Zoom a la propuesta de nueva Constitución en la que trabaja la Comisión Experta: abogados analizan similitudes y diferencias con la de 1980

El actual proceso constituyente está marcado por un nivel de desinterés mayor por parte de la ciudadanía en comparación con el proceso anterior. Esto se enmarca en plena elección de los 50 consejeros constitucionales, quienes tendrán que aprobar o rechazar e introducir algunas modificaciones al proyecto de Constitución que está redactando actualmente la comisión experta.

Más allá de que el proceso aún está en sus niveles más iniciales, expertos coinciden en que el resultado de la propuesta no será tan distante a la Constitución vigente de 1980.

Las razones para esto se basan en una serie de bases institucionales por las que los expertos y consejeros se deben regir. A esto, se suma el rechazo al proyecto de la Convención. Javier Couso, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales lo retrata de la siguiente manera: “El rechazo al proyecto anterior, que era considerado como refundacional, obliga a que lo que se redacte hoy en día se aleje totalmente de lo refundacional”.

Así, los expertos se encuentran trabajando en el exCongreso de Santiago, en el sector correspondiente al Senado, en los detalles que tendrá el texto de nueva Constitución. Este proyecto -que debe estar listo el 6 de junio- será evaluado a partir del 7 de junio por los consejeros electos este domingo 7 de mayo, quienes tendrán que aprobar con tres quintos cada una de las normas propuestas por la comisión experta. En el proceso de debate del consejo, los comisionados tendrán derecho a voz.

Las normas que sean aprobadas, pasarán al texto final, mientras que las que no alcancen los tres quintos serán rechazadas. Además, los consejeros tienen la facultad de realizar una aprobación con modificaciones a las normas e, incluso, introducir nuevas normas. De todos modos, las modificaciones deben ser aprobadas por tres quintos del Consejo.

Luego de cuatro meses, el consejo debe tener lista su tarea. Para entonces, los expertos elaborarán un informe donde pueden sugerir modificaciones. Estas deben ser aprobadas por tres quintos del Consejo y también pueden ser rechazadas por dos tercios del órgano.

Sin embargo, tanto las normas rechazadas como las no aprobadas pasarán a una comisión mixta con 6 miembros del consejo y 6 miembros de la comisión experta. Estos resolverán sobre estas normas por tres quintos de sus integrantes y, posteriormente, el resultado final tendrá que ser aprobado por el consejo, también por tres quintas partes.

Todo este proceso burocrático será necesario para llegar a una propuesta constitucional que deberá ser plebiscitada. Ante esto, entre expertos surgen distintas preguntas: ¿Pudo hacerse un proceso más pragmático? ¿Cambiará significativamente la Constitución en relación a la de 1980? ¿Es más importante lo simbólico del proceso?

Lo que cambiaría y se mantendría en la Constitución

José Francisco García, abogado constitucionalista y profesor asociado de derecho constitucional en la Universidad Católica, asegura que “si un extraterrestre viene y observa la Constitución vigente con la propuesta preliminar de los expertos, no va a encontrar muchas diferencias”.

Jaime Bassa, exconvencional, abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Valparaíso dice que “lo que se ha estado viendo del proceso es algo más bien anclado a lo tradicional. El discurso de la comisión de expertos se está dando dentro de los límites de la Constitución del 80”.

El abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Playa Ancha, Hugo Tórtora, explica que “desde cómo está conformado este proceso, ya es difícil que tengamos un texto innovador y lo más probable es que termine siendo muy similar a la Constitución Vigente”.

Quien tiene un diagnóstico distinto es Javier Couso, quien asegura que “si uno mira las bases del proceso, ya hay una diferencia absolutamente fundamental respecto del techo ideológico que tiene la Constitución vigente”.

De todos modos, José Francisco García observa algunos cambios mayores y menores. “Lo primero y más relevante es el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, que está redactado a modo general, pero que tiene un relato fuerte con mayores derechos sociales”.

En esa línea, menciona que “se incorpora el derecho a la vivienda, que no está actualmente y también algunos cambios menores respecto del derecho a la salud, a la seguridad social y se incorpora un derecho al trabajo decente”.

Jaime Bassa utiliza el derecho a la salud para abarcar este punto: “Así como está la propuesta preliminar de los expertos es muy probable que el sistema chileno de salud, desintegrado lo público de lo privado, siga prácticamente igual”.

La norma del Estado Social y Democrático de Derecho incluye, en su última línea, que estos derechos serán provistos “a través de instituciones estatales y privadas”. Para García, “esto hace que de todas maneras haya cierta similitud con el actual Estado Subsidiario”.

Javier Couso, por su parte, defiende que “la idea de Estado Social y Democrático de Derecho europeo contempla justamente la provisión de derechos por parte del Estado y de privados. En la Constitución Federal alemana, por ejemplo, se establece el derecho a la educación y que los privados pueden participar de ese derecho con la condición de que no se discrimine a niños y niñas por los ingresos de sus padres”.

Para Bassa, “declarar que Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho es algo muy importante, pero no es suficiente. Esto tiene que tener una bajada concreta y, como está escrito, creo que todavía es muy débil y sigue en la lógica de profundizar un Estado Subsidiario”.

Hugo Tórtora explica que “el cambio a un Estado Social y Democrático de Derecho es probablemente lo más importante. Sin embargo, este se complementa con el actual Estado Subsidiario. Ese es un motivo para sospechar que el cambio de Constitución no va a ser para nada profundo”.

