“Tomé las decisiones que debía tomar”: Ministro Carroza explicó fallo contra Hernández Norambuena

El ministro en visita, Mario Carroza, detalló la resolución emitida contra Mauricio Hernández Norambuena.

El fallo obliga al exfrentista a dos penas de 15 años de presidio por su responsabilidad en el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, ambos considerados de carácter terrorista. Es decir, se mantendría privado de libertad hasta el año 2046.

El magistrado explicó que la resolución incluye un abono total de 1.256 días al cumplimiento de la pena del condenado por su tiempo privado de libertad en la Cárcel de Alta Seguridad (antes de su fuga en 1996) y los días que estuvo detenido en Brasil.

“Con lo que había cumplido aquí en Chile no habían mayores problemas. Lo que estaba en conflicto era lo que se había cumplido en Brasil. En ese efecto, se separaban dos situaciones: una, el tiempo transcurrido antes de la sentencia del proceso de extradición y otra, cuando ya estaba puesto a disposición de Chile.  Y ahí la discusión estaba en si se consideraba la situación previa al fallo de extradición de parte de Brasil. En este sentido establecí que esa prisión preventiva no correspondía, porque él estaba cumpliendo condena por el crimen de Washigton Olivetto”, aclaró.

Consultado sobre las etapas siguientes, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago señaló que “yo ya tomé las decisiones que debía tomar respecto de la media prescripción y el plazo que debía cumplir (de condena) y con esas dos resoluciones, notificadas las partes, ellos harán valer sus recursos y por eso están siendo notificados, tanto la defensa como los querellantes”.

“Con posterioridad, esperaré que resuelvan los tribunales superiores y conforme a eso ordenaré lo que haya que cumplir a Gendarmería de Chile”, aseguró.

Por otro lado, el abogado defensor del exfrentista, Alberto Espinoza, anunció que buscará impugnar la sentencia del ministro Carroza, mientras que familiares manifestaron su intención de acudir a la justicia brasileña y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).