Catalina Pérez (RD) y negociaciones por nueva Constitución: “El oficialismo ha cedido muchísimo en el ánimo de llegar a acuerdos”

La diputada y ex presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, se ha mantenido atenta a los negociaciones por un nuevo Proceso para una nueva Constitución desde su natal Antofagasta, mientras se dedica al trabajo territorial en semana distrital.

Desde la capital de la II Región, quien asumió como vicepresidenta en la nueva mesa de la Cámara de Diputados, hace una evaluación para The Clinic respecto de la designación de expertos en el órgano constituyente, según han arrojado las tratativas que, pese a todo, aún no llegan a puerto hasta el cierre de edición.

“La derecha no entiende que la participación de las personas también aporta estabilidad y razonabilidad”, dice Pérez a propósito de la insistencia de ese sector con la participación de expertos designados por el Congreso para redactar una nueva Constitución.

-¿Coincide con el Presidente Gabriel Boric, de que es mejor un “acuerdo imperfecto” a no tener acuerdo alguno?

-La pregunta que cae de cajón es qué es un acuerdo perfecto y cuál no: hay un problema estructural en la conversación. Los actores políticos tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo político en todos los procesos. 

A mi juicio, el objetivo político es que Chile tenga una nueva Constitución. Y si me apuran un poco más, que esa Constitución sea minimalista, que habilite el debate democrático en los próximos cincuenta años, que le dé estabilidad al país y sabemos que la actual no lo hace. A partir de ese objetivo es que hay que medir el acuerdo.

“La derecha no entiende que la participación de las personas también aporta estabilidad y razonabilidad”

-¿Importa más el fin que la forma?

-Sí. Se ha puesto mucho énfasis en el proceso, y sin ser el objetivo, es importante en la medida que entendamos que no podemos seguir acumulando malestar en Chile. La gente no puede seguir sin decir nada frente a las decisiones importantes en este país. Eso se resiente y creo que a la oposición le ha faltado tenerlo presente. 

El problema de la distribución numérica entre cantidad de electos y designados es una pugna por la defensa de ese principio político; la participación ciudadana. El número o porcentaje no es el problema, sino cómo materializamos el principio de participación ciudadana en mayor o menor medida de cara a cumplir el objetivo, que es tener una nueva Constitución. 

Por otro lado, tenemos a la oposición diciendo, según interpreto yo, que el principio que se busca defender es la incorporación de expertos en el entendido de la estabilidad del proceso. Se comete un error en pensar que eso se opone a la participación de la ciudadanía, porque la derecha no entiende que la participación de las personas también aporta estabilidad y razonabilidad, por lo que debiesen ser dos principios que avancen de la mano.

-El martes 06 de diciembre surgió la idea de que los expertos designados por el Congreso sean ratificados posteriormente por la ciudadanía en las urnas. ¿Esa fórmula da más viabilidad democrática?

-La validación ciudadana siempre es un principio trascendental en el marco de un modelo político y económico que está profundamente cuestionado. 

El sistema político tiene que reconocer que debe hacerse cargo de un momento político que atraviesa el país. En eso, la validación y la participación de la ciudadanía va a ser trascendental en un debate tan crucial para el país como el instrumento normativo que va a regir la convivencia democrática en los próximos cincuenta años.

“Ha habido mucha voluntad de una parte de llegar a acuerdos, pero poca materialización de esa voluntad por parte de la oposición”.

-Considerando que se está imponiendo un órgano mixto en las negociaciones, ¿se puede afirmar que la derecha tomó la batuta del nuevo proceso y que esto tiene relación con el triunfo del Rechazo el 04 de septiembre?

-Asumir eso sería asumir que la interpretación de la derecha del Plebiscito de Salida es la errada. Lo que se rechazó el 04 de septiembre fue la propuesta, más no el ánimo de cambio o de la necesidad de tener una nueva Constitución. No creo que gran parte de la derecha democrática que entiende este proceso y entiende la necesidad de generar un cambio en el modelo esté en esa hipótesis. 

Lo que sí creo es que el oficialismo ha cedido muchísimo en el ánimo de llegar a acuerdos. Cedió a discutir bordes sin discutir mecanismos, se abrió desde el día uno a la participación de expertos. Hoy día defendemos un principio político que es sumamente válido y que entiendo es la voluntad de todos los actores, que es la participación ciudadana. 

