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Opinión

30 de Septiembre de 2022

Columna de Daniel Grimaldi: Los expertos en el proceso constituyente

Agencia UNO

"Si el conocimiento científico-técnico y la experiencia excepcional es lo que sustenta su legitimidad y su valor reside en el juicio objetivo, deben ser respaldados por instituciones que representen estos elementos de legitimidad como las universidades y centros de investigación", sostiene el investigador de la Fundación Chile21.

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La discusión política sobre la participación de los expertos en la continuidad del proceso constituyente está mal enfocada. Si bien hay cierto grado de acuerdo en contar con un órgano cien por ciento electo, la participación de expertos como asesores o garantes de la calidad de las normas, no queda clara, hay confusión en los fundamentos de su legitimidad y en su valor para el proceso

Si la legitimidad de los expertos radica en su conocimiento científico-técnico o su grado excepcional de experiencia, su valor en el proceso está en su capacidad de emitir juicios basados en evidencia y en criterios objetivos antes que subjetivos o ideológicos. ¿Qué sentido tiene nombrarlos por cuotas partidarias? De ser así tendrían tendencia a actuar en función de los intereses sectoriales de quienes los nombraron mermando su juicio objetivo. En tal caso la figura del experto se acercaría más a la de los tecnopolíticos, que utilizan su conocimiento al servicio de visiones políticas. Los “tecnopols” son muy legítimos y es deseable que participen en la formulación de políticas, pero cuando se trata del apoyo a una instancia deliberativa constitucional, pueden desvirtuar su aporte al igual que los independientes que terminaron formando listas y actuando como partidos políticos. Si se desea privilegiar a expertos que apoyen visiones políticas es mejor que sean electos, ese es su lugar, no pueden disfrazar de episteme (conocimiento exacto) aquello que en el fondo es doxa (opinión).

Por el contrario, si en el mundo político existiera una verdadera convicción en la necesidad de contar con expertos y expertas de reconocido prestigio, no solo en materia constitucional sino en diversas áreas del saber, que asesoren y ayuden de forma neutral al órgano deliberante, se debería pensar en otra forma para designarlos. Si el conocimiento científico-técnico y la experiencia excepcional es lo que sustenta su legitimidad y su valor reside en el juicio objetivo, deben ser respaldados por instituciones que representen estos elementos de legitimidad como las universidades y centros de investigación. Pueden incluso ser seleccionados por concurso público, nombramiento presidencial en torno al mérito u otro mecanismo que asegure su neutralidad y calidad. El mismo Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) podría jugar un rol aquí. Después de todo, ¿no son acaso las universidades las instituciones que cuentan con el más alto grado de confianza por parte de la ciudadanía en todas las encuestas?

Estamos en una etapa crítica en la tarea de dar cumplimiento al mandato del 78% que manifestó su deseo de tener una nueva constitución, pensemos bien las cosas esta vez.

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