Politiquería

Durante sus primeros meses, los cambios de postura al interior del Gobierno han sido recurrentes y la historia parece repetirse. En efecto, son varios los episodios en que han comenzado resistiéndose a adoptar ciertas medidas. Algunas veces, lo han hecho en coherencia con las que hace no tanto tiempo eran parte de sus convicciones más profundas; en otras, movidos simplemente por la necesidad de preservar la paz al interior de una coalición cuyas diferencias se tornan cada día más difíciles de conciliar. El guion suele continuar con el anuncio tardío de una medida inicialmente descartada, para luego avanzar con desgano y poca convicción en la implementación de políticas que la realidad ha terminado por imponer como urgentes. La politiquería le ha estado ganando a la política.

Muchos de los casos que permiten ilustrar lo anterior se relacionan con una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la seguridad pública. El primero de ellos fue la negativa inicial a decretar el Estado de excepción en la macrozona sur, donde sólo después de 122 nuevos atentados terminaron por anunciar un Estado de Emergencia “acotado”. Lamentablemente la situación parece empezar a repetirse, pero ahora en la región de Los Ríos. Otro ejemplo es el reciente vuelco del Gobierno, esta vez con el proyecto de resguardo de infraestructura crítica, donde un inesperado ímpetu por empujarlo sólo apareció cuando vieron en el la oportunidad de desechar el Estado de Excepción, que tantos dolores de cabeza les ha causado internamente. En este caso, fue la desconfianza que el mismo Gobierno ha generado, en cuanto a su voluntad de hacer uso de las herramientas de que dispone, la que terminó echando por tierra un proyecto que era una herramienta adicional para combatir la violencia, pero que en ningún caso permitía hacer frente a amenazas constantes que están lejos de cinscunscribirse a determinadas instalaciones.

El primero de ellos fue la negativa inicial a decretar el Estado de excepción en la macrozona sur, donde sólo después de 122 nuevos atentados terminaron por anunciar un Estado de Emergencia “acotado”.

Un último ejemplo dice relación con el proyecto de nueva Constitución, una propuesta que saben que es mala, pero que por la cual ya están jugados. El sabor del triunfo y la medalla de la refundación se han vuelto más atractivos que gobernar con responsabilidad. Aquí tuvieron que esperar que apareciera un error evidente, públicamente difundido, para reconocer la necesidad de hacer modificaciones y comprometerse a empujarlas en caso de que gane el Apruebo. Una vez más, concesiones frente al poder de las circunstancias. Pero, ¿qué credibilidad tienen las promesas de un Gobierno que ha demostrado no creer en las cosas que propone y que sólo actúa cuando parece no haber otro camino?

No cabe duda que el ministro Jackson debe tener más de una carta para seguir interviniendo en favor de su opción. Seguramente vendrán nuevos ofertones, como el del Bono de Invierno o las palabras del Presidente, que decidió apostar al hastío de la ciudadanía con la Convención e incluso jugar con el dolor de las familias que sufren el alza de precios, al señalar que aprobar ahora nos ahorraría años de incertidumbre.

No extrañaría que el siguiente paso sea ofrecer reformas concretas, prometiendo por ejemplo modificar aspectos en materia de seguridad que tanto preocupan a la ciudadanía. La pregunta es si será creíble la propuesta de reponer el Estado de Emergencia o la facultad de las Fuerzas Armadas para colaborar en temas de seguridad interna. ¿Esperan que la ciudadanía confíe en ellos cuando prometan crear la Defensoría de las Víctimas que sus aliados ya rechazaron? ¿O incorporar el derecho a la legítima defensa de Carabineros? Probablemente el peso de las circunstancias esta vez no estará del lado de las buenas políticas y se terminará imponiendo la necesidad de no desagradar a sus aliados.