Ministra Camila Vallejo: “Mientras antes tengamos un pacto fiscal, antes empezamos a resolver esas deudas que demanda la ciudadanía”

En una oficina contigua, del segundo piso de La Moneda, se escucha a lo lejos la voz de la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo (35), que poco a poco se acerca hasta su despacho, cubierto por regalos que le han hecho desde que asumió la cartera, en marzo del año pasado, junto a cuadros y fotografías que adornan las paredes, entre ellas una con su hija.

La ministra aparece con una chaqueta café, saluda con amabilidad, prepara un café y dice que tiene una reunión en 15 minutos más, pero le pide a alguien que se adelante a ella, porque sabe que no podrá llegar a la hora.

Toma un hervidor y, antes de hablar de la movida contingencia política de esta semana, comenta que está viendo la serie Veep, la genial sátira política protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, mientras a la par revisa su celular previo a sentarse, finalmente, frente a su notebook, a conversar sobre uno de los desafíos que se ha trazado el Gobierno: el pacto fiscal.

-Ha sido complejo para el Gobierno impulsar una reforma tributaria y hoy se habla de lograr un pacto fiscal. El Presidente Boric anunció que a fines de julio presentarán nuevamente una propuesta en el Senado. ¿Cuáles diría que son los “peros” que tiene la oposición sobre el tema?

-Veo cada vez menos “peros” y más alineación en torno a la necesidad de tener un pacto fiscal. Hoy día todos están hablando y nadie niega la importancia de tener un pacto fiscal. Un pacto fiscal implica, obviamente, modificaciones tributarias, pero también, por ejemplo, compromisos de gasto, de eficiencia de gasto, de transparencia, de simplicidad de ciertos principios que pueden ordenar un pacto fiscal. Ahora, hay cosas que se han dicho y que son absolutamente falsas.

-¿Cómo cuáles?

-Se ha repetido por parte de algunas personas -no todos- del mundo de la oposición, que este pacto fiscal busca aumentarle los impuestos a la ciudadanía y eso es falso. Este es un pacto fiscal que busca hacer justicia tributaria, que busca que aquellos que tienen más recursos puedan contribuir más, para financiar gastos que están asociados a los trabajo de cuidado, aumentar la PGU a $250.000, por ejemplo.

Entonces, es complejo cuando se trata de poner a toda la ciudadanía como responsable de pagar más impuestos en un pacto fiscal, cuando no es así. Los instrumentos tienen que garantizar progresividad e implica que no se cargue la mano ni a los sectores medios ni a la gente más vulnerable. O sea, que si hay alza de impuestos, sea a la persona que acumula mayor riqueza, los que tienen mayor capital.

-La presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, dijo estar en contra de aumentar los impuestos a las empresas.

-Las empresas siempre tienen una labor que cumplir en la economía chilena, que es generar empleo, crecimiento, inversión, pero también contribuir a propósitos de las rentabilidades que tienen y que van acumulando en nuestro país. Es fruto de sus utilidades. Respecto a eso dicho, lo primero es que la reforma tributaria no contemplaba un alza de los impuesto a la empresa, sino que de impuestos personales a quienes tuvieran mayor ingreso, cierto. Pero, claro, efectivamente lo que se requiere avanzar es la desintegración del sistema, o sea, poder tener separado lo que son los impuestos a la empresa. Se requiere avanzar mayormente en esa separación.

Para nosotros lo fundamental es que hablemos de progresividad y en eso están las empresas, pero también personas que tienen mayores ingresos, y creemos que ahí hay margen todavía para poder avanzar en mayor recaudación, porque si solo nos centramos en la elusión y cómo la enfrentamos, no va a ser suficiente para poder costear los compromisos que hemos planteado, que consideramos de toda lógica empezar a resolverlos.

-¿Cuáles son las urgencias donde iría esta mayor recaudación?

