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Opinión

15 de Agosto de 2022

De qué hablamos cuando hablamos de la (propuesta de) nueva Constitución

Agencia UNO

La nueva Constitución representa un cambio cultural radical. La Constitución vigente silencia a una parte importante de la sociedad chilena.

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Bajo este mismo título carveriano, y solo días después de que la Convención Constitucional aprobara el texto definitivo de la propuesta, publiqué un libro que la analiza, la compara con la Constitución vigente, destaca los grandes temas, las novedades, los aciertos y las inquietudes que genera (incluyendo la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico y la paridad de género), e intenta responder la pregunta que en verdad importa: ¿sería una constitución justa para Chile? 

Mi respuesta fue, sigue siendo, afirmativa. Fundo mi juicio en lo siguiente, en una apretada síntesis: (i) su origen y legitimidad democrática; (ii) la redefinición del rol del Estado, los derechos sociales y la especial preocupación por los más desaventajados (Estado de bienestar); (iii) el restablecimiento del principio mayoritario y la ampliación del espacio de la política (eliminación de supermayorías legislativas) y los mecanismos de democracia directa; (iv) la verdadera descentralización que promueve (Estado regional y autonomías); (v) la promoción de los derechos humanos y el principio de proporcionalidad de la fuerza pública; (vi) el fortalecimiento de la independencia de los jueces y las mejoras en el sistema de nombramiento y supervisión de los jueces; (vii) el reconocimiento de los pueblos originarios, los derechos colectivos, plurinacionalidad y la interculturalidad y (viii) el enfoque de género y la paridad.

Desde luego, como todo cuerpo normativo, el texto es susceptible de mejorarse; delimitando, por ejemplo, el alcance del consentimiento que se requiere de los pueblos originarios respecto de las decisiones que les afecten, reincorporando el estado de emergencia, reevaluando la conveniencia de la reelección inmediata del Presidente, aclarando que los sistemas jurídicos indígenas no alcanzan al derecho penal ni a las personas no indígenas, etc.

Con este “catálogo de virtudes”, cabe preguntarse por qué el proyecto genera tanta resistencia en ciertos sectores de la sociedad y por qué no puede darse al Apruebo por seguro ganador (de hecho, como sabemos, las encuestas son consistentes en la ventaja actual de la opción Rechazo).

Para empezar con lo fácil, la respuesta a esta inquietud no debe buscarse en ese listado de mejoras al texto que se plantea más arriba: se trata de perfeccionamientos relevantes, es cierto, pero menores en comparación con el avance global que implicaría esta nueva carta fundamental.

Quizá la respuesta está, como sería de esperar, en los argumentos más esgrimidos por el Rechazo. Los hay maximalistas, como, por ejemplo, que la plurinacionalidad va a implicar que existan territorios vedados para el Estado de Chile y los chilenos, que incitará el desmembramiento del Estado y que crea ciudadanos de primera y segunda clase; o la supuesta falta de balance entre los poderes públicos que permitiría que “mayorías circunstanciales” unjan a un dictador de facto que controle al mismo tiempo el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial; o la potencial pérdida de independencia de los jueces y su politización; o, en fin, el riesgo de que los poderes colegislativos actúen con tal grado de irresponsabilidad fiscal que Chile se transforme en un Estado desbordante, ineficiente, despilfarrador y corrupto, que deprima al sector privado. Los hay minimalistas, como por ejemplo que la ley expropie activos fijando como indemnización valores inferiores al valor de mercado; o que se expropien los ahorros previsionales; o que se prohíba la provisión particular de servicios de salud; que la ley permita el aborto hasta un minuto antes del parto; etc. 

La respuesta a esta inquietud no debe buscarse en ese listado de mejoras al texto que se plantea más arriba: se trata de perfeccionamientos relevantes, es cierto, pero menores en comparación con el avance global que implicaría esta nueva carta fundamental.

Pero basta con analizar con un poco de profundidad esos argumentos para descartar que ellos, si hablamos seriamente, puedan considerarse en verdad la causa de la resistencia al texto. La realidad parece ser inversa: primero se resiste, y luego se construyen y esgrimen esos argumentos.

