Columna de Rabindranath Quinteros: Confianza en las regiones

El Presidente ha convocado en su Cuenta Pública a una Mesa de Trabajo sobre descentralización “para que proponga con urgencia perfeccionamientos a la legislación y las correcciones necesarias”.

Es extraño este anuncio.

Si se requirieran modificaciones urgentes, me pregunto ¿por qué el Gobierno no ha identificado estos problemas en lo que va de estos 15 meses de gestión? ¿por qué no envía las propuestas desde ya al Congreso para su rápida aprobación?

Es más, en estos quince meses el Gobierno ha mantenido cuatro mesas de negociación con la bancada regionalista. Si eran temas tan acuciantes ¿por qué no los trató en ese marco?

Si verdaderamente se persigue corregir errores evidentes, entonces el proyecto tendría fácil despacho y seguramente sería aprobado unánimemente.

Pero mucho me temo que el interés del Gobierno es otro, y no es sino contar con un respaldo más o menos transversal para postergar las elecciones de gobernadores regionales del próximo año o, si no hubiera piso para ello, limitar o moderar las competencias de las nuevas autoridades.

Pero el discurso es otro. Se dice que el propósito solo es implementar la ley.

Es curioso, pero es primera vez que veo un Gobierno ansioso por compartir sus funciones propias, porque está claro que implementar o aplicar la ley es una tarea netamente ejecutiva.

Además, hay que decir que el Gobierno ha sido renuente a cumplir sus obligaciones.

De ocho reglamentos que debía haber dictado, solo ha promulgado dos.

No se trata de materias muy complejas técnicamente. Lo que ha faltado es voluntad política.

Y esto se advierte en la misma cuenta pública, en que el Presidente no ha siquiera mencionado la elección de gobernadores regionales.

Chile es un país muy centralista. Lo he pensado siempre, toda mi vida la he hecho en regiones. He sido intendente y alcalde. Y ahora, como parte del Congreso Nacional, me doy cuenta que el centralismo es mucho más fuerte y extendido de lo que sospechaba.

He aprendido a reconocer que el centralismo tiene mil caras y mil argumentos.

A veces, se viste como política de Estado, como si el Estado solo fuera su nivel central; como si los altos intereses solo pudieran ser defendidos desde Santiago y todo lo que venga de regiones fueran intereses particulares.

Se dice que hay que evitar los conflictos que surgirán entre el delegado presidencial y los gobernadores regionales, cuando en verdad, la mayor parte de los conflictos en regiones se deben a la falta de atención del nivel central.

Se argumenta que se necesita más control y más transparencia, en circunstancias que los mayores escándalos que ha conocido el país, se han presentado en las instituciones más centralizadas.

Se plantea que hay que garantizar que el nuevo Gobernador Regional disponga de suficientes competencias para cumplir con las expectativas de la ciudadanía, pero lo dice un Gobierno que redujo la transferencia de competencias de 40, que tenía preparadas el gobierno anterior, a solo 15.

Se insiste en que es necesario contar con la ley de rentas regionales, y tienen razón. Efectivamente es preocupante el atraso, pero esto es una atribución y responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.

Naturalmente, no creo que la sola elección de los gobernadores regionales será una solución mágica para todas las demandas de las comunidades regionales.

Tampoco creo que su gestión estará exenta de conflictos.

Tendremos un delegado con poder sobre todo el aparato estatal presente en las regiones, expresado en seremis y directores regionales, pero sin presupuesto propio.

Y tendremos un gobernador regional sin gabinete regional, sin seremis ni directores, solo con una organización pequeña de seis divisiones, pero con capacidad de decisión sobre un presupuesto de inversión importante.

Esta realidad obligará a la colaboración y a la complementación.

La región ganará porque el delegado deberá gestionar más activamente recursos sectoriales para la región; y el gobernador deberá ser menos complaciente con el nivel central para exigir el cumplimiento de los convenios de inversión.

Ambos estarán limitados: el delegado, por el nivel central, y el gobernador por los consejeros regionales.

Por cierto, hay temas que deben resolverse.

En las condiciones actuales, no creo que la prioridad sea aumentar las competencias para los gobiernos regionales, sino que implementarlas. Pero mientras el Gobierno no dé señales claras respecto a su compromiso con la elección, todo será contaminado por esta incertidumbre.

Mucho se habla sobre la crisis de confianza en las instituciones. Si queremos recuperar la confianza de la gente, lo primero es confiar en las regiones, en sus comunidades y en su capacidad para gestionar su territorio.