Caso Caravana de la Muerte en Valdivia, 20 años sin respuestas: “Los familiares están falleciendo esperando justicia”

La Caravana Valdivia es uno de los episodios del bestial paso, de sur a norte, de la comitiva enviada por Augusto Pinochet, e integrada por Sergio Arellano Stark y otros miembros de las Fuerzas Armadas de Chile tras el golpe militar. Puntualmente, en esa ciudad, la caravana ejecutó a 12 personas el 3 y 4 de octubre de 1973, entre las que se encuentran Gregorio José Liendo Vera, Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Purísimo Barría Ordóñez, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner.

Tras 20 años, y aunque parezca increíble, todavía no hay justicia en el caso de estas personas. “Hace un mes solicitamos una reunión con el ministro Javier Moya, Presidente de la Corte de Apelaciones, con el fin de manifestarles nuestra molestia con el retraso de una causa que tiene décadas. Este año se cumplen 20 años desde que interpusimos querella”, dice Fernando Krauss, hijo de Víctor Fernando Krauss, uno de los ejecutados por la Caravana Valdivia con 24 años, quien era Secretario Regional del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR).

“La justicia ha tardado una enormidad, durante la dictadura no hubo posibilidad de acceder a la justicia y a principios de los años 90 tampoco. Estamos hablando de 20 años y todavía estamos en el proceso penal, con condenas de primera instancia. Algunos se escudan que es porque así funciona el antiguo sistema, pero el punto relevante acá es que el estado de Chile en sucesivos momentos ha hecho el compromiso con la sociedad de avanzar en estos casos que son de los peores crímenes de nuestra historia. Se agruparon las causas y se asignaron jueces a estos casos y así una serie de medidas más, pero todo el procedimiento que se aplica termina alargando los procesos y eso implica que los familiares están falleciendo esperando justicia o el fallecimiento de los responsables de estos crímenes”, dice Krauss en conversación con The Clinic, para quien hay una “clara denegación de justicia”.

¿Qué respuesta han recibido de parte de la justicia?

-Que se hacen los procedimientos correspondientes pero creo, personalmente, que no hay ninguna causa que justifique que un proceso esté 20 años sin poder ser cerrado en términos judiciales. Nosotros tenemos una sentencia en primera instancia pero, por ejemplo, el criminal Santiago Sinclair (quien luego se desempeñó como vicecomandante en jefe del Ejército) se ha negado en dos oportunidades a hacerse los exámenes médicos antes de cualquier cosa. Claro, podría estar en su derecho pero eso es una estrategia de dilación de los inculpados para que no se pueda avanzar en la búsqueda de la justicia. El caso se puso recién en tabla ahora, una vez que nosotros mandamos las cartas, para ser visto en la Corte de Apelaciones. Ahí cambian los relatores y ellos tienen que tener no sé cuánto tiempo para ver la causa. Por ejemplo, si tú mandas un oficio al Servicio Médico Legal para que se hagan unos exámenes, se pueden demorar tres o cuatro meses, o más en que se ejecute la orden si es que la persona está dispuesta a hacerlo. Son puros procesos dilatorios con lo que no se cumple la real voluntad que ha manifestado públicamente la justicia en Chile, que se supone que quiere avanzar en estos casos. Una cosa es lo que se declara y otra cosa es lo que sucede.

¿Qué hay del fallo del año de finales de 2017 de la ministra Patricia González donde se condenó a Pedro Espinoza Bravo a 18 años por la autoría de crímenes, y a Carlos López Tapia y Humberto Guerra a 12 años por ser cómplices de estos delitos?

-Entiendo que en el caso de Pedro Espinoza él ya estaba preso por otros casos anteriores como es el asesinato de Orlando Letelier, y creo que por otros de la caravana, que es un caso que parte en el sur y termina en el norte, – como narra, por ejemplo, el libro “Los zarpazos del Puma” de Patricia Verdugo. Él está procesado por otros casos también, y entiendo sigue detenido. Hay un montón de otra gente que fue parte de esta operación y estas ejecuciones que fueron los fusilamientos en Valdivia. Sin embargo, no ha habido nadie que haya cumplido un solo día de pena por estos crímenes, porque todavía se está en apelación de la condena en primera instancia de ese mismo fallo de 2017.

¿Qué sensación te deja la visita del jueves al ministro Javier Moya? 

-Primero la agradecemos, porque fue una respuesta relativamente rápida y pudimos plantear nuestro punto de vista. De todas maneras, la sensación que nos deja es que todo está diseñado para dilatar el cumplimiento de la justicia, y lo digo muy responsablemente, todo lo que se dijo del avance en estos casos, termina no resultando en la realidad. No hay una explicación para un proceso de estas características habiendo habido antecedentes como el Informe Rettig, conversaciones y acuerdos entre los gobiernos con FF.AA en algún momento, y así. La sensación es de bueno sí, nos reciben, pero no hay certeza del avance en esta materia y si se producirá un cambio. Reitero que uno queda con la sensación de denegación de justicia, de que los criminales nunca irán a prisión.