En mayo pasado, los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (Andrés Allamand, Francisco Huenchumilla, Víctor Pérez, Felipe Harboe y Alfonso De Urresti), le pidieron al fiscal nacional Jorge Abbott que les respondiera lo siguiente: “El número de personas que, en los últimos cinco años, han sido sujeto de interceptación telefónica, y a cuántos de los afectados por tal interceptación se les notificó de esta medida”. Esto, porque según dictamina el Código Penal, cuando el resultado de las interceptaciones telefónicas es irrelevante para una investigación judicial, los afectados deben ser notificados de que hubo una intromisión en sus comunicaciones y debe recibir prueba de que dicho registro fue completamente eliminado.

Abbott respondió a comienzos de julio, en un oficio en que explica que el Ministerio Público registra en un sistema denominado RESIT un listado de las intrusiones solicitadas, pero no “la identidad” de los afectados por la medida, ni tampoco las grabaciones. Argumentó que es cada fiscal quien valora la relevancia o irrelevancia de las escuchas telefónicas que hace y que cuando hay formalización de un imputado, o sentencia absolutoria o condenatoria, esa persona está en condiciones de enterarse de las conversaciones que se usaron como evidencia. Pero que, cuando esto no ocurre, cuando el caso no prospera, es cada fiscal quien pondera qué hacer con el material obtenido. Por ejemplo, afirma, si el caso fue archivado “provisionalmente” (lo que ocurre con la mayoría de las causas en Chile, en torno al 50 por ciento del total), los fiscales pueden retener ese material pues, eventualmente, el caso puede reabrirse en el futuro (aunque raramente ocurre).

Entre los cinco años que van de 2014 a 2018, las interceptaciones telefónicas aumentaron de poco más de 18 mil a unas 24 mil 300, según informó Abbott a los senadores. La suma total de grabaciones en ese período sumó 106.229.

La Comisión consideró insuficiente la respuesta, pues Abbott no respondió a cuántos de los afectados por grabaciones sin valor judicial se les notificó que aquello había ocurrido y reiteró la solicitud, que aún no recibe respuesta.

¿Cuál es la preocupación que tiene el Senado respecto de las grabaciones o intercepciones telefónicas que ordenan los fiscales?
-Los cinco integrantes de La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acordamos, de manera unánime, en mayo pasado, enviar un oficio al Ministerio Público solicitando información por el proceso a través del cual se realizan las intercepciones telefónicas y, principalmente, cómo se cumple lo que establece perentoriamente el artículo 23 del Código Procesal Penal sobre cómo debe procederse en el proceso de escucha. Esto se dio porque estábamos discutiendo un conjunto de facultades adicionales que se le quieren otorgar, a propósito de la Ley Antiterrorista. Revisando las normas, vimos que el artículo 223 establece, específicamente, que cuando se producen interceptaciones en virtud de la la Ley de Drogas u otras, se produce información residual. Es decir, personas que son interceptadas en sus comunicaciones, pero cuyo contenido no aporta (a la investigación de un delito). Son irrelevantes para la investigación y, en ese caso, expresamente, dice el Código esas personas tienen que ser notificadas una vez terminada la investigación.

¿Hay que notificarles que fueron grabadas?
-Sí, y además se le tiene que entregar el documento destruido. Esto es muy relevante, porque pedimos el número de interceptaciones que se hacen y son miles. Por tanto, son miles las personas cuyas comunicaciones han sido interceptadas sin que eso tenga relevancia en una investigación. Simplemente, porque su número apareció en algún lugar, lo que se denomina información residual. Solicitamos al fiscal nacional que nos diga dónde está el registro de esas personas que fueron grabadas en esta categoría. Hemos consultado con distintas fuentes y a través de diferentes medios y no conocemos a nadie, absolutamente a nadie, a quien un fiscal haya llamado y le haya dicho: “Señora o señor tanto, usted fue interceptado porque su número apareció en la agenda de alguien”. Podría ser que un excompañero de curso tuyo, de 30 años atrás, está involucrado en una situación delictual, le interceptan los llamados y te graban a ti, porque a propósito de cualquier situación, justo lo llamaste.

