María Jaraquemada (Chile Transparente) y acuerdo constituyente: “Los expertos no pueden ser delegados de los partidos”

En menos de 24 horas, los dichos del presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, asegurando que los expertos del nuevo Proceso Constituyente no deben ser remunerados, generó reacciones en todo el espectro político, desde el Congreso hasta el propio presidente Gabriel Boric, descartando esa posibilidad.

Lo cierto es que los detalles en torno al comité de expertos que acordaron los partidos para el nuevo proceso es lo que más dudas ha generado. Esto, mientras se espera que la reforma constitucional que habilite el itinerario constituyente ingrese al Parlamento.

¿Deben ser remunerados? ¿Quienes califican como expertos? ¿Cómo debe ser su selección? Estas son algunas de las dudas que aborda en conversación con The Clinic la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, quien, además, fue recientemente electa como presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del ministerio  Secretaría General de la Presidencia; órgano colegiado, consultivo y sin fines de lucro.

-¿Coincide con las palabras del presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, quien aseguró que los expertos trabajarían en el Proceso Constituyente por “amor a Chile”, es decir, sin remuneración?

-Efectivamente, hay un montón de consejos asesores presidenciales desde el retorno a la democracia, donde las personas aportan por el amor a Chile por así decirlo. Pero no es de dedicación absoluta y tienen un impacto bastante más moderado que lo que se espera del comité de expertos. 

Entonces, hay tres factores por los que es importante que sean remunerados: se espera que tengan dedicación exclusiva, porque limita posibles conflictos de interés y, tercero, para no reducir la oportunidad de personas que no podrían auto sustentarse durante casi un año.

“Se puede pensar en un sueldo similar (al de los convencionales) y ver cómo distintos servicios del Estado prestan apoyo para que se pueda ahorrar”.

-De hecho, en Grecia se intentó no pagar a políticos y fracasó porque sólo podían participar quienes tenían los recursos…

-Claro, es algo bastante superado. Yo creo que hubo una confusión con el rol del comité, porque no va a ser un consejo asesor, sino que hace una propuesta concreta: tiene incidencia.

-¿Qué explicación le encuentra a que el diputado Mirosevic haya hecho esa afirmación, o no hay otra forma de dar una señal de austeridad?

-Efectivamente tiene que ver con dar una señal de austeridad, pero hay otras formas de austeridad. Un ejemplo es lo que ocurrió en la Convención anterior que sesionó en el ex Congreso. También pueden haber universidades que presten sus espacios para que haya un ahorro. 

Ahora, una crítica en el proceso anterior es lo que ganaban los convencionales, que tampoco era tanto, pero era más que el sueldo mínimo. Yo creo que se puede pensar en un sueldo similar y ver cómo distintos servicios del Estado prestan apoyo para que se pueda ahorrar en otras temáticas.

-De hecho, el debate ha estado enfocado en las remuneraciones, pero quizás se podría hacer algo con las asignaciones…

-Sí, se puede ver también la manera de que las asesorías técnicas sean prestadas de algún modo más colectivo. Sacando el cálculo, por la fragmentación de la Cámara de Diputados y Diputadas, le va a corresponder como un 1,2 o un poquito más a cada uno de los distintos partidos, entonces también van a tener que ponerse de acuerdo para nombrar a estas personas. Por lo tanto, se podría pensar en tener asesorías a grupos más que a personas individuales. 

Hay otro detalle importante que tiene que ver con que el órgano electo trabaje en terreno.

-¿Para que haya más conexión con la ciudadanía?

-Exacto. Lo otro importante es tener adecuados estándares para ambos órganos. Me refiero a que tanto comité de expertos como órgano electo deben tener altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. Hoy hay una alta desconfianza de la ciudadanía hacia instituciones como el Congreso, entonces es importante tener fuertes mecanismos de rendición de cuentas.

“Tanto comité de expertos como órgano electo deben tener altos estándares de transparencia y rendición de cuentas”.

-En entrevista con The Clinic, el diputado Juan Santana (PS) planteó la idea de levantar el secreto bancario a los expertos. ¿Sirve de algo eso?

-Me genera dudas lo de levantar el secreto bancario porque si alguien quiere recibir recursos ilegítimos, lo hará de manera más sofisticada. Hay distintas herramientas para asegurarnos de que las personas no tienen conflictos de interés. Para mí lo relevante es que haya alguien que pueda fiscalizar y sancionar adecuadamente. 

