Opinión
5 de Abril de 2022Que la Constitución no debilite nuestras fortalezas
La autonomía respecto de los ciclos políticos que tienen estas dos instituciones –Banco Central y regla fiscal– fue crucial para abordar la pandemia. Lamentablemente, en la Convención Constitucional se han propuesto elementos que podrían debilitar estas fortalezas de Chile.
Elisa Cabezón
Hace poco más de dos años se declaró pandemia en todo el mundo. La llegada del Covid-19 con sus medidas de confinamiento tuvo efectos muy fuertes y rápidos sobre nuestra economía. ¡En sólo tres meses se destruyó el empleo creado durante 10 años y el PIB experimentó una caída de 13%! Pero Chile tenía dos ases bajo la manga para enfrentar este agudo estrés económico: un Banco Central autónomo y eficiente; y un buen expediente en sostenibilidad fiscal.
Uno de los mayores temores con la llegada del Covid-19 fue que se generara una abrupta reducción en el flujo de liquidez y crédito en la economía, llevando a un quiebre masivo de empresas. Es decir, un gran temor fue que el shock inicial del Covid-19 se volviera una crisis financiera, lo que habría implicado una caída mucho mayor de la actividad, dificultando aún más la recuperación económica.
Chile tenía dos ases bajo la manga para enfrentar este agudo estrés económico: un Banco Central autónomo y eficiente; y un buen expediente en sostenibilidad fiscal.
Nuestro Banco Central logró evitar esta catástrofe. ¿Cómo? Primero, al inicio de la pandemia bajó la Tasa Política Monetaria al mínimo técnico. Con esto, incentivó la circulación de liquidez en la economía para el consumo e inversión. Luego, implementó la “Facilidad de Crédito Condicional al Incremento de Colocaciones” (FCIC) para entregarle liquidez a la banca privada a través de créditos muy baratos, bajo la condición de que los bancos lo usaran para prestarle dinero a las empresas y personas.
Estas herramientas del Central, sumado al FOGAPE del Gobierno, en la cual el Estado actuó como garante para las empresas, permitieron a los agentes económicos acceder a créditos y liquidez durante la pandemia, evitando la quiebra masiva de empresas. Ello permitió que nuestro país fuera uno de los líderes mundiales en la recuperación económica.
Además de este rol del Banco Central, el otro as bajo la manga que tenía el país para suavizar el impacto de la crisis fue su responsabilidad fiscal. Chile se enfrentó a la crisis con una deuda bruta del 27,3% del PIB, de las más bajas del mundo, y además con un ahorro de 12.233 millones de dólares en el “Fondo de Estabilización Económica y Social” (FEES).
Gracias a este bajo nivel de endeudamiento logramos acceder a préstamos internacionales a bajo costo. Ello junto al ahorro en el FEES, permitió al Gobierno financiar transferencias directas a las personas y fortalecer el sistema de salud comprometiendo una alta suma de recursos. Según el Fondo Monetario Internacional, Chile se encuentra dentro de los 14 países del mundo que mayor esfuerzo fiscal hizo para enfrentar la pandemia durante el 2020 y 2021.
Según el Fondo Monetario Internacional, Chile se encuentra dentro de los 14 países del mundo que mayor esfuerzo fiscal hizo para enfrentar la pandemia durante el 2020 y 2021.
¿Cómo nuestro país logró la sostenibilidad fiscal que le permitió financiar este gran gasto durante la crisis sanitaria? Fue lograda gracias a la regla de balance estructural que se implementó en el 2001. Esta regla es muy sencilla. Todos los años se calcula el gasto del Gobierno Central asumiendo un ingreso fiscal tendencial; es decir, un ingreso independiente de los movimientos cíclicos del precio del cobre y de la actividad económica. Esta regla exige disciplina fiscal al gobierno de turno, permitiendo ahorrar durante las vacas gordas (cuando las condiciones cíclicas son favorables) y desahorrar durante las vacas flacas (cuando las condiciones cíclicas son desfavorables, como ocurrió en la pandemia).
El Banco Central y la regla fiscal de balance estructural, que nos ayudaron a suavizar y a superar la crisis generada por la pandemia, tienen algo en común: ambos son órganos públicos que gozan de autonomía de los ciclos políticos, lo que les permiten adoptar decisiones bajo estándares de excelencia técnica.
Si bien hubo coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para facilitar el flujo de créditos y liquidez durante la pandemia, las decisiones del Central son definidas exclusivamente por su Consejo, permitiéndole actuar libres de las presiones políticas y así basarse en la técnica. Por su parte, la regla fiscal permite que el nivel del gasto público de cada año tenga una cierta independencia respecto a los gobiernos de turno, gracias a la cual Chile logró un destacado historial de responsabilidad fiscal.
La autonomía respecto de los ciclos políticos que tienen estas dos instituciones –Banco Central y regla fiscal– fue crucial para abordar la pandemia. Lamentablemente, en la Convención Constitucional se han propuesto elementos que podrían debilitar estas fortalezas de Chile.
El Banco Central y la regla fiscal de balance estructural, que nos ayudaron a suavizar y a superar la crisis generada por la pandemia, tienen algo en común: ambos son órganos públicos que gozan de autonomía de los ciclos políticos, lo que les permiten adoptar decisiones bajo estándares de excelencia técnica.
La Comisión de Sistema de Justicia aprobó una norma que debilita la actual autonomía del Banco Central pues altera sus objetivos y cambia los mecanismos de nombramiento y de remoción de sus consejeros, aumentando los espacios para que las decisiones de éstos estén más afectadas por las presiones políticas que por la técnica.
En otra comisión se validó un artículo que termina con la exclusividad presidencial en iniciativas legales que involucran gasto público, permitiendo a los diputados presentar este tipo de iniciativas. La actual exclusividad presidencial permite que sea el presidente quien responda a la ciudadanía por la situación fiscal. Si ahora también los diputados pueden influir en el gasto, ¿quién se hace responsable de la sostenibilidad fiscal de Chile?
En la redacción de la nueva Constitución tenemos la oportunidad de avanzar hacia un Estado moderno, hacia una administración pública con mayor autonomía de los ciclos políticos, excelencia técnica y con capacidad para proyectarse en el largo plazo. En la pandemia experimentamos lo relevante que son las instituciones públicas con estos rasgos. No pongamos en riesgo una de nuestras principales fortalezas.
*Elisa Cabezón es economista, integrante de la Red Pivotes.
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