégicas.

f) Los militares y policías no tendrán un juzgamiento distinto al de los guerrilleros.

g) Se establece el reconocimiento de padecimientos de las mujeres y minorías étnicas.

h) El período de posconflicto se extiende a 15 años.

Al respecto, una fuerte preocupación de los ex guerrilleros es que el gobierno no está cumpliendo los compromisos de los Acuerdos de Paz y, por lo mismo, no se encuentra garantizado el éxito de los mismos, lo que significaría el riesgo de la no desaparición del conflicto armado. El incumplimiento de los Acuerdos podría llevar al retorno de las armas de los mandos intermedios de la ex guerrilla. Frente a este riesgo, han surgido organismos configurando una formación de acción no-violenta, exigida por quienes han dejado las armas por convicción.

Por de pronto, no obstante haberse firmado los Acuerdos de Paz, no se ha cumplido con el derecho a indulto o amnistía para los guerrilleros que se encuentran encarcelados. No existe presupuesto para la implementación de los Acuerdos, por lo que ha estado apelando a la cooperación internacional en relación a la obtención de recursos para el tránsito a la vida civil en fase de reinserción, por lo que tampoco se han creado las necesarias instancias de desarrollo de las “Zonas de Formación y de Reintegración”. A pesar de todo, se mantiene la esperanza de alcanzar la paz, puesto que de no ser así, el país volvería a un círculo interminable de violencia.

Los ex guerrilleros se encuentran reunificando a sus familias. Quieren trabajar sus campos, tras una vida enfrentando diariamente la muerte. Las comunidades muestran una impecable organización interna mientras esperan la ayuda prometida. Han levantado modestas viviendas y espacios comunitarios. Han avanzado en la inserción con los vecinos, también campesinos reprimidos por el ejército y los paramilitares. Carecen de mayores formas de seguridad: desde la firma de los Acuerdos hasta septiembre de 2018, han sido asesinados por paramilitares más de 450 líderes sociales, entre los cuales se cuentan 74 ex FARC.

Como personas politizadas, los ex guerrilleros están conscientes de las dificultades encerradas en los Acuerdos. Pero, como “amerindios”, son respetuosos de la palabra empeñada, por lo que no dudan en afirmar: “hemos entregado las armas tal como nos comprometimos”.(…) “Estamos cumpliendo nuestra palabra y vamos a seguir hasta lograr la paz que nuestro pueblo merece”. (…) “Seguimos fieles a nuestros ideales, que ahora perseguimos en el ámbito de la paz”. No obstante, también sostienen que no es paz si no hay derechos elementales, si hay hambre, si los niños mueren en las puertas de los servicios de urgencia donde no les atienden por ser pobres.

Las comunidades mantienen un representante de la ONU, un representante del gobierno y guardias del ejército, como garantes de los compromisos contraídos. Los ex guerrilleros afirman que “se entienden mejor con los militares de a pie que con los políticos de élite. Con los militares nos matábamos sin conocernos. Ahora nos conocimos, porque todos somos igualmente campesinos”.

Los ex FARC están confiados en el cumplimiento de los compromisos por parte del gobierno, de tal manera que el proceso avance y no se quiebre, aunque muchos políticos y medios de comunicación están contribuyendo a la generación de un clima de violencia y de guerra. Nos consta que los ex FARC buscan un país más justo: quieren tierras para trabajar y producir alimentos, por lo que es fácil percibir que la necesidad de una reforma agraria es el nudo más grave y aún no afrontado en Colombia.

Los ex guerrilleros han agradecido la visita de la Comisión de Observación de SICSAL, por tener carácter internacional. Ellos consideran importante que todo el continente y el mundo estén al corriente de este proceso de paz., lo que implica difusión y presión respecto del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y proteja la vida de los que están desarmados. El Estado de Chile debe ejercer su rol de acompañante de este proceso de paz.

*Por Jose Frías del Santo. Miembro del Comité Oscar Romero – Sicsal Chile.