Ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, y los 50 años del Golpe: “Nos hemos propuesto establecer un sitio de memoria por región”

“No he hecho demasiados cambios, la verdad, pero las cosas que he ido instalando son estas que me han ido regalando”, cuenta Javiera Toro, ministra de Bienes Nacionales, mientras mira su oficina. En ella, dan color al espacio de cielo alto, piso parquet y planos enmarcados con paspartú grueso, algunos cuadros pintorescos, un mantel wiphala y una manta andina sobre el sillón blanco de la sala.

Con 35 años, la abogada de la Universidad de Chile es una de las integrantes más jóvenes del gabinete del Presidente Boric y, cuando no está en terreno, hace sus labores administrativas de Bienes Nacionales en el segundo piso de una de las esquinas más bulladas del centro de Santiago, en la Alameda con Santa Rosa.

Durante la dictadura, en el mismo edificio, se reunía la organización clandestina de inteligencia Comando Conjunto, responsable de la persecución, ejecución y tortura de opositores al régimen entre 1975 y 1976. Hoy, casi 50 años después, se planea y ejecuta una agenda distinta: dar nuevos usos de los excentros de detención y tortura, con el fin de generar verdad, justicia y memoria en materia de DD.HH.

A las 2:15 pm, después de su almuerzo de 15 minutos, la ministra se acomoda sin calma, pero sin prisa, para dar esta entrevista a The Clinic en el día en que el ministerio llenó de banderines temáticos sus pasillos para celebrar su cumpleaños número 92.

–¿Alguna vez se imaginó que llegaría a ser ministra?

–No, yo creo que nadie se imagina estar en una posición así. Pero también siento la responsabilidad de poner lo mejor de mí. Y no solo yo, este es un proyecto que requiere muchísimas manos: todo el equipo que se ha ido sumando a este trabajo y es importante reconocer y agradecer el trabajo de las funcionarias y los funcionarios, que llevan muchísimos años trabajando en el ministerio.

–¿Le costó acostumbrarse a que le dijeran ministra? ¿A que la trataran de usted y todos esos ademanes propios de la investidura del cargo?

–Son cosas a las que una no está acostumbrada. De todas maneras, y parte de asumir un cargo como este, tiene que ver con aprender y asumir ese tipo de formalidades y protocolos.

El recién pasado 23 de mayo, la ministra realizó su primera cuenta pública participativa. En ella, destacó la recuperación de terrenos fiscales que se encontraban administrados por las FF.AA. y puso énfasis en la labor de su cartera en el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno, el cual busca terminar su mandato con la construcción de 260 mil viviendas.

–Ya han recuperado 12 terrenos de las FF.AA. ¿Cómo ha sido este diálogo?

–Hemos tenido un diálogo con cada una de las ramas de las FF.AA., con el Ejército ya hemos logrado avanzar y esperamos seguir en esa senda. Este desafío es grande y esperamos que uno de los legados del gobierno sea lograr un acuerdo que puede haber parecido impensado, pero que finalmente muestra que el diálogo permite avanzar en bienestar social y en resolver las necesidades de las personas.

–¿Y el primer requisito siempre es que estos terrenos no se estén utilizando de manera óptima?

–Que estén subutilizados o hayan estado sin uso durante mucho tiempo. En algunos casos, como el del regimiento Pudeto en Punta Arenas o el Campo Militar Valdivia, donde funcionan regimientos, estamos haciendo modificaciones de la destinación para que parte de esos paños que hoy día no son necesarios para las labores del Ejército, estén a disposición de la construcción de viviendas sociales.

–En total ya son 16 los terrenos fiscales que se van a utilizar en la construcción de cerca de 3.000 viviendas. ¿En qué proporción su cartera espera aportar a la meta del gobierno?

–Estamos ampliando el banco de suelos públicos para una mejor administración de los terrenos del Estado. Tenemos mesas de trabajo con las FF.AA., también con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas, porque hay un esfuerzo conjunto en esa línea. No solo tenemos la responsabilidad de transferir los terrenos para la construcción de esas 260 mil viviendas, sino que ampliarlos, porque una de las mayores causas del déficit es el valor del suelo.

–¿Y cómo han avanzado con la restitución de tierras indígenas con la que se comprometieron hace un año?