Que me perdonen los distinguidos adalides del Rechazo, pero esos argumentos son demasiados pueriles para explicar el fenómeno: algunos van en contra de texto expreso de la propuesta (que establece expresamente la unidad indivisible del Estado, que impone la gradualidad de los derechos sociales y el principio de la responsabilidad del Estado, que constitucionaliza la normativa anticorrupción y eleva a la Contraloría a órgano constitucional autónomo, que promueve la igualdad sustantiva ante la ley y ratifica el principio de la legalidad de los delitos y las penas, etc.); otros, suponen que el legislador pierde toda compostura y comienza a dictar leyes exóticas (aborto hasta el noveno mes, exención de impuestos para los indígenas, reconocimiento de un derecho penal “ancestral” y aplicación de normativa indígena a personas no indígenas, etc.). Otros, en fin, que desafían toda lógica (derechos colectivos para los pueblos originarios, acordes con la normativa internacional, interpretados como “privilegios” que los convertirían en ciudadanos de primera clase…). No puede estar ahí la razón del rechazo. Las razones tienen que ser más profundas. Las razones, conjeturo, son la cultura y la economía. 

Basta con analizar con un poco de profundidad esos argumentos para descartar que ellos, si hablamos seriamente, puedan considerarse en verdad la causa de la resistencia al texto. La realidad parece ser inversa: primero se resiste, y luego se construyen y esgrimen esos argumentos.

La nueva Constitución representa un cambio cultural radical. La Constitución vigente silencia a una parte importante de la sociedad chilena. No hay voces en ella para los pueblos originarios, ni se acepta el diálogo horizontal entre culturas (la interculturalidad). De hecho no emplea nunca las palabras indígenas, originarios, pueblos prexistentes. Nunca. No hay voces tampoco para las mujeres (emplea esa palabra una sola vez). Ni reconoce otro modelo de familia que el tradicional, ni incorpora enfoques de género, ni alude a las disidencias sexuales. La Constitución vigente omite todo eso. Lo invisibiliza. La propuesta constitucional, en vez, impone la paridad de género y es sensible a las diferencias culturales, y respetuoso de ellas (no solo las tolera sino que las acepta), reconoce igual dignidad a las distintas cosmovisiones, culturas y formas de ser, prohíbe la asimilación forzada y garantiza su identidad e integridad cultural, el plurilingüismo, sistemas normativos, tierras, territorios y recursos.

Asimismo, le impone al Estado el inédito deber de velar por el libre desarrollo y pleno reconocimiento de la identidad de cada persona, en todas sus dimensiones y manifestaciones, así como su autonomía y libre desarrollo de la personalidad, incluyendo a las personas neurodivergentes, y el reconocimiento explícito de los denominados derechos sexuales y reproductivos (incluyendo el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo y la interrupción del embarazo, y sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción). No puede exagerarse la importancia de todo esto. Es un cambio de paradigma cultural. Cambia el discurso y con ello se desafía la hegemonía cultural, si hacemos un análisis neogramsciano: esas creencias, moral, percepciones, instituciones, valores o costumbres, que se disfrazan de “sentido común”, pero que en verdad no son otra cosa que mecanismos tendientes a preservar el statu quo social, político y económico. Esto sí que es importante.

Lo otro que importa, y mucho, es que esta nueva constitución afecta intereses económicos de corto, mediano y, sobre todo, largo plazo. En el corto plazo, la extinción de los derechos de agua es un golpe extraordinario, aunque necesario y justo, para un grupo de privilegiados. Esto se ha tildado de una verdadera expropiación constitucional. Estoy de acuerdo (en términos analógicos, claro). En el mediano y largo plazo, el mayor cuidado de la naturaleza que esta constitución exigiría a los proyectos de inversión, sumado a la inevitable mayor carga tributaria que requiere un Estado de Bienestar, implican una muy relevante transferencia de riqueza, desde quienes más tienen hacia el Estado y los más desaventajados. Otro tanto ocurre con los cambios en la relación de poder entre el capital y trabajo (por el fortalecimiento del derecho de huelga y de la titularidad sindical, la negociación por rama de actividad y la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas). 

Volviendo a Gramsci, economía, sí, es verdad y es relevante, pero también cultura.  Economía y cultura subyacen al Rechazo. Chile enfrenta una situación totalmente inédita en su historia política. 

De eso hablamos cuando hablamos de la propuesta de nueva Constitución.

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