Columna de Luisa Tesch y Sergio Faúndez: ¿Los niños primero?

Lamentablemente, la pretensión de contar con un nuevo sistema que garantice los derechos de los niños y niñas del país fue puesta en duda cuando el Gobierno deslizó la posibilidad de un veto presidencial que demoraría aún más su anhelada aprobación.

Desde el año 2015 que se encuentra pendiente el establecimiento de un Sistema Nacional de Garantías de Protección de Niñez y Adolescencia. Su discusión se enmarca en el desarrollo de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, la cual lo define como el conjunto de políticas, instituciones y normas orientadas a velar por el desarrollo físico, mental, espiritual y social de los niños, niñas, y adolescentes. Este sistema corresponde, entonces, al marco dentro del cual los diversos sectores del Estado articularán su quehacer como una práctica integrada, constante e intersectorial para dar respuesta a las necesidades de los NNA del país.

El Sistema Nacional de Protección y Garantías es fundamental para el desempeño de las instituciones, programas y funciones que se desarrollan en torno a la protección, atención e intervención de niños, niñas y adolescentes. Por ello, la noticia de la aprobación del informe de la Comisión Mixta fue muy bien recibida por todos los sectores.

Lamentablemente, la pretensión de contar con un nuevo sistema que garantice los derechos de los niños y niñas del país fue puesta en duda cuando el Gobierno deslizó la posibilidad de un veto presidencial que demoraría aún más su anhelada aprobación.

Una de las principales razones que motivarían un eventual veto del Ejecutivo se relaciona con la regulación y conceptualización de la autonomía progresiva, y la manera en que se conjuga con el deber y derecho preferente de padres y madres para educar a sus hijos e hijas.

No es la primera vez que la autonomía progresiva es el foco de la discusión y la razón para atrasar este proyecto. Algunos sectores temen que la aprobación de esta ley interfiera en el ejercicio de su rol parental. Este temor se funda en una pobre comprensión de lo que es la autonomía progresiva. La incorporación del concepto de autonomía progresiva desafía a los padres a reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Esto no impide delinear reglas y principios bajo los cuales se rige la crianza de cada familia, como algunos sectores temen. Más bien, implica el desafío de reconocer el rol y participación que los niños, niñas y adolescentes deben tener en las decisiones, incorporando su voz en los temas que afectan su vida. Esto es importante desde una perspectiva de derecho y también para el desarrollo de herramientas para la vida.

Una de las principales razones que motivarían un eventual veto del Ejecutivo se relaciona con la regulación y conceptualización de la autonomía progresiva, y la manera en que se conjuga con el deber y derecho preferente de padres y madres para educar a sus hijos e hijas.

La autonomía no dice relación con la total independencia. Tampoco se trata de un proceso estático. Al preguntar a distintos jóvenes que egresan del sistema de cuidado alternativo sobre el significado de la autonomía, ellos la comprenden como un proceso que requiere libertades, al mismo tiempo, que asegura límites y una guía de otra persona.

Hallazgos de un estudio realizado por el Centro de Justicia y Sociedad convergen en este punto. El estudio retrata, desde la voz de diversos actores del sistema de SENAME, la falta de autonomía progresiva como un problema importante al momento del egreso del sistema de cuidado alternativo.

La demora en la publicación de la ley que crea al nuevo Sistema de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia va en contra del propio diseño que el Estado de Chile se fijó para reestructurar la organización institucional para la protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes.

La autonomía no dice relación con la total independencia. Tampoco se trata de un proceso estático. Al preguntar a distintos jóvenes que egresan del sistema de cuidado alternativo sobre el significado de la autonomía, ellos la comprenden como un proceso que requiere libertades, al mismo tiempo, que asegura límites y una guía de otra persona.

Hace casi un año, el Presidente de la República vetó una serie de disposiciones del aprobado proyecto de ley sobre el Nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada. En dicha oportunidad, una de las disposiciones en divergencia entre el Congreso y el Ejecutivo era la norma transitoria que sujetaba su entrada en vigencia a la comprometida Ley de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia (Boletín 10.315-08).

En dicha oportunidad, se planteó que no contar con un marco normativo que defina y oriente de manera clara los deberes sociales e institucionales, suponía una grave incoherencia con lo mandatado por la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. 

Tener una Ley de Garantías es un avance importante para contar con un sistema preventivo que permita un mejor bienestar de los niños, niñas y adolescentes del país. Esto nos permitirá dejar atrás el sistema actual que actúa principalmente de manera reactiva, esto es, cuando ya han ocurrido las vulneraciones, muchas veces con consecuencias irreparables para la vida de los niños, niñas y adolescentes.

Esperamos y confiamos que el Ejecutivo no demorara más este proyecto que debió haber sido prioritario para articular a un sistema que ponga, finalmente, a los niños y las niñas primeras en la fila.

Tener una Ley de Garantías es un avance importante para contar con un sistema preventivo que permita un mejor bienestar de los niños, niñas y adolescentes del país. Esto nos permitirá dejar atrás el sistema actual que actúa principalmente de manera reactiva, esto es, cuando ya han ocurrido las vulneraciones, muchas veces con consecuencias irreparables para la vida de los niños, niñas y adolescentes.

*Luisa Tesch es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile con Diplomado en Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Sergio Faúndez es abogado de la Universidad de Chile con diplomado en Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile. Ambos son investigadores del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica.

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