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11 de Diciembre de 2020Gratuito, obligatorio e incluye menores de edad: Así es el proyecto de aborto que avanza a paso firme en Argentina
Agencia EFE
La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) finalmente fue aprobada en la Cámara de Diputados en Argentina y ahora su último obstáculo es el Senado. La iniciativa era una promesa de campaña de Alberto Fernández y abarca una serie de temas que van desde la objeción de conciencia para el personal de salud hasta la exigencia de "trato digno" para las pacientes que requieran hacerse el procedimiento. Si bien fija las 14 semanas de gestación como límite, hay dos excepciones para practicar un aborto fuera de ese plazo.
Tras una maratónica jornada de 22 horas de discusión, finalmente la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La iniciativa fue ingresada al poder legislativo el pasado 17 de noviembre y durante esta mañana recibió el respaldo de 131 congresistas que votaron a favor, 117 lo hicieron en contra y hubo seis abstenciones.
La decisión final queda ahora en manos del Senado trasandino, donde se espera que la definición sea más ajustada. ¿En qué consiste el proyecto? Revisamos cinco aspectos claves de la iniciativa.
GRATUITO Y OBLIGATORIO
En su definición, la iniciativa establece que, tanto las mujeres como personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen derecho a decidir la interrupción de su embarazo.
El proyecto subraya que todos los sistemas de salud, obras sociales y prepagas del país trasandino deberán garantizar la práctica de manera gratuita y obligatoria.
Para que su cumplimiento sea efectivo, el aborto estará incluido dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) de Argentina. De este modo, ningún centro de salud podrá negarse a cubrirlo.
LAS 14 SEMANAS
La iniciativa fija como fecha límite para practicarse un aborto las 14 semanas de gestación. Sin embargo, hay dos excepciones donde las mujeres podrán interrumpir su embarazo fuera de ese plazo: En caso de violación o en peligro de vida de la madre.
A su vez, los centros de salud tendrán un plazo máximo de 10 días corridos para realizar el aborto una vez que este es solicitado.
MENORES DE EDAD
En el caso de las menores de edad, el proyecto las divide en tres grupos:
-Menores de 13 años: Podrán hacerlo con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o tutor legal.
-Entre 13 y 16 años: En caso de que el procedimiento se deba hacer de manera invasiva (no con medicamentos), se deberá contar con el consentimiento de sus padres.
-Mayores de 16 años: El proyecto considera que tienen “plena capacidad” para pedir la interrupción de sus embarazo.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
El proyecto IVE incluye la objeción de conciencia, sin embargo, este derecho es sólo para el personal de salud que no quiera realizar un aborto, no para instituciones.
La iniciativa exige que dicha decisión se debe mantener tanto en el ámbito público como privado. Además, el profesional deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el aborto y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida “de forma temporánea y oportuna, sin dilaciones” por otro profesional.
El proyecto también establece que el personal de salud no podrá negarse a la interrupción del embarazo en caso que corra peligro la vida o la salud de la madre. Tampoco podrá negarse a prestar atención sanitaria postaborto.
De no cumplirse con esta normativa, el profesional de la salud arriesga sanciones disciplinarias, administrativas, civiles y penales, según corresponda.
TRATO DIGNO
El proyecto también exige al personal de salud un trato digno para las pacientes que requieran practicarse un aborto, esto es, “respetando las convicciones personales y morales de la paciente”.
A su vez, subraya que los profesionales deberán cumplir con un “estricto respeto por su intimidad, dignidad humana y autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la confidencialidad”.
Esto implica que sólo incluirá a su familia o a un acompañante siempre y cuando cuente con la expresa autorización de la paciente. En caso de “injerencias ilegítimas” por parte de terceros, el personal de salud tendrá la misión de proteger a la paciente.
