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Opinión

6 de abril de 2022

Por qué el concepto de Wallmapu no gusta en Argentina

La imagen muestra a Julio Burdman frente a una bandera mapuche

En Argentina, a diferencia de lo que ocurre en Chile y otros vecinos, los indigenismos tienen poca prédica y prestigio.

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La ministra Izkia Siches habló de Wallmapu, que es la denominación que utiliza el movimiento mapuche para referirse a lo que entiende como su territorio ancestral, que se extendería desde el Pacífico hasta el Atlántico. En Argentina no tardaron en sonar las alarmas, y varios dirigentes políticos y sociales salieron a pedir explicaciones y rectificaciones por el uso del término Wallmapu. Desde Chile, tal vez lo más sorprendente del episodio fue la unanimidad de la reacción argentina: la imaginación geopolítica mapuche, con la que Boric parece simpatizar, no encontró buena recepción en ningún sector político del país vecino. Ni siquiera en el presidente Alberto Fernández, que se identifica como de centroizquierda y amigo de los progresistas latinoamericanos. Incluido, por supuesto, el propio presidente Boric, con quien busca construir puentes y lazos de afinidad. Solo los diputados de la izquierda trotskista suscriben las luchas de la “nación mapuche”.

Es difícil de creer que las quejas argentinas sobre la expresión Wallmapu surjan de una percepción de amenaza. Es cierto que bajo diferentes gobiernos se ha planteado que el activismo mapuche en la Patagonia es una fuente de inseguridad pública, pero nunca como algo que supere las capacidades policiales o ponga en duda la buena cooperación entre autoridades argentinas y chilenas. La polémica que se generó parece ser, más bien, una cuestión de lenguaje: a pesar de otras afinidades aparentes, el gobierno argentino no comparte la valoración positiva de su contraparte chilena sobre el movimiento mapuche, o sobre los indigenismos en general.

En Argentina, a diferencia de lo que ocurre en Chile y otros vecinos, los indigenismos tienen poca prédica y prestigio. ¿Por qué? Una respuesta apresurada y falaz que se escucha con frecuencia habla de la demografía: suele creerse que en Argentina los pueblos originarios son menos numerosos que en otros países latinoamericanos, y que por ello carecen de representación social o cultural. Pero no se trata de números, ni de etnias “científicamente definidas” (spoiler: eso no existe), sino de política. Los movimientos indigenistas se hacen. Parten de una base social que los demanda, pero son también  la consecuencia de una eficaz política para movilizarlos, y lograr que cada vez más personas se sientan parte de ellos. Eso incluye, también, redescubrir un idioma, una forma de vestir, de alimentarse, etc.

La polémica que se generó parece ser, más bien, una cuestión de lenguaje: a pesar de otras afinidades aparentes, el gobierno argentino no comparte la valoración positiva de su contraparte chilena sobre el movimiento mapuche, o sobre los indigenismos en general.

Sin embargo, el oficialismo argentino viene de otra tradición. Para el peronismo, del que vienen Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los descendientes de los pueblos originarios eran considerados como personas a ser incorporadas al movimiento político. Sumarlos a la política, y acercarlos a los servicios sociales del estado. El indigenismo, desde esta perspectiva,  es considerado como un problema social sin resolver.

Las dos principales tradiciones de la política argentina moderna, radicalismo y peronismo, son variantes del nacionalismo popular. Para ellas, la construcción del estado es una tarea que siempre está inconclusa, y que se realiza incorporando nuevos sectores. Por la vía de la política, los pueblos originarios excluidos son argentinizados una vez que la política se ocupa de ellos.

El florecimiento contemporáneo de los indigenismos americanos, desde Canadá hasta la Patagonia, es por lo tanto el fracaso de un Estado débil. Cada vez más personas, que se consideraban excluidas de las instituciones y servicios sociales, encuentran refugio en las culturas comunitarias de sus antepasados, haciendo un uso libre de su derecho a la identidad. El choque se produce cuando esa identidad reclamada no solo compite con la política convencional, sino que se refuerza en detrimento del gentilicio que figura en sus partidas de nacimiento -métis antes que canadiense, aymará antes que boliviano, mapuche antes que chileno-: ahí ya no hablamos de indigenismo, sino de nacionalismo territorial que entra en contradicción con las instituciones del estado.

Para el peronismo, del que vienen Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los descendientes de los pueblos originarios eran considerados como personas a ser incorporadas al movimiento político.

En Argentina, a pesar de las recurrentes y comprensibles crisis de autoestima que sufren sus ciudadanos, dados los problemas económicos crónicos y la sensación -bastante real, por cierto- de que su calidad de vida se deterioró, la construcción de la identidad nacional fue relativamente exitosa gracias a la acción de estas tradiciones políticas. Sentimientos colectivos como el “malvinerismo” y otras pasiones dan cuenta de que se trata de un vínculo social fuerte. Se logró, al menos, evitar controversias relevantes sobre la identidad de sus habitantes, pese a sus pueblos originarios y sus grandes corrientes migratorias. Los argentinos se quejan mucho de su país, pero no revisan el contrato social más básico. Y en todo este proceso, la política indigenista no tuvo lugar.

Y toda esta historia, aunque no parezca, también se vio reflejada en el breve debate público sobre el Wallmapu, que acompañó a la visita oficial del Presidente Boric.

*Julio Burdman es Doctor en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de París y profesor de geopolítica de la Universidad de Buenos Aires. Su Twitter es @julioburdman.

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