¿Podría ser para organizar la fiesta del aniversario desde que saliste del colegio?
-Por ejemplo. Entonces, hay una orden expresa de lo que se debe hacer con esa grabación porque, desde el punto de vista de garantías constitucionales, uno tiene que tener la tranquilidad de que no vive en un Estado policial, un Estado que podría usar esa información para otros fines ¿Cuánta interceptación hay? Eso es lo que nos preocupó de manera unánime. Además, esta solicitud atañe también a otros aspectos, como el secreto profesional, en el caso de abogados, periodistas, o confidencialidad de otro tipo. Se trata de conversaciones privadas que quedan a disposición de funcionarios públicos y sin informar a los afectados. Para nuestra sorpresa, nos respondieron la cantidad de interceptaciones, pero no de lo demás que pedimos.

¿Qué les dijo Abbott?
-Con fecha 7 de julio nos entregó una serie de antecedentes, pero respecto de la obligación de notificar y destruir las informaciones “residuales”, no se pronuncia. Simplemente, en el punto D, afirma: “De igual modo, es sabido que el Código Procesal Penal contiene una ponderación radicada en el fiscal adjunto que investiga acerca de las relevancia o irrelevancia de la comunicación obtenida con la técnica especial de intercepciones telefónicas, para evaluar si entrega o no la información a los afectados”. Pero no dice dónde están (esas grabaciones), cuál es el registro, ni el listado de las personas a las que hay que devolverles (el contenido) y comunicarles. Causó sorpresa en la Comisión que no hubiera una respuesta concreta y le reiteramos, posteriormente, que aclarara esta situación, pero a casi un mes no hemos tenido contestación. Esto, claramente, nos pone en alerta, porque aquí hay algo de descontrol, hay un incumplimiento grave por parte de la Fiscalía de una norma expresa.

NO SE CUMPLE LA LEY

Norma expresa, para que se entienda, significa una norma que hay que cumplir, sí o sí.
-Claro. Si fuera “facultativa”, se le permitiría al funcionario ponderar las circunstancias. Pero este no es el caso. En la respuesta, el Fiscal Nacional algo avanza, señalando que en algunas situaciones la información puede ser retenida para ser usada en otro momento. Está bien, si hay una gran investigación de drogas o de situaciones graves, tú puedes aceptar que quede información retenida para una evaluación posterior, pero, claramente, queremos saber cuántas miles de personas, comunes y corrientes, fueron interceptadas en sus comunicaciones y no se ha cumplido esta norma. Lo que tiene que explicarnos el fiscal nacional es: ¿Por qué no se ha hecho? Esto está afectando derechos ciudadanos y, también, me imagino a miles de personas, cualquier ciudadano que pudiera haber visto interceptadas sus comunicaciones y utilizado su contenido hoy día no sabemos para qué fin. Eso es lo más alarmante: el incumplimiento de normas y utilización de información para fines que, claramente, la fiscalía no explica.

El fiscal nacional, en su respuesta, señala que muchas veces se interceptan números que no están asociados a una persona, porque los chips se intercambian y no es posible establecer a quién pertenecen.
-Lo entendemos absolutamente y eso es parte de una práctica delictual corriente: cambiar chips y tener varios teléfonos, pero aquí hay dos cosas: en primer lugar, los tribunales de garantía debieran poner atención sobre esto, porque son ellos los que autorizan estas interceptaciones y no puedes estar autorizando solo números que se entregan en listados de 10, 20, sin identificar a personas con nombres y apellidos ¡No me van a decir que estas miles de interceptaciones son todas con teléfonos sin identificación! Eso es lo grave, entender dónde está esa información, cómo se utiliza y si eso no es fuente de extorsión, posteriormente. La conversación privada es inviolable. Desde el punto de vista de garantías constitucionales, tú tienes el derecho de tener una conversación privada, que no sea difundida. Su contenido es parte de tu identidad, tus conversaciones con tus seres queridos, con tus amigos, y no tienen por qué estar siendo difundidas. Aquí, claramente, hay una omisión grave, que el Ministerio Público no ha querido aclarar. Es probable que en un porcentaje de los teléfonos intervenidos no se pueda identificar al dueño, pero ¿y el resto? Insisto, no conozco a nadie a quien un fiscal lo haya llamado para decirle que una conversación suya fue grabada por accidente y que le entregue prueba de que el contenido fue destruido.

