Agencia Uno

Columna de Lucas Núñez y Guillermo Sagredo: Háblame de diferencia

Abordar prioridades y respuestas estatales a los problemas de las personas LGBTIQA+ y quienes vivimos con VIH no puede quedar al criterio de normativas basadas en la igualdad.

A finales de junio del año 2020, como organización de jóvenes que vivimos con VIH, decidimos realizar una publicación con la consigna: “No hay orgullo sin las personas que vivimos con VIH” (PVVIH). Se trató de una reflexión acerca del vínculo histórico entre el VIH/sida, las discriminaciones por orientación sexual e identidad de género,y las luchas por quienes morían sin dignidad ni consideración por causas asociadas al sida. Bien sabemos que las respuestas institucionales vinieron una vez que se comprobó que el virus también perjudicaba a personas cisgénero-heterosexuales. Pero el estigma ha arremetido con fuerza, y la serofobia ha mermado la complicidad que alguna vez existió al interior de las disidencias sexuales y de género.

Un precedente importante fue el rechazo del MOVILH histórico hacia PVVIH (siendo además la razón de uno de los principales quiebres al interior del movimiento gay chileno). Al inicio del supuesto período de transición hacia la democracia, su estrategia se basaba en apostar por la igualdad: para pertenecer a una sociedad en vías de desarrollo, como gays no podían relacionarse con personas consideradas enfermas, por lo que era necesario pasar como iguales y presentarse como individuos productivos. En palabras de la escritora Lina Meruane, la patología se castiga por señalar una contrariedad al nuevo capitalismo global. Tal retórica de la exclusión continúa utilizándose por doquier, y pareciera que quienes vivimos con VIH, sin importar la enaltecida indetectabilidad, continuamos en el último lugar de la jerarquía social.

El estigma ha arremetido con fuerza, y la serofobia ha mermado la complicidad que alguna vez existió al interior de las disidencias sexuales y de género.

Prueba de ello fueron los problemas que enfrentaron algunas PVVIH durante el proceso de vacunación contra el Covid-19. Si bien se incluyó a PVVIH, se hizo caso omiso de las estrategias entregadas desde las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en pos de la confidencialidad del diagnóstico, incluso siendo apoyadas por la comunidad científica. Una vez realizadas las primeras inoculaciones, tanto en la prensa escrita como en los balances semanales, la confidencialidad fue un tema en boga: aparecían casos de vulneración de este derecho y las OSC nuevamente se hacían escuchar para prevenir eventuales inconvenientes. El ministro de salud Enrique Paris —quien primero las negó—, tuvo que insistir para que no se solicitara la revelación del diagnóstico. Pero continuó ocurriendo.

Fundación Savia y CEVVIH comenzamos a recabar casos de PVVIH que lograban la vacunación, pero con situaciones al margen de la ley y sus derechos. Los principales problemas guardaban relación con la solicitud de certificados, la vulneración de la confidencialidad del resultado VIH+ y la falta de preparación por parte de los equipos de salud para la entrega de información clara. También hubo personas a quienes les exigían su examen de carga viral, sin saber cómo interpretar la información, lo que resultaba doblemente desconcertante. Pero también ocurrieron problemas que comenzaban en la entrada de los recintos, lo que nos hace pensar que, en el caso hipotético de haberse aclarado la información y normativa vigente, no se consideró a personas que desempeñaban otras funciones, como recepcionistas y guardias. Tal vez de esa forma se hubiesen respetado los principios de confidencialidad establecidos en la ley 19.779 del sida y la ley 19.628 de protección de datos.

Sin embargo, el problema no se soluciona (ni solucionará) únicamente con una capacitación. Las miradas condenatorias no provienen sólo del equipo de salud, sino de quienes también escuchan alrededor. Se trata de una deuda que amerita acciones más concretas y un debate que requiere personas con voluntad para generar cambios sustanciales: para el corto plazo no necesitamos conseguir el matrimonio igualitario; antes nos urge obtener  educación sexual integral. Mientras todavía se defiende el currículo nacional y se indica que la información disponible es suficiente, no se ha podido garantizar ni promover conductas saludables para disminuir el estigma, el miedo y la discriminación en torno a la sexualidad. Por el contrario, las tasas de diagnóstico de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) aumentan junto al miedo de las personas para conocer su estado serológico o de otras ITS.

Fundación Savia y CEVVIH comenzamos a recabar casos de PVVIH que lograban la vacunación, pero con situaciones al margen de la ley y sus derechos. Los principales problemas guardaban relación con la solicitud de certificados, la vulneración de la confidencialidad del resultado VIH+ y la falta de preparación por parte de los equipos de salud para la entrega de información clara.

Y es claro que resulta peor en la medida que las diferencias se acumulan. No por ser malas en sí, sino porque la diferencia siempre se ha presentado como lo indeseable. Durante marzo de este año, Salud Trans para Chile publicó un comunicado donde se expone que personas trans, transexuales, transgénero, travestis, no binarias y transdiversas se han caracterizado por experimentar una serie de vulneraciones en el acceso a los derechos sociales, entre estos, el derecho a la salud y, por ende, al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Hay quienes, viviendo con VIH, no asisten a los establecimientos de salud por haber recibido malos tratos o porque su identidad fue negada institucionalmente, lo que perjudica su adherencia al tratamiento antirretroviral e inevitablemente repercute en su indetectabilidad.

¿Cuáles son, entonces, las condiciones óptimas que buscamos conseguir para vivir dignamente como colectivos LGBTIAQ+, PVVIH o ambas a la vez?, ¿hasta cuándo se defenderá un sistema que intenta suprimir la diferencia a toda costa? Abordar prioridades y respuestas estatales a los problemas de las personas LGBTIQA+ y quienes vivimos con VIH no puede quedar al criterio de normativas basadas en la igualdad. Algunos de los derechos y libertades que tenemos en términos legales con igualdad, poseen barreras sociales y culturales que impiden el goce de los mismos: la educación, la salud, la vida, el desarrollo personal, entre otros. Las acciones públicas deben enfocarse en mitigar estas barreras, para que todas las personas gocemos nuestros derechos y no avancemos por goteo: el matrimonio igualitario no resuelve nada.

*Lucas Núñez es artista visual e investigadore independiente. Coordinadore de comunicaciones del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH (CEVVIH) y diseñadore de la Red de jóvenes positives de América Latina y el Caribe Hispano J+LAC. Guillermo Sagredo es administrador público y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile. Socio fundador de CEVVIH y parte del comité de incidencia política de la Red de jóvenes positives de América Latina y el Caribe Hispano J+LAC.

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