–En el norte del país, ya hemos hecho algunos avances importantes con la comunidad Aymara, autorizando la transferencia de los terrenos que el Estado había comprometido. Hemos hecho otras restituciones en la zona centro-sur también. Tenemos una importante prioridad en la regularización de terrenos de personas indígenas, a través del mecanismo de la regularización de la pequeña propiedad raíz (trámite que permite al poseedor de un bien raíz pequeño, que no está inscrito, hacerlo a través del Ministerio de Bienes Nacionales). También hay una línea que tiene que ver con la transferencia de autonomía, en la que hemos hecho avances en lugares como Dunas de Macul, en la Araucanía, como Cerro Illi, en Los Ríos y vamos a seguir trabajando en ese sentido.

Memoria y patrimonio

–A casi 50 años del golpe de Estado, ¿cómo se está llevando a cabo esta resignificación de espacios de memoria?

–Es muy claro que todavía tenemos deuda en materia de las violaciones a los DD.HH. en términos de verdad, justicia y memoria. Nos hemos propuesto establecer, al menos, un sitio de memoria por región y ya hemos ido avanzando en varios bien significativos.

Entre los sitios recuperados, está el exbalneario Popular de Santo Domingo, utilizado durante la dictadura como centro tortura y entrenamiento de los agentes de la DINA. “Esto tiene que ver con reconocer en el territorio los hechos que allí sucedieron”, agrega.

–Sobre eso mismo, el consejero Luis Silva afirmó que Pinochet había sido un estadista. ¿Cree que es un fenómeno el negacionismo que hay? ¿A qué lo atribuye?

–Este tipo de declaraciones son absolutamente inaceptables. El Golpe de Estado en ningún caso puede ser justificado, ni tampoco a las violaciones a los DD.HH. y, por eso mismo, es muy importante la labor que podemos realizar. Y estas voces preocupan, pero yo creo que la mayoría de la sociedad valora los hechos y las libertades que se han ido construyendo y que son patrimonio de la democracia.

–En esta versión fue polémico que se incluyera dentro de la ruta patrimonial al Museo del Estallido. ¿Por qué se le incluyó?

–El gobierno y el Ministro de Cultura ya se refirieron a eso, pero, como decía, este es un día abierto a la ciudadanía y distintas instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil postulan para ser parte de los patrimonios reconocidos en la página. Por lo tanto, era una actividad privada inscrita en el proceso.

–¿No le parece contradictorio? Tomando en cuenta que durante el estallido social, precisamente, una de las consecuencias fue un daño severo a los patrimonios.

–Los patrimonios son múltiples y tienen que ver con cómo miramos nuestra historia. Y en ese sentido, se reconoce en este día la diversidad de patrimonios y de historias que se presentan y que también permiten abrir la discusión. Creo que eso es parte de un debate democrático y una democratización del debate, una manera de construir sociedad democrática también.

Los desalojos del Fisco que busca el Ministerio de Bienes Nacionales

–Hay cerca de 20 mil ocupaciones de terrenos fiscales. De esos terrenos, ¿cuál es el terreno más amplio?

–Tenemos ocupaciones de todo tipo, muy diversas a lo largo de todo el país. Cuando hablamos de 20 mil ocupaciones, estas abarcan alrededor de 6.000 o 7.000 terrenos, inmuebles. Por lo tanto, hay de distintas magnitudes, pero hay algunos que yo misma he visto que ya alcanzan, incluso, más de 200 hectáreas de terrenos tomados.

–¿Cuál es la complicación que hay en términos legales para desocuparlos?

–Hay diversos tipos de tomas. Nosotros entendemos que hay algunos casos, que no legitimamos, pero que se deben o explican por una necesidad habitacional que no ha sido resuelta suficientemente por el Estado. Pero tenemos otro tipo de ocupación que son de segunda vivienda, negocios de todo tipo o loteadores que se toman un terreno que no les pertenece.

En el caso de los desalojos de tierras fiscales, explica la ministra de Bienes Nacionales, la cartera debe contactar al Ministerio del Interior. Así, la delegación presidencial, regional o provincial ordena el desalojo y el uso de la fuerza pública. “Cuando identificamos que se están cometiendo delitos como estafas o loteos irregulares, además, hacemos las denuncias ante el Ministerio Público para que continúen las investigaciones. Y estas (ocupaciones) tienen distintas penas, incluyendo penas de cárcel”, agrega.

–Hace poco se habló de las “Tomas VIP”. ¿Cómo se abordan esos casos en los que, a veces, la gente tiende a pensar que las tomas tienen que ver con gente que no tiene posibilidades de tener una vivienda?