¿Y lo han buscado?
-Lo hemos buscado. Una persona que diga: “A mí me comunicaron que me interceptaron el teléfono hace tres años, porque llamé a un excompañero del colegio”. Esto es grave y más grave aún es que en este oficio de respuesta no se entregue ninguna información. Se trata de sugerir que se trataría de responsabilidades de los fiscales que llevan las investigaciones, pero independientemente de eso, esta es una obligación del Ministerio Público.

¿Hay un reconocimiento de que, por lo menos, en el universo de las indagatorias que no llegan a juicio, que es el mayor, los fiscales no cumplen la ley?
-Claro, pues aún en los casos que no prosperan debiera respetarse esta norma. El artículo dice claramente que toda interceptación tendrá que ser comunicada ¡Esto es una flagrante violación a una norma legal! Es un terreno oscuro indefinido que se puede prestar para muchos abusos y por qué no decirlo, extorsiones en el futuro, especialmente después de lo que hemos visto con las acusaciones cruzadas de dos fiscales relevantes en la Región de O’Higgins. Esa situación puede estar, perfectamente, más expandida, donde cada fiscal, las policías o no sabemos quién, podrían tener una colección de grabaciones de conversaciones privadas, sin ninguna supervisión. Podrían estar incluso en manos de terceros para utilizaciones absolutamente reñidas con la ley.

ENORME DESCONTROL

¿Tienen antecedentes de mal uso de las grabaciones?
-No, pero precisamente por eso en la discusión de un estatuto particular, que es una iniciativa de competencia en materia de Ley Antiterrorista, surgió esta duda. Te das cuenta de que hay un tremendo descontrol de esta técnica investigativa. No desconozco que es una herramienta importante y que debe ser utilizada, principalmente, en la investigación de delitos complejos, pero el Ministerio Público no puede incumplir la ley. El fiscal nacional tiene que actuar y todos los ciudadanos tenemos que saber dónde están esas grabaciones.

En el oficio se ve que ha habido un aumento sostenido de las interceptaciones ¿A qué lo atribuyes?
-A que muchas veces se hace lo que se denomina “pesca de arrastre”. Dices: “Quiero investigar estos 20 teléfonos”, de los cuales algunos estarán absolutamente relacionados con el delito, pero otros se incorporan por si acaso. Se establece un amplio campo de interceptación, sin foco. Entonces, claro, te vas enterando de otras situaciones, que no están en el mandato de la investigación. Puedes vulnerar la privacidad y las comunicaciones de otras personas y si a eso le sumas que no rindes cuenta, que ni el Ministerio Público ni el juez de garantía verifican quiénes están siendo interceptados…

¿Es lo corriente que el juez de garantía sea pasivo, que autorice lo que le pide el fiscal?
-Sí. Creemos que los fiscales debieran estar obligados a justificar mejor este tipo de requerimientos y que luego debieran informar al juez sobre el resultado de la pesquisa, porque en la actualidad el juez aprueba que se hagan las interceptaciones, pero después no recibe un reporte que diga, por ejemplo: “Mire, de estos 20 interceptados, en diez números no se pudo identificar a las personas por cambio de chips; seis personas no aportaron al caso, porque lo suyo era información residual y por lo tanto fueron notificadas; y en estas cuatro efectivamente la medida permitió obtener pruebas”. Esto tiene que ser un elemento de garantía para los ciudadanos y vemos que está absolutamente fuera de control. Es gravísimo.

¿Por qué crees que está fuera de control?
-Creo que en el Ministerio Público, en los últimos tiempos, hay muchos aspectos que están fuera de control. Uno observa con dolor lo que está ocurriendo en la región de O’Higgins, una guerra fratricida entre las dos máximas autoridades del Ministerio Público. O sea, qué puede quedar, qué confianza. En otros lugares hemos visto renuncias de fiscales que se van denunciando y criticando demasiadas cosas. Creo que falta un objetivo más claro del Ministerio Público, más orden. Si uno lo compara con el Poder Judicial, ve que ahí hay una estructura, un respeto institucional, una jerarquía mejor entendida, no hay jueces que andan por la libre. En cambio, en Ministerio Público, lo digo con preocupación, porque es una institución nueva que todos ayudamos a construir, no pasa lo mismo.

¿Es falta de liderazgo del actual fiscal general o es un problema estructural?
-Creo que es un problema estructural. No me gusta personalizar estas situaciones en las jefaturas. Si en este caso puntual se dice que los fiscales adjuntos no están cumpliendo la norma, ni los fiscales regionales, ni la fiscalía nacional, entonces, en realidad no lo está haciendo nadie y el problema es estructural.

