Columna de Felipe Harboe: Un nuevo acuerdo para una nueva sociedad

De que Chile cambió, no cabe duda. En algunos aspectos para bien y en otros para mal. Dentro de los últimos, la ciudadanía -de acuerdo a todos los estudios de opinión- reconoce como principal preocupación la sensación de inseguridad y el incremento explosivo de la violencia asociada a los delitos. Ya no se trata de “hechos aislados” ni de que ocurra “en otro lugar” y, lamentablemente, cada día más personas conocen a una víctima de algún delito violento en su entorno cercano.

La criminalidad, a su vez, también ha mutado, no sólo porque la realidad virtual se haya transformado en un espacio fértil para nuevos tipos de ilícitos, sino también porque delitos tradicionalmente contenidos por la autoridad se han acrecentado, siendo ejemplo elocuente de ello los homicidios, como asimismo, la inmigración irregular definitivamente se ha transformado en un factor incidente.

Frente a este escenario, veo con esperanza el llamado de la autoridad a un acuerdo amplio por la seguridad como una forma de buscar puntos de encuentro en un país demasiado fragmentado. Es también una oportunidad para reivindicar el monopolio de la fuerza estatal, que en última instancia es el justificante de la organización política de la sociedad en todas las democracias liberales, pero que durante los últimos años se ha erosionado, contando con el beneplácito de sectores políticos no necesariamente cercanos ideológicamente entre ellos.

Siguiendo esta línea, la violencia, el delito y el terrorismo son acciones condenables que afectan a niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, LGBTIQ+, sin distinciones de credos, razas o votaciones y, por tanto, debiera ser un punto de encuentro natural, donde todos confluyéramos sin necesidad de convocatoria a condenarlos al unísono, aislando a sus actores y también a sus defensores. Por desgracia no es así y seguramente demandará muchos esfuerzos de la autoridad aunar voluntades en torno a medidas de solución o, al menos de control del incremento de la violencia e inseguridad que nos afecta.

Pues bien, en base a cierta experiencia y sujeto a la férrea convicción de que sí es posible mejorar, me permito advertir que un nuevo acuerdo no puede fundarse en las recetas tradicionales de la primera mitad de la década, salvo que se pretenda dejar incólume el estado de situación actual. Lejos de involucrar un shopping list de proyectos de ley, planes o programas, recursos, dotaciones, asignación de responsabilidades y compromisos dignos de aplauso, lo que necesitamos hoy es una visión del modelo de seguridad para la nueva sociedad que garantice el derecho a vivir seguros con independencia del lugar de habitación.

Ello conlleva asumir la multicausalidad del fenómeno y la necesaria estabilidad en las medidas para lograr efectos reales y pretendidos, evitando cambios masivos de funcionarios, planes, programas y prioridades según el ritmo de rotación de la autoridad política, mando policial, o persecutor de turno. Chile necesita de una vez por todas asumir la seguridad como política de Estado, donde gobernantes y líderes de las instituciones asuman la posta de políticas de largo plazo y —mediando evaluaciones externas, rigurosas, basadas en evidencia y datos (y no en esfuerzos o metas intermedias)—, continúen o mejoren las políticas públicas.

En virtud de lo anterior, me permito sugerir que un eventual acuerdo en seguridad ponga el énfasis en tres ejes estratégicos. Primero, en la creación de una agencia autónoma (tipo Banco Central) que fije los objetivos generales y políticas de Estado en materia de seguridad, asociadas a indicadores únicos para todas las instituciones. En segundo lugar, instalar en el texto constitucional el “sistema de seguridad”, obligando a todas las instituciones que participan de las políticas de seguridad a coordinarse en función de los objetivos planteados por la agencia y, por tanto, el desarrollo de dichas instituciones responda al objetivo nacional y no sólo a los institucionales, instalando sistemas de evaluación de gestión en función de los resultados en la prevención, control, sanción o rehabilitación, según corresponda.

En tercer lugar, para el acuerdo, se requiere sincerar nuestra discusión penal. Por ejemplo, enviar de una vez el anteproyecto de Código Penal (aunque sea su parte general) para iniciar la discusión de fondo sobre la materia. Luego, poner en discusión la conveniencia del sistema de reglas de determinación de las penas que habilitan a jueces a recorrer los grados de cada pena asignada por el legislador, pudiendo rebajar la pena material en función de ciertas circunstancias. Quizás sea el momento de pasar a un sistema de penas unívocas, proporcionales y realistas en vez de seguir una escalada de incremento interminable de penas teóricas de escasa aplicación práctica.

Seguramente de estos tres ejes estratégicos podrán salir decenas de medidas prácticas para un acuerdo; lo importante es que ante esta nueva realidad, se requiere una nueva modalidad de gestión pública, colaborativa, orientada al resultado, con alto nivel de profesionalismo, sin temor a usar los desarrollos tecnológicos y todo evaluado externamente. De lo contrario, tendremos más de lo mismo que, en esta nueva realidad no dará resultado, perdiendo tiempo para brindar mayores niveles de paz y tranquilidad.

* Abogado y ex Subsecretario del Interior.

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