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Opinión

18 de Noviembre de 2022

Columna de Luis Eugenio García-Huidobro: ¿Querría, usted, ser confirmado?

fiscal nacional

El Presidente Boric se ha tomado algunos días para decidir quién será finalmente el candidato que se someta a confirmación del Senado. Pero varios políticos, periodistas y opinólogos desafortunadamente ya han comenzado las campañas comunicacionales para cuestionar la integridad de los cinco abogados en carrera. Por ejemplo, la prensa reporta que un senador acusó a la Corte Suprema de desprolijidad en la selección de los candidatos e incluso llegó a cuestionar el currículum vitae de cada uno de ellos.   

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Es marzo de 2017 en el Senado norteamericano. Muchos en ese país todavía no se reponen del trauma que supuso la elección de Donald Trump, pero a los dos meses de su presidencia ya tienen que lidiar con la primera de sus nominaciones a la Corte Suprema. Para los demócratas el proceso no es fácil: sólo meses antes, los republicanos, desafiando tradiciones constitucionales centenarias, se negaron a someter a consideración la propuesta del Presidente Obama para llenar ese mismo cupo, no obstante tratarse de un candidato excepcional.

Trump elige como su carta a Neil Gorsuch, un candidato con impecables credenciales académicas, destacada trayectoria profesional y experiencia como juez de apelaciones. Poco importó todo ello a sus detractores, quienes buscaron demonizarlo con todo lo que tuvieran a su disposición. Se lo acusó de absurdo, de plagiar su tesis doctoral, de estar capturado por dineros privados, de tener sesgos contra los no privilegiados y las minorías.

Gorsuch sería finalmente confirmado, pero lo importante es la moraleja de esta historia: al sucumbir a la tentación y seguir las prácticas de sus adversarios, los demócratas facilitaron que se consolidara lo que hoy es una triste realidad. Poco importa cuán destacado u honorable sea quien se somete a confirmación del Senado, porque se espera que la oposición trate de desacreditarlo para así justificar su rechazo. Es cierto que este mecanismo venía tensándose hace décadas, pero entre la fallida nominación de Obama y la confirmación del candidato de Trump el sistema terminó por desacreditarse de tal manera que, de ahí en adelante –cinismo más, cinismo menos– todos saben que lo importante ya no es el mérito del candidato, sino la aritmética legislativa para confirmarlo.

Conviene recordar esta historia mientras tiene lugar el nombramiento de un nuevo fiscal nacional. La importancia de este cargo es difícil de dimensionar para el funcionamiento de nuestra democracia, razón por lo cual se establece un proceso de nombramiento compuesto por varias etapas y en el que intervienen diversos poderes del Estado. Y aunque muchos quieren convertirlo en un thriller político, en su primera etapa los reproches que podrían formularse en su contra son menores. La Corte Suprema abrió un concurso en el que todos los interesados pudieron participar, celebró una audiencia pública en que se escuchó brevemente a cada candidato y sabemos por quién votó cada supremo.

Como se espera de una decisión así de trascendente, el Presidente Boric se ha tomado algunos días para decidir quién será finalmente el candidato que se someta a confirmación del Senado. Pero varios políticos, periodistas y opinólogos desafortunadamente ya han comenzado las campañas comunicacionales para cuestionar la integridad de los cinco abogados en carrera. Por ejemplo, la prensa reporta que un senador acusó a la Corte Suprema de desprolijidad en la selección de los candidatos e incluso llegó a cuestionar el currículum vitae de cada uno de ellos.   

En el caso particular, afortunadamente cualquier cuestionamiento a la persona y trayectoria de los candidatos debe tener una respuesta inequívoca: todos ellos tienen sobrados antecedentes y una ganada reputación para formar parte de esa quina, por lo que se encuentran plenamente capacitados para dirigir el Ministerio Público. ¿Significa esto sugerir que este sistema de nombramiento es perfecto? En ningún caso. Muchos incluso lo describen como ilegítimo por existir lobby, conversaciones privadas o favoritismos, todo lo cual ciertamente ocurre. Pero ese es un problema estructural de la política chilena, no de esta nominación en particular. Por lo demás, ¿en qué democracia multipartidista del mundo esto no ocurre? Que se trate de una posición no partisana no lo despoja de su naturaleza política.

La tentación a ratos es grande, pero debemos ser especialmente cuidadosos de no seguir el ejemplo norteamericano en este tipo de nombramientos. El adecuado funcionamiento de nuestra democracia constitucional supone que sean los mejores de entre nosotros quienes se desempeñen en estos roles no partisanos, por lo que debemos esforzarnos que ellos tengan incentivos a involucrarse en la conducción de la República y garantizar que su trayectoria no sea mancillada. Es lo mínimo que les debemos en retribución y, precisamente por ello, debemos rehuir a que el proceso de nombramiento del fiscal nacional sea mucho más que simplemente eso. A ratos parece tratarse de un enjuiciamiento a quien se desempeñó anteriormente en el cargo antes que de la elección de su sucesor o de la necesidad de rediseñar institucionalmente el Ministerio Público más que de decidir quién lo encabezará.   

En una época en la que se multiplican los llamados al dialogo y se enfatiza la necesidad de mejorar nuestra convivencia política, esta es una oportunidad para evitar que la posición de fiscal nacional se tiña de las mismas trepidaciones que hoy impregnan otros cargos análogos. No olvidemos que en las últimas dos oportunidades que se ha llenado el cargo de Contralor General de la República se desestimó a candidatos excepcionales por razones nimias y se los expuso públicamente en forma del todo innecesaria.  Si muchos de nosotros, tal vez indignos de ocupar estos cargos republicanos, no nos someteríamos al escarnio público que cada vez con mayor frecuencia suponen estos procesos de nombramiento, ¿por qué habrían de hacerlo quienes nos aventajan en capacidades y trayectoria?

Luis Eugenio García-Huidobro es Investigador de Centro de Estudios Públicos y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

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