Desde el Ministerio Público siempre se atienden con suspicacia las quejas del poder político, porque presumen que este podría querer controlar la institución para para evitar o influir en las investigaciones que le incomodan.
-Todos estuvimos de acuerdo en modificar el modelo antiguo de justicia, que era un sistema oscuro, con secretismos, con secreto de sumario.

Con corrupción también.
-Con corrupción y, sobre todo, donde había un el juez que investigaba, y era el mismo que después acusaba y al final condenaba, como si hubiera podido desdoblarse. Por eso las funciones se separaron y se creó el Ministerio Público. Me parece que la reforma se hizo bien, pero hay elementos en que quedamos al debe. No hay una Academia de Fiscales, por ejemplo. Los jueces tienen su Academia Judicial y cuando ingresan a la carrera, generalmente, lo hacen en funciones de secretario, luego ascienden a juez, y más tarde a ministro. Uno entiende que, más allá de los defectos que pueda tener el sistema, a las Cortes llegan personas con experiencia, que hay una estructura a la cabeza del cual está el pleno de la Corte Suprema y su presidente. Pero en el Ministerio Público muchas veces vemos que los fiscales regionales tienen más fuerza que el fiscal nacional, que se aplican distintos criterios en diferentes partes del territorio, que hacen cuestionamientos permanentes a la autoridad, que se interponen recursos judiciales entre ellos. La autonomía de la institución, que es fantástica, tiene que regirse por normas. Precisamente, se estableció ésta, a cambio de una herramienta investigativa importante, como es la interceptación, para que que no haya abuso y no nos convirtamos en un Estado policiaco, una especie de Stasi en que todo el mundo está pinchado.

MIEDO AL PINCHAZO

Conozco a gente del ambiente judicial que está usando estrategias para comunicarse que sean indetectables, asumiendo que la pueden estar grabando ¿Se ve eso en el mundo político?
-No, pero es que justamente, en la realidad actual, nadie, absolutamente nadie, puede estar tranquilo y decir que sus conversaciones no son grabadas, del tipo que sean: coloquiales, familiares.

Con secretos personales también.
-Claro, pero eso es precisamente lo que se consagra constitucionalmente como principio de libertad, el derecho a la intimidad, el derecho a tener una conversación privada. Yo soy partidario de la absoluta transparencia en las investigaciones, pero no del Estado policiaco. En algún momento, el senador Felipe Harboe planteó que era inaudito que el Ministerio Público tenga una máquina de escuchas, que lo normal es que esté radicada en las policías.

¿Tiene una máquina de escucha?
-Sí. Y cuando se conversó con ellos, en la administración de Sabas Chahuán, dijeron que la necesitaban para contrastar lo que les decía la policía. Nosotros modificamos profundamente el sistema judicial, y en buenahora; hemos apoyado que el Ministerio Público tenga la mayor autonomía posible, pero tampoco puede tener descontrol. Ellos tienen que ser los más celosos en cumplir las normas, porque si no, eso termina debilitando la credibilidad de las investigaciones. O sea, por lo menos en la Alemania Oriental se sabía que las grabaciones las tenía la Stasi, acá no.
Cuando se habla de que tiene que haber más control sobre el Ministerio Público ¿Quién debe ejercerlo? Porque, al final, esa es la discusión de fondo.
-Control ciudadano, en primer lugar.

Es difícil el control ciudadano en este caso, porque nadie sabe si lo están grabando.
-Por eso hemos hecho esta presentación, para saber quién ha sido escuchado y si a la persona le informan que esto ha ocurrido y si, cuando corresponde, efectivamente se destruye la información residual que se obtuvo. Segundo, que el propio Ministerio Público tenga una capacidad de controlar la situación. A mí me sorprende muchísimo que el fiscal nacional nos diga que no tiene un registro y que no nos informe. Tercero, las garantías constitucionales se pueden ejercer, vía amparo u otras figuras jurídicas, para saber si esto efectivamente ocurrió. Cuarto, que el Ministerio Público tenga capacidad de sancionar a aquellos fiscales que no cumplan la norma.