-Nadie podría estar en contra de que exista un recurso, por ejemplo, para los consultorios, con el aumento per cápita, para que la salud primaria esté más fortalecida en todas las regiones o para disminuir aún más los tiempos de las listas de espera, que también es un dolor que se arrastra hace años. O, por ejemplo, el aumento de los $250.000 de la PGU o más recursos para los desafíos que tenemos en seguridad en todas las regiones del país. Entonces, hemos hecho una propuesta en materia tributaria que busca recaudar 2,7 puntos del PIB, pensados para sostener en el tiempo ese gasto social que requiere Chile. ¿Y cómo lo recaudamos? Bueno, de herramientas progresivas. Y que haya claridad suficiente, de dónde vamos a sacar los recursos y para donde van. Creemos que eso es clave en esta conversación.

-Tanto la UDI como RN dijeron que no están dispuesto a esta conversación porque, entre otras cosas, esta reforma va a golpear a las pymes, por ejemplo.

-Para nosotros el tema de las pymes es central y parte de la conversación para un pacto fiscal. Hemos querido no solo dar señales hacia ese mundo o reuniones por parte del Ministro de Hacienda con las pymes, que fueron poco cubiertas, la verdad, poco noticiosa comparándolo con la reunión con las grandes empresas, pero se generaron esas conversaciones porque tienen que ser parte de este pacto fiscal y queremos seguir apoyando a las pymes.

Lo hicimos ahora, a propósito del Fondo Mínimo con subsidios, que antes no existían, porque entendemos que se requiere un respaldo por parte del Estado para poder costear esos nuevos recursos de la fuerza de trabajo. Y lo hicimos también con la medida de alivio pyme, que les permitía también repactar algunas deudas que se estaban acumulando a propósito de la pandemia. Las pymes van a jugar un componente con un rol importante en el marco de esta conversación.

-En una entrevista en el programa Estado Nacional usted dijo que en caso de que se rechazara esta reforma tributaria, existían otros caminos. ¿Cuáles son esos otros caminos?

-Creo que es importante decir que la insistencia es clave para poder avanzar cuanto antes en la cobertura de las necesidades que demanda la ciudadanía. Mientras antes tengamos un pacto fiscal, antes empezamos a resolver esas deudas. Aumentar las pensiones, por ejemplo, traspasar recursos a la salud pública. Pero claro, nosotros estamos poniendo todos los esfuerzos en ese ámbito para no esperar más y un escenario desfavorable nos va a obligar a ir por otros cursos. Tener que, por ejemplo, esperar hasta marzo, y volver en otro trámite legislativo. Pero la verdad es que creemos que podemos alcanzar este pacto fiscal ahora y en eso hemos estado trabajando. Creemos que podemos tener un buen acuerdo también con los senadores y senadoras en el Congreso Nacional, que cumpla toda la expectativa. Que esto implique, insisto, responsabilidad del gasto, eficiencia. Entendemos que eso es clave de la conversación para la oposición.

-Sin una reforma tributaria hay ciertas urgencias que se verán postergadas y eso va a implicar, evidentemente, un descontento de parte de la ciudadanía. La oposición de hace un año es muy distinta a la de hoy, está mucho más empoderada. ¿Siente que hay una intención, de parte de la oposición, de asfixiar al gobierno?

-No quisiera creer que esa es la intención. Me quedaría con la disposición a dialogar de parlamentarios de la oposición, con las experiencias recientes, no hace un año atrás, sino que las más recientes en torno, por ejemplo, el acuerdo que sacamos con el royalty minero. Se puso en el centro el gasto, el objetivo de financiamiento, las regiones, las comunas, y a partir de eso se logró un buen acuerdo, que hoy día va a materializarse en mayores recursos para las comunas que tenía muy bajo presupuesto.

Entonces, tenemos buenos ejemplos recientes de acuerdo, a pesar de las diferencias. Somos un gobierno que tiene minoría parlamentaria y, aun así, a través del diálogo, sacamos las 40 horas, sacamos el salario mínimo, con subsidio a las pymes, sacamos el proyecto minero. La pregunta es por qué no vamos a lograr un buen acuerdo, a través de un pacto fiscal, que se viabiliza poniendo, como decía, en el centro los objetivos del gasto, porque esto no es recaudar más por recaudar más. Porque, además, todos los que estamos en esta conversación, principalmente desde los ministros como parlamentarios, vamos a tener que eventualmente pagar más impuestos. Nosotros, no la gente que sale a trabajar todos los días a su calle y tiene un ingreso de $600 o $700 mil. Para financiar cosas específicas para la gente, para financiar salud, seguridad, pensiones, también en la reparación a los profesores y profesoras de la deuda histórica.

