Luego de que el Servel rechazara la candidatura de Diego Ancalao por las más de 23 mil patrocinios firmados por un notario fallecido, ahora se conocieron otras dos oportunidades en que el ex candidato de la Lista del Pueblo incurrió en las mismas faltas.

Agencia Uno

En 2012 y 2014: ¿cuáles han sido las otras veces en que Diego Ancalao fue acusado por usar firmas falsas?

Según consignó La Tercera, Ancalao ya había enfrentado acusaciones similares que lo llevaron hasta tribunales: "El primero de ellos ocurrió en 2012 con una mujer que recibió una herencia, siendo imputado de usar documentos falsos".

Este jueves, el Servicio Electoral rechazó la candidatura de Diego Ancalao luego de detectar más de 23 mil patrocinios firmados por un notario fallecido, sin embargo, esta no sería la primera vez que es acusado por falsificación de instrumento público.

Según consignó La Tercera, Ancalao ya había enfrentado acusaciones similares que lo llevaron hasta tribunales: “El primero de ellos ocurrió en 2012 con una mujer que recibió una herencia, siendo imputado de usar documentos falsos“.

“Dos años después”, informa el medio, “el Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra por fraude al fisco. El caso involucró a la Contraloría General de La República y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”.

El medio explica que el primer episodio se remonta al momento en que “Lilian Muñoz presentó una querella en su contra por la falsificación de una escritura pública de compraventa otorgada en la notaría de Temuco de Héctor Basualto Bustamante”.

En la acción judicial, la querellante asegura que el documento “se transfirió dolosamente a terceros un inmueble de mi propiedad falsificando mi firma y fingiéndose mi comparecencia”.

En el documento, además, la mujer explica que “adquirió un inmueble por adjudicación en la partición de los bienes quedados al fallecimiento de Juana Arteaga, Manuel Muñoz y Ema Muñoz, ocurrida en julio de 2010″.

Sin embargo, en octubre de 2011, cuando quiso hacer los trámites para vender la construcción, se percató que al margen de su inscripción se había anotado una transferencia del dominio a la ONG IDEA Chile.

Esta agrupación pertenecía a Diego Ancalao y sus hermanos José Bernardo y Claudia: “En la referida escritura pública se fingió mi comparecencia y se falsificó mi firma y huella digital, señalándose un precio de $40 millones pagado al contado y en dinero en efectivo”, explicó Lilian.

Finalmente, el Ministerio Público decidió condenar a Manuel Ambrosio Altamirano Quintana, quien se desempeñaba como funcionario de la notaría Basoalto al momento del otorgamiento de la escritura.

El segundo caso involucra directamente al ex candidato de La Lista Del Pueblo y ocurrió durante el 2014, cuando el órgano a cargo de resguardar los intereses del fisco se querelló en su contra por el delito de fraude.

“El 2 de noviembre de 2006 se celebró un contrato de préstamos entre el Estado de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado Programa Orígenes, II Fase”, detalla La Tercera.

Este proyecto fue autorizado por el Ministerio de Hacienda y el acuerdo estableció que su ejecución estaría a cargo de la Conadi.

En el marco de este proceso, el 30 de mayo del 2008, el Coordinador Regional del Programa Orígenes de la Región de La Araucanía, Jorge Eduardo Roa y Ancalao, en su calidad de representante legal de la consultora IDEAR, acordaron un contrato de prestación de servicios como proveedor de asistencia técnica, explica el medio.

Pero durante la ejecución del contrato, “diversos miembros de la comunidad Ralún Coyán denunciaron en varias ocasiones que la empresa cambiaba a los profesionales, siendo ahora otros los técnicos que llegaban a esos lugares”.

Por este hecho, la acción penal del Consejo de Defensa del Estado acusó a Diego Ancalao de usar “documentos falsificados a través de los cuales ha pretendido dar una apariencia de veracidad a actuaciones y servicios que nunca prestaron en favor de las comunidades indígenas afectadas”.

A raíz de esto, el CDE se querelló contra Ancalao y Roa por fraude al fisco, debido al incumplimiento de prestaciones que nunca se realizaron, ocasionando una pérdida o perjuicio a dicha institución pública, la que ha debido pagar por servicios inexistentes.


VOLVER AL HOME PARA SEGUIR LEYENDO MÁS NOTAS DE THE CLINIC

Comentarios