¿Pero eso no se dificulta si se trata de una práctica habitual y extendida?
-Claro. Tú puedes entender que un fiscal tenga una apreciación distinta de si cierta información era residual o era relevante, podrás discutir si esa interceptación que te hicieron correspondía o no, si su contenido puede ser guardado para la investigación potencial de un delito, pero cuando no hay nada, claramente, hay un problema estructural, y la pregunta obligada es qué control están ejerciendo los tribunales. No puede haber un vacío en esta situación de incumplimiento.

En la práctica lo hay, porque el Ministerio Público es un organismo autónomo, que no tiene sobre sí un ente contralor.
-Eso es algo en lo que hay que avanzar. Creo en el control y balance entre los poderes del Estado. Tengo autonomía, pero también tengo control, porque de lo contrario puedes llegar, perfectamente, a situaciones de esta naturaleza. Es lo que hemos visto en Carabineros. Como senador, cuando te informaban que necesitábamos 6 mil efectivos más, uno hacía fe y aprobaba el gasto. Cuando Carabineros se negaba a informar la cantidad de policías, con el argumento de que había un motivo de seguridad, le creías. Y resulta que, en definitiva, había una plantilla paralela de miles de funcionarios que no existían y bajo ese subterfugio se sacaba dinero, el fraude cometido por una institución en la historia de Chile.

¿Esta inquietud no surgió por el temor de los parlamentarios a ser grabados?
-¡No! Por eso hemos invitado al fiscal Abbott a que aclard esta situación porque, insisto, afecta tanto a un ciudadano aforado como a uno de a pie, a un inmigrante o a un funcionario público. Es grave, porque la violación de la intimidad, con este tipo de información puede ser, muy desastrosa y muy agraviante para los derechos de las personas.

Las causas que se archivan, que no se investigan, son mayoritarias en comparación con las que llegan a juicio. Si se cruza ese dato con el aumento de interceptaciones telefónicas, ¿es posible presumir que esas grabaciones realmente se usan muy pocas veces en un proceso?
-El Ministerio Público está por cumplir veinte años y me parece que es un buen momento para hacer un profundo proceso de revisión de sus procedimientos. No puede ser que la única medida de mejoramiento que pidan siempre sea solo aumento de dotación, más recursos, más fiscales. Tenemos muchas investigaciones que no llegan a nada. Me parece que el concepto de la fiscalía es investigar causas que son de alta de connotación pública, que muchas veces no tienen resultado pero sí mucha exposición; pero el delito general, a esa persona que le roban en la calle, al tipo que le hacen el portonazo, la respuesta es archivo, archivo, archivo. Así como el sistema antiguo se reformó porque el secreto de sumario era oscuro, y se prestaba para arbitrariedades, entre otras cosas, hoy tendríamos que pensar en cosas como la especialización de las policías.

Pero las policías tampoco tienen incentivo para investigar, porque se premia el archivo de las causas.
-Aquí es clave mayor especialización, mayor control de gestión no cuantitativa, sino cualitativa. Segundo, audiencias públicas de control. Creo que los fiscales debieran dar una cuenta ciudadana, auditable. Mayor formación y perspectiva de carrera para los fiscales. Se ha abusado de esta figura que se conoce como “sillitas musicales” (los fiscales regionales se mudan a otra región cuando están a punto de cumplir ocho años en el cargo, para esquivar el tope máximo de tiempo en el puesto). Creo que el Ministerio Público necesita dar muestras de hacer una revisión profunda de lo que ha sido su experiencia hasta ahora. Es el momento en que tú dices: “Hemos avanzado, hicimos desaparecer un conjunto de malas prácticas, pero hoy tenemos un conjunto de situaciones que no están dando el ancho”.

El atentado explosivo en una Comisaría de Huechuraba ocurrió después de esta entrevista. El Presidente Piñera reaccionó señalando que invocaría la Ley Antiterrorista, en el contexto de la cual, precisamente, se ha pedido al Congreso aumentar las facultades investigativas, incluyendo las de interceptación telefónica. Preguntamos al senador De Urresti si había cambio de opinión y esto nos respondió:

“Junto con lamentar lo sucedido y condenar el envío de estos paquetes bomba, esto no puede ser usado por el gobierno como excusa para tratar de modificar la Ley Antiterrorista. Lo que tenemos que mejorar son los servicios de inteligencia, el trabajo de carabineros, la PDI, y del propio Ministerio Público para anticipar este tipo de situaciones y, una vez ocurridas, sancionarlas efectivamente”.