Agenda pública y terrorismo

-La agenda ha estado tomada en el último año por el tema de la inseguridad, que la derecha ha podido capitalizar, y sectores de la izquierda han reconocido que ese es un tema que en algún momento les costó salir a hablar con claridad. Hoy, el tema es la salud. ¿Cuán difícil está siendo, para el Gobierno, tomar la agenda pública?

-Creo que los hechos dan cuenta de la prioridad que le hemos puesto a la agenda de seguridad en nuestra gestión de gobierno. Es cierto que tuvimos los primeros meses que reforzar esta agenda de seguridad, porque no bastaba con los compromisos del programa. Tuvimos que entender que era un tema mucho más complejo la situación en la que estaban, por ejemplo, las instituciones, la policía, las fronteras, y por lo tanto tuvimos que reforzar los planes del programa y la agenda legislativa en materia de seguridad.

Pero desde el año pasado que hemos venido en esa dirección y se materializó. El primer hecho concreto es que aumentamos un 4,4% el presupuesto en seguridad. Durante mucho años se había perdido de vista la importancia de financiar contundentemente la seguridad pública en nuestro país y, sin embargo nosotros, siendo un gobierno de izquierda o con representantes de la centroizquierda, decidimos aumentar históricamente el presupuesto en materia de seguridad. Presentamos una política nacional contra el crimen organizado, entendiendo la complejidad del fenómeno del delito que se ha ido desarrollando en nuestro país durante los últimos diez años.

Las policías estaban sin su asignación crítica o, por ejemplo, el reforzamiento de las fronteras, que estaban totalmente abandonadas. Los centros de control de la frontera estaban con una infraestructura abandonada hace años y hemos desplegado más a las Fuerzas Armadas en las fronteras, para el control junto con la policía, y eso ha permitido disminuir desde el año pasado hasta la fecha, en un 56% del ingreso irregular de los migrantes. Y así, tenemos una agenda legislativa con 31 proyecto de ley, y hemos sacado varias, como la Ley contra el narcotráfico, la Ley contra el crimen organizado, y hoy está avanzando el Ministerio de Seguridad Pública, etcétera. Creo que hay mucho de discurso y poco de realismo cuando se critica la gestión de este gobierno en materia de seguridad por parte de la oposición. Aquí no ha habido ni debilidad ni falta de decisión, todo lo contrario. Ha habido mucha decisión.

-Sí se recuerda mucho de parte de la oposición, y en las redes sociales, lo que denominan como “volteretas” de quienes hoy son gobierno con declaraciones de hace dos años atrás respecto al rol de la policía.

-Claro, es que la oposición se ha centrado en hacer arqueología tuitera más que a ponerse, a veces, a evaluar las acciones y la política pública, que como gobierno nos ha tocado empujar en materia de seguridad. Creo que eso no es la prioridad del debate. El debate no puede ser siempre sobre qué se dijo en un tweet, cómo se expresó ante tal o cual persona del Gobierno el Parlamento hace cinco o diez años atrás, sino que como ahora nos estamos haciendo cargo del problema, que es una preocupación del día a día de todos los chilenos.

-En la última semana hubo tres ataques explosivos que son preocupantes. ¿Cómo pretenden atajar esta peligrosa tendencia?

-Esto es sumamente grave. Son hechos de alta gravedad, no solamente condenables, sino que implican una capacidad de respuesta por parte del gobierno y de instituciones del Estado. Son ataques incendiarios que obviamente agravan la sensación de inseguridad y de temor de la población en la Macrozona Sur y en La Araucanía. Y a propósito de eso, ayer (jueves) hubo una reunión del Presidente con los poderes del Estado para poder tomar acciones. Se va a constituir un equipo allá, se va a reforzar a la Fiscalía, porque necesitamos en estos casos un reforzamiento de la labor persecutoria, de la investigación de los casos a fondo, para dar rápidamente con los responsables y que cumplan las condenas correspondientes por estos hechos.

