Entrevistas
11 de Enero de 2021Luis Eduardo Bresciani, arquitecto: “El hacinamiento es una enfermedad peor que el COVID”
No se trata de reconstruir la nueva ciudad post pandemia. Sería repetir lo que ya se está haciendo. “Hay que cambiar radicalmente el rumbo” dice el director de la escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, Luis Eduardo Bresciani. La pandemia dejó, una vez más, al descubierto que el enfoque en políticas de ciudad y vivienda no daban el ancho. No para un tercio de los chilenos que vive en condiciones críticas de espacio o, definitivamente, sin una vivienda digna. El 2020 fue la vida de esas personas la que estuvo en riesgo. Y el 2021, sigue estándolo.
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La desigualdad territorial se ha reflejado en las cifras de la pandemia. Pero eso no es nuevo. Alejandro Aravena, el arquitecto Premio Pritzker 2016, lo analizó en julio con las siguientes variables: pensiones como ingreso familiar, necesidad de trabajar a riesgo de contagio y los metros cuadrados de las viviendas sociales que no tienen la posibilidad de ampliarse.
“Avancemos unos meses más: la autoridad sanitaria dice, quédense en la casa. Pero dado que la pensión es el único ingreso fijo, alguien del grupo familiar, tiene que seguir saliendo. Si algún miembro de esa familia se llega a contagiar, ¿cómo se aísla a un contagiado en un departamento así?”
Lo dijo en una columna en este medio, cuando el llamado de las autoridades sanitarias era claro: #quédateencasa si no quieres contagiarte. Pero no era una posibilidad para la mayor parte de la población que tenía que salir a trabajar y volver a los pocos metros cuadrados donde vivían más de los que cabían. El 32% de Chile, casi dos millones de hogares. Del Chile real, no del “todo Chile” contagiado en Cachagua.
Luis Eduardo Bresciani, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, master en Diseño Urbano de la Universidad de Harvard, tiene esperanzas en que podamos ver cambios, siempre y cuando se reformulen las políticas públicas de ciudad y vivienda.
La inyección de recursos desde el Estado en esta área le parece una buena noticia, sin embargo, pone el punto en un silencio que le incomoda. “Uno esperaría que no solo se hagan más obras, también es necesario hacerlo diferente. En eso he notado un silencio que me preocupa”.
Esos recursos también están destinados a generar empleo.
-Se entiende la necesidad de invertir en infraestructura y vivienda para generar empleo, pero no basta con producir más metros cuadrados. El tipo de proyectos que hagamos con esos recursos también va a definir el tipo de ciudad que queremos. No es más cantidad de presupuesto, hay que pensar en programas que se adecuen a nuevas necesidades.
¿Qué necesidades son esas?
-Sobre todo necesidades de equidad. Eso para mí, se traduce en reconvertir barrios vulnerables, incrementar la construcción de viviendas con integración social, más y mejores espacios públicos, centros de barrios de calidad. Y, obviamente, priorizar la infraestructura para peatones y transporte público, todo desarrollado en procesos descentralizados y participativos.
¿Cómo aporta en esta discusión el Colegio de Arquitectos?
-Todos los gremios profesionales o privados debieran avanzar para construir agendas comunes de transformación del país. Hay que ponerse metas ambiciosas y osadas para el país de los próximos 30 años.
Pero, ¿dónde ha estado el discurso del Colegio de Arquitectos después del estallido y de la pandemia defendiendo temas que son importantes como la vivienda?
-Sin asignárselo derechamente al Colegio de Arquitectos me parece clave que juguemos un rol mucho más protagónico en el debate que se viene este año, sobre todo para construir mejores ciudades. Hay que poner agendas más radicales a los cambios de política habitacional y a la forma cómo se construye el espacio urbano.
Pero no hubo una demanda clara del gremio para el estallido social, donde uno de los grandes temas era lo que estaba pasando con los espacios públicos ¿no se debiera esperar eso del gremio? Como lo hizo el Colegio Médico para la pandemia.
-Una cosa es lo que todos los arquitectos podamos opinar en términos individuales y otra es la labor que los gremios deben ejercer en meterse en la agenda. En eso al Colegio de Arquitectos le ha faltado la capacidad para hacer propuestas, tanto después del estallido social como en la pandemia.
Las nanoviendas de 17 mts2 que aparecieron el 2019 como una “oportunidad” para acercarse a la ciudad hoy son una realidad, pero en el encierro.
-Es terrorífico. La pandemia también agudizó esa percepción del encierro en pequeños departamentos. Si bien para muchas familias acceder a mejores barrios fue una oportunidad de salir de las periferias urbanas, cuando se generan situaciones como la pandemia vivir encerrados no puede ser una opción.
“No veo cómo reducir los altos índices de contagio con la desigualdad urbana que tenemos”.
Al final lo más grave en el encierro es el hacinamiento.
-No hay dudas que el hacinamiento es una enfermedad peor que el Covid. Sólo si miramos la cifras oficiales de calidad y falta de viviendas antes de la pandemia, un tercio de los chilenos vivía hacinado, sin casa y en viviendas deterioradas. Eso empeoró con la pandemia y no conozco una vacuna milagrosa para eso.