En línea con los cambios que tiene la propuesta preliminar de los expertos, tanto Couso como García coinciden en la importancia del reconocimiento de los pueblos indígenas, sobre lo que la Constitución vigente no menciona nada.

Para García, otra novedad importante “es el capítulo sobre protección medioambiental. Si bien es muy breve y general, hay muchas enmiendas que hablan sobre ese tema”.

Respecto del sistema político, la evaluación que hace José Francisco García, de la UC, es que “no está en discusión cambiar el sistema presidencial. Lo que hay hasta ahora es, más bien, un reforzamiento del presidencialismo. Lo más probable es que pasemos de un híper presidencialismo a un híper mega presidencialismo”.

Para Javier Couso el diagnóstico es que “si la Convención no fue capaz de establecer un sistema parlamentario, menos lo va a ser este proceso. La propuesta anterior ya era considerada refundacional sin eso”.

En esto Tórtora comenta que “no hay un mecanismo nuevo. Se incluyen cosas sobre participación ciudadana, pero no es un cambio tan notorio”. Del mismo Modo, Bassa comenta que “pareciera que los mecanismos de participación ciudadana que se están proponiendo van a prevalecer, porque generan consenso. En sistema político, de todos modos, los cambios que se pueden observar son muy mínimos como para señalarlos como algo esencial en la nueva propuesta”.

De todos modos, el debate en la comisión de expertos respecto del sistema político está más enfocada a la regulación de partidos y al sistema electoral: “Ahí hay un diagnóstico común, que es que la política está desprestigiada, pero con fórmulas distintas. La centro derecha cree que hay que establecer pactos electorales, mientras que la centro izquierda se juega por los votos de cada partido”, dice el académico de la UDP.

García, por su parte, explica que “lo que ha tenido más prensa son los requisitos para los partidos, como el umbral de 5% del parlamento para que los partidos sigan existiendo. Eso es un cambio, pero también es extraño porque en el común de las Cartas Magnas eso se deja a la ley”.

Sobre la regulación de partidos, Jaime Bassa dice que “establecer un 5% de votación nacional para llegar al parlamento es un cambio muy grande y que probablemente no debería estar en la Constitución. El texto debería decir que ‘se establecerá un umbral por la vía de la ley’. Entonces, se están haciendo cosas que hizo la Convención y por las que se criticó mucho al proceso anterior”.

En línea con el sistema político, otro cambio, que según García es menor, es que “se incorpora la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas e Impacto Regulatorio, que vendría siendo una especie de Dirección de Presupuesto del Congreso”. De todos modos, asegura que “no es un cambio tan significativo”.

A esto, añade que “también los gobiernos locales tendrán un poco más de autonomía fiscal, pero no es un cambio significativo”. En esto, Javier Couso no coincide y asegura que “va a haber mucha más descentralización que la que hay hoy en día”.

Para el exconvencional Jaime Bassa, “al principio se habló de hacer una Constitución habilitante y eso no está en la propuesta preliminar actual. En las Constituciones de 1833 y de 1925 había un amplio dominio legal, los legisladores tenían mucho margen. En la Constitución del 80 eso se cambió y la propuesta que se está redactando está yendo en esa misma línea”.

Hugo Tortora señala que “si se eliminan cerrojos de la Constitución del 80, también se elimina el control preventivo del Tribunal Constitucional. Entonces veo que es un texto que habilita varios cambios a futuro”.

Un proceso simbólico

Con todo esto, los expertos abordan mayoritariamente que el principal cambio que tendrá la propuesta de Constitución que está siendo elaborada estará en el Estado Social y Democrático de derecho e, incluso ese cambio, es cuestionado por no ser tan concreto.

Así, cabe la duda de si era necesario un proceso de este nivel para realizar tales cambios.

“Esa va a ser una pregunta que se hará mucho ex post del proceso. En el fondo, si no va a haber grandes cambios, va a quedar la sensación de que esto pudo ser una gran reforma constitucional”, comenta José Francisco García.

A esto, agrega que “aquí lo que se está jugando es un proceso simbólico a 50 años del Golpe, que es algo muy relevante para legitimar constitucionalmente a Chile”.

Para Hugo Tórtora, “obviamente es muy importante los cambios que tenga una Constitución en cuanto a cómo se organiza la sociedad. Pero también es importante el cómo se redacta y que eso tenga una validez democrática; al final, eso es lo que está en juego en este proceso, más allá de que hayan grandes cambios, que no los va a haber, lo importante es dejar atrás la Constitución del 80”.

Por su parte, Javier Couso cree que más allá de que no se hagan grandes cambios, era importante tener un órgano específico para esta tarea: “Si esto se hubiese hecho como una gran reforma los parlamentarios, no serían capaces de hacer cambios reales. A mí me parece que, pese a que los expertos representan a sus partidos, han trabajado de forma muy independiente”.

Jaime Bassa califica que “este es un muy mal momento para tener un proceso de redacción de nueva Constitución. En términos políticos la cosa está muy inestable, con mucha polarización y poco ánimo cívico. Lo que veo es que los ganadores (de Rechazo) están tratando de consolidar su triunfo, tal como lo hicimos nosotros en 2021”.

A esto, añade que “vamos a estar todo el 2023 con este debate constitucional y, lo peor, es que si se llega a aprobar el texto, el debate constitucional no va a quedar zanjado. Vamos a seguir arrastrando un problema, porque se va a terminar con la Constitución del 80, pero va a quedar una muy parecida”.