-El Gobierno ha puesto en el debate la urgencia de mejorar la Ley Antiterrorista.

-En 30 días se va a presentar, en este mismo espacio, la propuesta sobre la modificación de la Ley Antiterrorista, que además está en nuestro programa de gobierno. Esto no fue algo que se impuso en la agenda, sino que es parte de nuestro compromiso, porque hace rato que existe el diagnóstico transversal de que la Ley Antiterrorista, como está actualmente, no sirve. Y por eso hemos tenido que recurrir a la Ley de Control de Armas, por ejemplo, y ha sido más efectivo que la Ley Antiterrorista. Pero respecto a la ley Antiterrorista, obviamente que requiere modificaciones y no cualquiera, sino que unas que nos permitan, el día de mañana, decir que fue un cambio para mejor y que la hace aplicable, efectiva y eficaz en aquellos casos que se constituyen como acto terrorista.

-Diría que estos tres atentados de la última semana son “hechos aislados de terrorismo” o usted pensaría de que existen organizaciones?

-Uno tendería a pensar que no, pero también eso es parte de la labor investigativa. Es difícil adelantar o ser muy tajante en mi hipótesis sobre la relación de un acto con el otro. Pero, claramente, detrás de estos hechos hay organización. Pero la labor de los fiscales y la Fiscalía es poder determinar qué tipo de asociación ilícita es, de haberla, y qué relación tiene un atentado con el otro.

Crisis de los virus respiratorios

-Esta semana terminó con el subsecretario de Salud, Fernando Araos, fuera del Gobierno. Hay una crisis de los virus respiratorios y muchas críticas que apuntan a la lentitud para hacerse cargo del tema. ¿Qué mea culpa hace el gobierno y cómo pretenden darle freno a la crisis de salud?

-Creo que son momentos para contribuir a enfrentar esta crisis sanitaria que estamos viviendo, por el alza de los virus respiratorio. Tenemos asumido, desde al menos el periodo de las vacaciones de verano, que se iba a producir una situación de virus respiratorios, particularmente virus inicial, más violenta que en invierno anteriores, sobre todo por la situación inmunológica en la que quedó la población a propósito de los confinamientos domésticos.

Se empezó a preparar desde esos meses un plan para invierno. En marzo, de hecho, se estableció el Decreto de Exención de alerta sanitaria, justamente para establecer el marco normativo que nos permitiera tomar medidas adicionales en la capacidad de responder ante esto. Se pusieron más recursos y empezaron a hacer las gestiones para la preparación de camas críticas.

Semana a semana se va haciendo evaluaciones con los equipos técnicos para ver cómo mejorar y no solo con el equipo técnico y los expertos, sino que también con incluso exministros y exministras de Salud. Claro, uno podría decir que esas reuniones ojalá pudieran haberse dado antes, ¿no? Y que la contribución de la experiencia de ministro y ministra de gobiernos anteriores se haya podido realizar antes. Lo importante es que ahora el centro de la conversación no esté en un nombre u otro, sino que en el trabajo y despliegue que pueda ser el Ministerio de Salud.

-En esa conferencia de prensa donde estaban, entre otros, el exministro Mañalich, ofreciendo ayuda, ¿usted ve buenas intenciones o un poquitito de aprovechamiento político?

-(Ríe) Mira, lo que te puedo decir como vocera de Gobierno es que toda contribución es bienvenida. No voy a interpretar las intenciones, porque no me corresponde, sino que más bien si es que llegan con propuestas y hay ánimo de colaborar. Todo eso va a ser bienvenido, porque en estas cosas no puede primar el color político ni objetivos ni de la política pequeña, sino que poner en el centro la salud de la población lactante y, además, también lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, vamos a tener situaciones con las personas mayores, a propósito del virus de la influenza.

-La ministra Aguilera, a propósito de la muerte de una lactante, dijo una frase poco afortunada y luego se disculpó. En momentos críticos esas frases se multiplican por diez, en todos los gobiernos. ¿Qué lecciones sacan ustedes?