¿Cómo hacemos para que la población más vulnerable no se siga contagiando viviendo en condiciones de hacinamiento?
-No es posible. No veo cómo reducir los altos índices de contagio con la desigualdad urbana que tenemos.
LA TENDENCIA A ESCAPAR
A principios del siglo XX, la migración era del campo a la ciudad y ahora vivimos la situación contraria: abandonar la ciudad e irse al campo. Es paradójico que estemos pensando en densificar lugares rurales, que es la razón por la que el Covid se empezó a propagar.
-Claro, la pandemia partió en la frontera de la ciudad y las áreas rurales, en los suburbios de China. Lo que estamos viviendo ha demostrado que no se puede pensar la ciudad sin incluir las áreas rurales. Los territorios son integrales. Se requieren formas de participación distintas y romper las horrorosas barreras que el Estado tiene de tratar las cosas por separado.
¿Cuál debiera ser la mayor preocupación de las regiones para hacer frente a esta tendencia?
-Es que creer que el peligro está en la densidad de la ciudad y escapar es un problema serio. Hay que pensar que lo más grave que se nos viene es el cambio climático y ahí hay algo a lo que poner ojo, si vamos a empezar a migrar al campo. Uno puede ocupar sectores nuevos dentro del territorio, pero las ciudades, en todos lados, deben crecer de manera compacta. La fuga de la ciudad de forma dispersa sólo agudiza los problemas de segregación social y cambio climático.
Igual es un lujo que se pueden dar sólo algunos.
-Claro, sólo lo pueden hacer familias o personas que tienen ingresos per cápita que se lo permiten. Los que tienen la opción de elegir. En la sociedad chilena, un porcentaje alto de la población sigue dependiendo de la capacidad que el Estado tenga de planificar el desarrollo armónico de las ciudades.
Incorporar vivienda y ciudad en la nueva Constitución, ¿debiera ser prioritario?
-Si la Constitución es una oportunidad para llegar a acuerdos sobre el país que queremos, no incorporar el tema de la ciudad y la vivienda sería un error garrafal. No porque se vayan a resolver los problemas tan sólo por estar nombradas, sino porque le da un marco respecto al futuro. La palabra “ciudad” no existe como concepto en nuestras leyes y eso será un problema cuando discutamos temas cómo quién debe tomar las decisiones sobre el territorio o cómo se participa en las decisiones locales que afectan la vida diaria. Sin duda que la ciudad tiene que estar presente en el debate constitucional.
Cómo se debe pensar la ciudad después de la pandemia, considerando que ya aprendimos que estas cosas pasan.
-En algún momento, vamos a salir de esto y la pregunta que debemos hacernos es si tenemos las respuestas para hacerlo bien y no seguir repitiendo los mismos errores.
¿Cuál es el gran error?
-Para responder a las futuras crisis sociales, económicas y ambientales que hoy estamos enfrentando, las ciudades son una solución. Para eso se requiere un nuevo Estado de Bienestar, porque con el tipo de modelo que hoy tenemos es imposible construir ciudades que respondan a estos dilemas.
“La palabra “ciudad” no existe como concepto en nuestras leyes y eso será un problema cuando discutamos temas cómo quién debe tomar las decisiones sobre el territorio o cómo se participa en las decisiones locales que afectan la vida diaria. Sin duda que la ciudad tiene que estar presente en el debate constitucional”.
¿Un atajo podría ser pasar atribuciones que hoy tienen algunos ministerios al nuevo Gobernador Regional?
-El diseño de la ciudad del futuro es esencialmente político. Hay que empujar que esos cambios se produzcan mucho más rápido de lo que estaban pensados, o de lo que algunos querían. Existe una fuerte resistencia aún, en algunos sectores, de evitar esos traspasos de poder a los gobernadores regionales, a los alcaldes y a las mismas comunidades.
¿Pero se pueden pasar todavía nuevas responsabilidades al Gobernador Regional?
-Se pueden cambiar, la ley establece que es facultad del Presidente de la República transferirles todos los poderes que sean necesarios a los futuros gobernadores regionales. Pero es voluntad del Presidente, y es ese presidencialismo el que ahoga a las ciudades y al desarrollo de los territorios.
Fuiste el primer presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Te parecen suficientes los aportes que han hecho durante la pandemia?
-Me parece que las propuestas que hemos generado en los años recientes van en la línea correcta de lo que queremos para las ciudades.
Pero hablemos de la pandemia y del uso responsable que tenemos que tener en la ciudad. ¿Cuál ha sido el aporte concreto?
-(Piensa). Creo que las propuestas han intentado hacer un esfuerzo por ofrecer nuevas miradas frente a la pandemia. Claramente, hemos sido débiles para presionar al Estado y acelerar cambios más radicales, respecto a las políticas e instrumentos que se requieren. Como miembro y past president, me siento responsable por la condescendencia que hemos tenido con el gobierno, diluyendo nuestro rol fiscalizador.