–Hay personas que se toman terrenos fiscales para sus fines particulares e, incluso, para hacer uso de sus privilegios, como es el caso de las que se denominan ‘Tomas VIP’. Estamos hablando de segundas viviendas, unas casas frente al mar, situaciones absolutamente indignantes. Nosotros estamos concentrando los esfuerzos en ampliar el banco de suelos públicos por la emergencia habitacional y, al mismo tiempo, tenemos que estar haciéndonos cargo de situaciones que son absolutamente injustificadas, como lo son personas que se toman un terreno para hacer su casa en la playa.

Bienes Nacionales y los datos geoespaciales e hidrógeno verde

–Estuvo hace poco en Honduras compartiendo la experiencia chilena en datos geoespaciales y, además, mencionó en la cuenta pública que cerca del 80%, tanto del mundo privado como estatal, necesitan estos datos para tomar decisiones. ¿De qué se trata la implementación de la Política Nacional de Información Geoespacial que anunció?

–Es uno de los aspectos que se conocen poco, pero tiene que ver con poder coordinar y abrir a la ciudadanía los datos geoespaciales, la información sobre el territorio que generan distintas instituciones públicas. Puede parecer un poco técnico, pero es bien relevante, porque permite tomar mejores decisiones y tiene que ver con democratizar un activo tan importante como es la información. Este año lanzaremos la Política Nacional de Información Geoespacial, la cual tiene el rol de orientar a todas las instituciones públicas en el manejo de información geoespacial.

A mediados de mayo, la ministra Toro, acompañada de un equipo técnico de la IDE Chile, fue a Honduras a actualizar un convenio de colaboración con el Instituto de la Propiedad (IP) del país de Centroamérica. “Fuimos a capacitar y hacer transferencias de tecnología”, comenta. “También tenemos hoy día la presidencia y la secretaría ejecutiva del comité de la ONU para la Información Geoespacial de las Américas”.

–Ministra, ¿cuáles son los pros y contras de estar en un ministerio que no forma parte del Comité Político y está más bien en la “segunda línea”?

–Es un ministerio que durante mucho tiempo no se ha conocido tanto, pero una de las ventajas que tiene es que podemos tranquilamente hacer nuestro trabajo y prácticamente todas las políticas públicas se tienen que desarrollar sobre el territorio, entonces la administración de los inmuebles fiscales nos permite colaborar y tener incidencia en aspectos que no se conocen.

Además, explica la ministra de Bienes Nacionales, pone a disposición del gobierno los terrenos para el desarrollo de energías renovables no convencionales. “El gobierno está muy comprometido con el desarrollo de una industria incipiente como es la del hidrógeno verde y hay una política de fomento para el desarrollo de la industria en terrenos fiscales”.

El escenario político de cara al proceso constitucional

–En el 2019, usted fue una de las que firmó el acuerdo por la Nueva Constitución, como presidenta de Comunes. ¿Cómo ve el escenario político actual, en que el primer texto fue rechazado y el segundo lo escribirá una mayoría del Partido Republicano?

–Bueno, el país tiene un consenso de tener una nueva Constitución, que se ha ido expresando más allá de los vaivenes que ha tenido el proceso. Nosotros esperamos que sea un proceso que se desarrolle para llegar a tener una constitución que sea lo más inclusiva posible: que represente a todas las chilenas y chilenos.

–Ministra, usted es de Comunes y hace poco salió una resolución del Servel que dejó sin cargos a Karina Oliva después de todo lo que sucedió. El Caso Oliva, ¿cuánto cree que afectó a su partido?

–Ahí, en los temas más específicos, son las autoridades del partido a las que les corresponde pronunciarse. Pero Comunes, como un partido del Frente Amplio, está comprometido con sacar adelante el programa de gobierno. Y eso se demuestra también en el rol que cumplimos en espacios como esta responsabilidad que me toca hoy día a mí en el Ministerio de Bienes Nacionales.

–¿Cuál cree que es el sello que usted le ha impreso al ministerio y cómo le gustaría ser recordada cuando deje esta cartera?

–Bueno, cuando el presidente Boric me nombró ministra, me encargó trabajar por una mayor justicia territorial y democratización del territorio y eso estamos haciendo. El sello que le hemos puesto, y vamos a seguir trabajando, se expresa en un buen uso del territorio en el patrimonio que es común, que es de todas y todos los chilenos. Hay cosas como las ocupaciones ilegales que, cuando llegamos, no nos imaginábamos que iba a tener que ser una de las prioridades, pero nos encontramos con una realidad de muchos años de desidia sobre este tema que nos obligan a hacernos cargo.