En el Congreso no tenemos hoy en día un mecanismo así y es un gran déficit. Levantar el secreto bancario puede ser algo bastante invasivo y no sé si cumple el objetivo.

-¿Qué otros métodos se usan?

-Paraísos fiscales, palos blancos. Ahora, lo que se podría hacer es que se levante el secreto bancario para ciertas entidades, más que para el público general.

-Si se levanta el secreto bancario para todos, advierte riesgos de que la discusión esté más pendiente de cuánto gastan en el café del desayuno que del tema propiamente constitucional?

-Justamente, eso puede desvirtuar el foco, porque nos vamos a poner a discutir cuánto gasta en el pan, en calefacción, en copete.

-Respecto de los expertos, también hay una gran duda sobre quién califica y quién no. ¿Qué criterios se deben tener a la hora de seleccionar expertos y expertas?

-Vamos a tener dos tipos de entidades, una electa y otra designada. En la que es representativa creo que el perfil podría ser muy diverso, con personas con más experiencia política o que quieran representar iniciativas más específicas. 

En la comisión de expertos, si bien va a haber discrecionalidad de ambas cámaras para designar a estas personas, esa discrecionalidad no quita que luego de designar expertos tenga que haber un ejercicio de justificar por qué fueron seleccionados. 

-¿Qué perfiles deberían tener entonces los expertos?

-Hay distintos perfiles. No necesariamente deberían tener sólo un rol académico o un doctorado, sino que además de estudiar estos temas, sería ideal que hayan personas con experiencia de política pública aplicada para que no sólo haya una teoría, sino que también se vea reflejado en la práctica. 

También me imagino que esa comisión tiene que ser multidisciplinaria.

-Se habla también de la neutralidad de los expertos, algo que es bien difícil…

-No podemos pensar que los expertos no van a tener una cercanía ideológica con algunos sectores. Creo que es deseable, pero su principal rol no tiene que ser el de voceros o voceras de ideologías, que es un rol que va a tener el consejo electo.

“La academia debería hacer una propuesta de expertos”

-¿Cómo se puede evitar que los expertos no sean simplemente operadores políticos? ¿Podrían venir los expertos de universidades públicas, u otra institución que no sean partidos políticos?

-Efectivamente, la sociedad civil y la academia tiene un rol relevante también de aportar en esto. Puede ser proponiendo nombres, pero también generando masa crítica y estableciendo ciertos límites. 

Si vemos que los expertos no están cumpliendo un rol desde la expertise, hay que levantar la alerta. Los expertos no pueden ser delegados de los partidos, porque eso le va a tocar al órgano electo, sino el Congreso podría redactar el anteproyecto.

“La academia debería tener un rol para hacer una propuesta de expertos, sabiendo que la decisión la tienen finalmente los Parlamentarios”.

-Todavía no está claro el proceso para designar o proponer expertos, excepto que cada Cámara ratificará a 12 de ellos. ¿Deberían las universidades, fundaciones, ONG tener la posibilidad de proponer gente?

-Sí, y me imagino que los partidos políticos estarían encantados de recibir propuestas y evaluar en torno a eso. Eso puede servirles para saber quienes están disponibles, porque acá hay un tema de tiempo que hay que dedicarle al asunto y otro de exposición no menor. 

La academia debería tener un rol para hacer una propuesta de expertos, sabiendo que la decisión la tienen finalmente los Parlamentarios.

-Las Constituciones contienen temas donde muchos sectores como, por ejemplo, los empresarios, pueden tener intereses. ¿Se debería entonces hacer cambios a la ley electoral respecto de aportes a las campañas de cara a la elección de consejeros?

-Yo me imagino que las normas de las campañas en general van a aplicar y ahí tenemos bastante transparencia. Las personas naturales tienen todo el derecho de apoyar económicamente a quienes crean que son más idóneos, jamás lo restringiría. Eso sí, creo que tiene que haber un límite en los aportes y en los gastos de campaña, para que esto no se base sólo en recursos. 

Lo más complejo es la regulación para la campaña del Plebiscito. Ahí vimos que hay hartas cosas que perfeccionar, porque está bien que la sociedad civil participe, pero hay mejores maneras de regularlo. Casi todos los aportes fueron anónimos en el proceso anterior, entonces no tuvimos conocimiento de quienes los dieron. Ahí se puede mejorar la transparencia.

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