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Opinión

11 de Enero de 2020

[Columna] Ley antisaqueos: Más que solución, una mera ilusión

Javiera Tapia y Juan Ignacio Latorre
Javiera Tapia y Juan Ignacio Latorre
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Por: Javiera Tapia Pérez, abogada, Magister en Derecho Penal
Juan Ignacio Latorre, senador Partido Revolución Democrática- Frente Amplio

Este lunes se votará en la sala del Senado el proyecto de ley “anti saqueos”, que añade al Código penal una figura de desórdenes públicos, de saqueos, y endurece las penas a todos los delitos contra la propiedad. Hasta ahora, la iniciativa parlamentaria auspiciada por el Gobierno no suena terrible, sin embargo esto puede ser fácilmente revertido por las razones que a continuación se expresarán.

Es de común conocimiento que la clase gobernante, de manera transversal, acude al derecho penal como una herramienta de  solución de problemas sociales, cuestión que no es más que una ilusión. En este supuesto se ubica el proyecto de “anti saqueos”, que si se llega a transformar  en ley, no evitará que manifestantes furiosos, bombas lacrimógenas o el agua del carro lanzagua dañen recintos comerciales o plazas públicas.

Respecto a la nueva figura de desórdenes, creemos que su inclusión dentro de la ley penal común es innecesaria, pues describe conductas que en el actual Código Penal pueden ser castigadas como  desórdenes, daños o lesiones, dependiendo del caso concreto. 

Ahora, si bien es verdad que el ilícito contemplado en la norma antes aludida requiere una   descripción más precisa de la conducta prohibida, por cierto que añadir un nuevo delito no soluciona lo anterior.

Además, resulta excesivo que esta reforma pueda implicar que las personas que lleven a cabo el denominado “el (la) que baila, pasa” puedan ser detenidas por la policía, por considerar que estas han impedido la libre circulación de personas o vehículos con violencia o intimidación.

En cuanto al estatuto excepcional de saqueos, éste contempla una serie de normas que están orientadas a que el juez se vea obligado a aplicar la pena máxima posible.  Su misma redacción da cuenta de  lo innecesario de su creación, puesto que el “nuevo delito” consiste en figuras delictivas que ya existen, acompañadas de circunstancias como actuar en grupo o al amparo de  él, en un contexto de calamidad o alteración pública, cuestiones que ya se encuentran consideradas por la ley penal chilena en el catálogo de agravantes generales.

Apoyar esta modificación conlleva justificar al Estado, en su empleo del monopolio de la fuerza, sin cumplir con los requisitos mínimos para su ejercicio en el contexto de un Estado Democrático de Derecho, puesto que no existe una necesidad de un nuevo delito, al existir diversas figuras que ya castigan las conductas que esta reforma pretende castigar.  Si esta reforma logra disminuir la comisión de los ilícitos, ¿no será mejor opción agotar todas las políticas estatales existentes para ofrecer soluciones, en vez de simplemente aumentar castigos?

Los daños a la propiedad son reprochables, pero no es razón suficiente para apoyar propuestas de castigo más intensas, más aún  si no se obtendrán resultados positivos. Prueba de lo anterior la hallamos en los siguientes hechos: desde 1990, se han efectuado 20 modificaciones al conjunto de delitos contra la propiedad; la cifra de denuncias de estos ilícitos va en aumento, obteniendo un incremento entre el 2018 y 2019 de 16.276 denuncias extras. Esto a pesar de las reformas que obedecen a frases como “mano dura” y “fin a la puerta giratoria”. Esta información se desprende del contraste entre las estadísticas de los años 2018 y 2019, elaboradas por la Fiscalía.

Esta reforma penal es una mera ilusión, pues promete acabar con las conductas que han producido daños en la propiedad pública y privada en el contexto de las manifestaciones sociales, promesa que jamás ha sido cumplida por medidas similares.  Por eso nos resulta incomprensible entender que senadoras y senadores crean y aprueben este proyecto de ley. Proyecto que crea falsa esperanza y que genera otros problemas, como la estigmatización de manifestantes, detenciones arbitrarias, sobrecarga laboral en fiscalías, defensorías penales públicas y tribunales de justicia. Actualmente la población clama por propuestas efectivas y no meramente simbólicas. Chile despertó y ya no se encandila con los destellos del castigo.

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