-La misma ministra lo señaló, que no había sido una frase afortunada. Ella reconoció el error de la expresión y y ha sido parte de lo que hemos conversado: cómo mejoramos la comunicación de riesgo. En estos momentos tan sensibles hay que ser especialmente rigurosos y rigurosas en la gestión de la información, también en la gestión de cómo comunicamos este tipo de emergencias. Porque están detrás familias que merecen no solo todo el respaldo, el respeto, sino que también merecen saber que el caso del fallecimiento de su hijo o hija va a terminar siendo investigado.

-En el caso de la lactante que falleció en San Antonio, el papá dijo que va a demandar al Estado por negligencias. Hay realidades de hospitales que trascienden a este Gobierno pero, ¿cómo se prepara el Estado para estas demandas que pueden presentarse?

-El Estado ha sido demandado en distintos momentos, incluso en la pandemia. Y las personas tienen todo el derecho a presentar las demandas que consideren correspondientes frente a lo que consideran una vulneración de sus derechos fundamentales. Está en el marco de su derecho.

Ministra Camila Vallejo: “Se produce una pérdida de confianza dentro de las relaciones políticas”

-¿El Gobierno aceptará las disculpas del diputado Mellado por el audio que filtró a los medios o seguirá con la denuncia que presentó? Y, sobre lo mismo, ¿cambiarán los protocolos de las reuniones con el Presidente y los celulares tendrán que quedar fuera de la oficina?

-Sí, mira, lo primero es que de una denuncia uno no se desiste. La denuncia está presentada por parte del Gobierno por hechos que son posibles constitutivos de delito y de los que resulten responsables de aquello. Y hoy día son los fiscales los que tienen la acción penal, quienes están a cargo de dirigir la investigación y todo el curso de los hechos que vengan, porque además tenemos a un autor confeso de este posible delito.

Sí, hay que tomar más medidas preventivas y es una lástima, ¿no? Una lástima que tengamos que establecer protocolos de seguridad adicionales, porque se produce una pérdida de confianza dentro de las relaciones políticas. Y esto es grave, porque se toman a veces con liviandad o frivolidad estos temas. Aquí hay una falta de ética, un posible delito, pero además es cómo nos estamos relacionando en política. Y eso es preocupante, porque para lograr los diálogos que se requieren para alcanzar un acuerdo tiene que haber un mínimo de confianza.

Una reunión con el Presidente no es cualquier reunión, menos si es un espacio reservado, menos si es para abordar temas asociados justamente a la seguridad pública. Y estamos hablando de la seguridad en La Araucanía. Entonces, filtrar estas conversaciones no solo es un acto reprochable desde el punto de vista ético, sino que es totalmente irresponsable desde el punto de vista de la seguridad que se requiere lograr en esta zona.

-En este caso la filtración fue de un audio del Presidente, pero este gobierno ha enfrentado muchas filtraciones. ¿Cómo están intentando controlar “ese enemigo interno” que parecen tener?

-Las filtraciones, efectivamente, se han producido en este y en todos los gobiernos anteriores. Desde que tengo memoria, y por lo que he conocido de la experiencia de otros gobierno, uno de los grandes problemas de la gestión política interna es el problema de las filtraciones. Pero una cosa son las filtraciones de los comentarios que puedan haber de pasillo, de un funcionario hacia la prensa, que en el plano de su labores está siempre tratando de buscar información que le sea relevante o de interés público, versus lo que es el traspaso de un audio, o sea, grabar sin consentimiento una conversación en un espacio que es reservado.

-¿Lo de la Feria de Frankfurt fue un error no forzado?

-Lo de la Feria de Frankfurt tuvo que ver con una decisión que desde el Ministerio de Cultura se adoptó en su momento, que no impide la participación de Chile en la feria, sino que de ser miembro de honor, lo cual implica una serie de gastos asociados, alrededor de 6 mil y 8 mil millones de pesos, que no es menor y que en su momento, como lo dijo el ministro de Cultura, se evaluó si correspondía, sino que también utilizar esos recursos para potenciar la lectura y a los autores chilenos acá desde Chile.

Pero es algo que el Presidente pidió revertir y se están haciendo las gestiones para eso. Entonces es algo que todavía está abierto, pero tuvo esa racionalidad en su momento. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es un ministerio bastante nuevo, que tiene varios desafíos, sobre todo respecto a sus trabajadores y trabajadoras.