El año del desfonde supremo

2024 fue también el año de la crisis más aguda de la Corte Suprema desde el retorno a la democracia. El primer capítulo del desfonde se produjo en febrero, cuando se conoció la poco presentable decisión de renovar la flota de autos de los magistrados. ¿El modelo elegido? Lexus ES 300 h, un auto de lujo que cuesta 57 millones de pesos. Se desembolsarían más de 1.250 millones de pesos, aduciendo razones de seguridad. El escándalo arreció y la decisión se revirtió. Fue una señal de desconexión con la realidad que anticipó el desastre que se precipitaría meses después. 

En junio, Ciper reveló conversaciones entre el entonces juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete y el ministro de Defensa de la época, Mario Desbordes, para lograr el nombramiento de María Teresa Letelier como magistrada de la Corte Suprema. Paralelamente, se conocieron conversaciones de Luis Hermosilla para favorecer la llegada de Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Mario Carroza al máximo tribunal. La Corte ordenó una investigación administrativa en la Comisión de Ética. 

Comenzó, entonces, una tensión indisimulable entre los supremos, y los reproches mutuos dividieron al tribunal. Sin embargo, lo peor estaba por venir. El 9 de septiembre, la Corte Suprema anunció la apertura de un cuaderno de remoción contra Ángela Vivanco por siete hechos que podían constituir irregularidades en el ejercicio de su función. La caída de la otrora reverenciada profesora de Derecho y vocera del Poder Judicial, había comenzado. Se la acusó de interferir para que se vieran causas en las cuales tenía intereses, favoreciendo a amigos, parientes o personajes como Guido Girardi o Julio Ponce Lerou, o perjudicando a Codelco por la vía de favorecer a un consorcio bielorruso ligado a un cercano. 

La pareja de Vivanco también salió a baile, por haberle ofrecido prebendas al fiscal regional de Aysén a cambio de que bajara su candidatura a fiscal nacional. La trama quedó al descubierto y la remoción de la jueza se concretó por unanimidad en octubre. El argumento fue que Vivanco afectó los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia. El tiro de gracia se lo dio el Senado, al aprobar la acusación constitucional que la dejó imposibilitada de ejercer cargos públicos por cinco años. 

Paralelamente, se conoció la estrecha e impropia relación del supremo Jean Pierre Matus con el abogado Luis Hermosilla. Sin embargo, magistrados y parlamentarios fueron más benevolentes y logró zafar de una caída que en su momento parecía inminente. Probablemente, influyó en esta decisión que otro importante juez entró al ruedo, en lo que fue interpretado como un empate político entre oficialismo y oposición. 

Sergio Muñoz, emblemático ministro de la Corte Suprema, respetado juez de causas de derechos humanos y muy resistido en el mundo político por los fallos de la Tercera Sala que presidía, también fue acusado constitucionalmente, pero por hechos conocidos mucho antes: haber entregado información privilegiada a su hija, también jueza, y no haber impedido que ejerciera sus labores de manera telemática desde Europa. 

Las cosas, entonces, quedaron parejas. El oficialismo perdió a un juez de sensibilidad de izquierda y la oposición a una jueza proclive a las ideas de derecha. La institucionalidad se sacudió hasta sus bases, en un enfrentamiento entre poderes rara vez visto. 

Las aguas tendieron a calmarse en el Poder Judicial tras este profundo remezón, y juezas como Gloria Ana Chevesic o Andrea Muñoz adquirieron mayor poder. Ricardo Blanco, el presidente del máximo tribunal salió, a pesar de todo, bien librado de la crisis porque pudo convertirse en parte de la solución y no del problema. 

De todos modos una sombra lo cubre en este fin de año: la audiencia que le dio a la abogada Paula Vial, de un día para otro, en el contexto del caso de Jorge Valdivia. La sospecha de privilegios en el tribunal volvió a surgir, aunque la rápida reacción de la Suprema, que fue proactiva y liberó un comunicado de prensa con los antecedentes de la reunión, ayudó a reducir el daño. 

El corolario es triste. El 2024 la desconfianza de la ciudadanía en la justicia se profundizó aún más. Somos el país de la región que menos credibilidad otorga a su sistema judicial.