Columna de Carolina Urrejola: La semana negra de la justicia

Un juez de primera instancia ordenó autorizar que cuatro reos del módulo de Alta Seguridad de la cárcel de Santiago accedieran a videollamadas con sus familiares. Paralelamente, los 21 jueces del tribunal de última instancia se reunían en sucesivos plenos de emergencia para resolver si compraban o no autos de súper lujo para sus traslados por la ciudad. Grave e indignante.

Daniel Urrutia es un juez justiciero. Se reconoce como un niño terrible. De hecho, eso dice su estado de WhatsApp, enfant terrible. El año 2005 demandó, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la justicia chilena, que lo había sumariado por establecer, en una tesis académica, que la legislatura chilena fue cómplice de las violaciones a los derechos humanos. La Corte Suprema lo consideró una falta de respeto. Urrutia ganó y el Estado de Chile tuvo que pagarle casi 30 mil dólares.

Desde entonces el niño terrible no ha dejado de polemizar con sus superiores, lo que le ha valido sumarios, amonestaciones y amenazas de traslado a tribunales menores. Como ciudadano, tuvo mal ojo. Apoyó a Rodrigo Rojas Vade en la primera Convención Constitucional. Como juez, había intentado sacar de la cárcel a 13 “primera línea” del estallido social.

En una entrevista el 2020, Urrutia dijo que la estructura de la justicia chilena es colonial y busca oprimir al pueblo. Tuiteó además que era necesario refundar una justicia heteropatriarcal servil, machista y colonial.

Obviamente él puede tener las ideas justicieras que prefiera, y defender con vehemencia los derechos humanos de detenidos y condenados, pero lo que sorprende y enoja es que promueva esas ideas a través de sus dictámenes y fallos. “Atornilla al revés”, es una de las críticas que se ha escuchado, porque la decisión de Urrutia va en contra de los esfuerzos que hacen otros organismos del Estado en favor de la seguridad pública.

Los casi beneficiados no son presos comunes. Son acusados de secuestro extorsivo, trata de personas para la explotación sexual e incluso uno es el imputado del asesinato del carabinero Daniel Palma. Estos sujetos recibieron la benevolencia de Urrutia, que ordenó que se comunicaran con sus madres y parejas.

Es cierto que los derechos humanos no se pierden jamás, pero convertirse en un militante del asunto desde la magistratura, le hace un flaco favor a la propia doctrina de los DD.HH. Los delitos son tan graves que resulta frívolo hacer activismo a costa de la seguridad de la población.

Lo más triste del caso, es que mientras esto pasaba, los supremos se movilizaban, alterados, por las repercusiones de la compra de los 22 Lexus de casi 60 millones de pesos. Tres plenos de emergencia tuvieron los jueces en apenas cuatro días. No tengo recuerdo de tanta celeridad suprema en ningún otro caso. Puede que yo tenga mala memoria. Pero indigna, nuevamente, la frivolidad, la falta de criterio y de consideración con la realidad de nuestro país.

Esta fue una semana negra para la justicia chilena. Con sus acciones, Urrutia y los supremos empañaron el trabajo profesional y dedicado de cientos de funcionarios de la administración judicial, que no aspiran ni al lujo ni al protagonismo narcisista.