Ha habido mucha voluntad de una parte de llegar a acuerdos, pero poca materialización de esa voluntad por parte de la oposición.

-Si se llega a materializar la designación de expertos sin ratificación ciudadana, ¿sería una derrota para el oficialismo?

-Insisto, uno tiene que medir este proceso en función del objetivo, que es tener una nueva Constitución elaborada con estándares de participación ciudadana, con garantías respecto de la estabilidad política. En eso, la participación de expertos y ciudadanía electa tiene que ser un punto de encuentro entre lo que logren acordar las diversas fuerzas políticas. 

De todos modos, el mecanismo tiene que estar al servicio del resultado y eso es lo que deberíamos priorizar.

¿Tiene la legitimidad suficiente el Congreso hoy en día para designar a los redactores de una nueva Constitución, más allá de la proporción de designados y electos que pueda tener el órgano?

-Es una pregunta que hoy día todos los chilenos y chilenas se están haciendo. El Congreso Nacional es uno de los órganos peor evaluados por la ciudadanía, y en el marco de un debate tan trascendental como el que estamos buscando dar, con la necesidad de encontrar esta nueva Constitución, hay que preocuparse de encontrar el mejor mecanismo. 

Siempre voy a tener la confianza de que el mejor mecanismo es el que la gente determine. El objetivo de tener una nueva Constitución se consagra de mejor manera dando garantías de participación ciudadana y no de la designación de representantes en un marco de un sistema representativo profundamente cuestionado por la población, sea el Congreso Nacional o, por ejemplo, los partidos políticos. 

La combinación de estos principios tienen que mezclarse virtuosamente para efectos de alcanzar un buen resultado, que es esta nueva Constitución.

¿Y no pierde legitimidad una Constitución redactada por gente designada? ¿No termina eso alejando a la ciudadanía?

-Es un riesgo completamente atendible y, por lo mismo, nuestro sector ha propuesto un órgano 100% electo. Ahora, Chile no solamente necesita, sino que merece una nueva Constitución. Es un problema muy grande que Chile no cuente con un instrumento normativo legitimado por los diversos sectores de la población que sea capaz de responder a las urgencias y necesidades en un país que cambió y que en el Siglo XXI tiene otros desafíos distintos a los que tenía en la década de los ochenta. 

Dar garantías de dicha legitimidad en el instrumento y dar garantías respecto del proceso, tienen que ser principios que se pongan sobre la mesa. 

Insisto en que el principio de la participación ciudadana tiene que ser defendido como ha sido defendido por nuestro sector, pero también tiene que ser entendido como un mínimo en este debate o una preocupación, al menos, que compartimos con los sectores de oposición si queremos llegar a un buen resultado, que es tener efectivamente una nueva Constitución que nos represente a todos y a todas.

“No hay que enamorarse de las fórmulas, sino de los principios, y en los principios tenemos muchas menos diferencias”.

-Usted plantea un dilema: se necesita validez democrática de un órgano 100% electo y, al mismo tiempo, esa fórmula no permite el objetivo final, que es tener una nueva Constitución. ¿Qué se debe priorizar entonces?

-Primero, el proceso ha tenido un error en la conversación, que es que los actores no tengan claro cuál es el objetivo político del proceso. Y un segundo error es que se busca poner en contradicción dos principios que son complementarios. 

Por un lado, la búsqueda de participación ciudadana, la legitimidad democrática que tiene que ver con el órgano 100% electo. Y, por otro lado, este principio de la búsqueda de estabilidad del proceso, que se ve falsamente representado sólo en los expertos, como si la ciudadanía y su participación fuese opuesto a este principio. 

Lo que necesitamos garantizar son ambos principios. No hay que enamorarse de las fórmulas, sino de los principios, y en los principios tenemos muchas menos diferencias.

-¿Ve una posible falencia a futuro, de que la designación genere rechazo en la ciudadanía? ¿No se genera una distancia con la ciudadanía cuando se instala una lógica de tutelaje mediante designación de expertos?

-Uno podría afirmar a buenas y primeras que sí, que lo que te da garantía de legitimidad es el carácter de la elección. Pero uno podría añadir a eso también que la legitimidad no del resultado, sino que del proceso, también está dado por la participación de expertos, que es lo que señala la derecha. Entonces, creo que la virtud está en la combinación de los factores. 

En nuestra preocupación por el órgano 100% electo, también proponíamos un rol preponderante de los expertos, no deliberativo, pero sí preponderante, que pudiesen acompañar el proceso. 

Siempre han estado a la vista estas dos tensiones que deben entenderse como principios que pueden convivir. En el fondo, el riesgo de la falta de legitimidad a menor representación es permanente, es una preocupación atendible.

-¿No era más fácil dirimir esto en un nuevo Plebiscito de Entrada?

-El problema de un Plebiscito de Entrada nuevo es que no reconoce la voluntad soberana expresada en el Plebiscito anterior. Y en ese caso podríamos estar relativizando la posición de la ciudadanía permanentemente hasta que nos guste lo que la ciudadanía nos planteó en un sector u otro. 

-Claro, pero ahora resulta que las conversaciones están impulsando un órgano mixto, que es distinto a lo que se dijo en el Plebiscito del 2020. En ese entendido, ¿no sería plausible preguntarle a la ciudadanía?

-El riesgo político que eso tiene es que cada vez que no encuentres acuerdo entre los dirigentes políticos, se recurra permanentemente a preguntarle a la ciudadanía hasta que esta diga lo que más le conviene a uno u otro: eso es riesgoso para la democracia. 

Por eso digo que respetar el Plebiscito de Entrada es sumamente relevante para efectos del diseño del nuevo proceso.

-Se ha señalado a Convergencia Social como el partido más duro a la hora de negociar un órgano 100% electo. ¿Hay diferencias en la interna del Frente Amplio en esta materia?

-Me atrevería a descartarlo absolutamente: los diversos partidos pueden tener formas diversas de comunicar el objetivo. Pueden tener énfasis distintos ya que somos partidos diversos, por cierto, pero ambos tenemos muy claro que el objetivo político es tener una nueva Constitución legitimada con los más amplios estándares de participación ciudadana. 

Hemos estado trabajando codo a codo para sacar esto adelante, no solamente con el Frente Amplio, sino que como Apruebo Dignidad, con el oficialismo e, incluso, con la Democracia Cristiana.

“Es inaceptable que una institución tan relevante haga más noticia por los escándalos”

-¿Cuál es el estado de las relaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados, desde su perspectiva como vicepresidenta de la corporación?

-La mesa tiene un desafío importantísimo que parte por ofrecer confianza a todos los sectores. No se trata de ceder de un lado para otro, sino ofrecerle a todos los sectores un espacio para poner sobre la mesa sus propias ideas en torno a la necesidad de que el Congreso Nacional logre conectar con las necesidades de la ciudadanía; eso queremos hacer en la vicepresidencia. 

Es inaceptable que una institución tan relevante y con tantas posibilidades de actuar, haga más noticia por los escándalos y los conflictos internos que por las buenas noticias que le podría entregar a los vecinos y vecinas. Entonces, sintonizar con las urgencias sociales y trabajar por ellas es fundamental para reconstruir las confianzas con la ciudadanía, pero también dentro del propio Congreso Nacional.

-¿Hay un riesgo latente de que aumenten las posturas populistas dentro de la Cámara?

-Hay un desafío que es la construcción de mínimos civilizatorios, que es un desafío de diversas fuerzas políticas que tiene que ver con generar un piso desde el que podamos normalizar la conversación política. 

De hecho, el acuerdo constituyente es un muy buen ejemplo. También podría serlo un acuerdo en materia de seguridad o en costo de vida; es imprescindible para defender la democracia y sus espacios como instancias capaces de abrir la discusión desde sus diversas perspectivas. 

El momento de inflexión que vive Chile post Estallido Social y post Pandemia, hace que sea urgente que los sectores democráticos tomen el desafío de acuerdos de mínimos civilizatorios.

-Como oposición durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ustedes impulsaron acusaciones constitucionales y mociones de censura a la mesa que lideraba Diego Paulsen (RN) en la Cámara. ¿Temen una vendetta de parte de la derecha ahora que las fuerzas están más igualadas y el oficialismo carece de mayorías?

-Espero que no, pero también creo que no. Hay un sentido por parte de un sector de la derecha de mucha responsabilidad democrática. En el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera había un contexto completamente distinto, por tanto lo que se le exige a los actores también es diverso: esa percepción está presente. En la relación dentro del Congreso, esa mirada ha estado presente y espero que se fortalezca.

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