Fundaciones bajo la lupa: los contactos estrechos, las secuelas del “caso cero” y las propuestas para mejorar fiscalización de las organizaciones

El sábado 24 de junio Dulce Frau, CEO de Locales Conectados, una organización apoyada por la fundación Urbanismo Social, envió un mal avisando la suspensión de un evento público. “Debido a la situación climática, algunos de nuestros panelistas, invitados y comercios que son parte de nuestra red, están enfocados en atender la emergencia”, explicaron. El panel tenía, entre otros, al ministro de Economía, Nicolás Grau, y Pilar Goycoolea, cofundadora y presidenta de Urbanismo Social, fundación que quedó en la mira producto de acuerdos y donaciones recibidas en 2022 que ascienden a $577 millones de pesos.

Diez días antes, el medio regional Timeline publicó un reportaje sobre los aportes estatales que recibió la fundación Democracia Viva, con Daniel Andrade como representantes legal, (ahora ex militante de Revolución Democrática) por más de $420 millones de pesos entre octubre y diciembre de 2022.

El hecho había dejado, sin quererlo, a todas las fundaciones que participan con el Estado bajo la mirada atenta de la opinión pública. Y, posteriormente, de instituciones de probidad como Contraloría.

La semilla de la duda por las transferencias, plantada un mes antes por la Asociación de funcionarios del Serviu, terminó con la diputada y ex pareja de Andrade, Catalina Pérez (RD), presentando un oficio ante Contraloría; Daniel Andrade solicitando su calidad de imputado en la investigación y el término anticipado de los convenios; Carlos Contreras, seremi de Vivienda y Urbanismo, presentando su renuncia; y más fundaciones cercanas al Frente Amplio cuestionadas por millonarias transferencias de trato directo.

En medio del torbellino que sacudía al oficialismo, la mañana del jueves 29 de junio todo frenó en seco, dejando en evidencia las consecuencias del ciclón. El motivo: el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ordenó paralizar la toma de razón de todos los contratos entre el Estado y fundaciones. Esto, para tener más tiempo para fiscalizar.

“No es una organización de la sociedad civil la que no ha cumplido con los requisitos curriculares, la que no ha ejecutado los programas o la que no tiene experiencia”, asegura Gonzalo Vial, fundador y director ejecutivo de la fundación Huella Local. “Se indica a las organizaciones de la sociedad civil como las culpables y, de alguna manera, este frenazo que hace Contraloría refrenda la mirada de que todos estamos bajo lupa. Y me parece que eso es injusto”.

Las fundaciones son entendidas como parte de las llamadas organizaciones de la sociedad civil, catalogadas como “el tercer sector”. Es decir, un sector económico que no es privado -en búsqueda de un beneficio económico propio-, ni público.

“Estas organizaciones son sumamente relevantes en Chile, porque logran operativizar y estar en los territorios donde el Estado no puede, donde no tiene capacidad de llegar”, comenta Pablo Zamora, presidente de la Fundación Chile y exfundador de NotCo. Además, comparte el diagnóstico sobre el daño que hace al sector, casos como el de Democracia Viva, haciendo hincapié en que “le hacen un flaco favor a las fundaciones”.

En cuestionamiento todos los contratos

Si bien la Contraloría solo toma razón de contratos por sumas iguales o superiores a las 5 mil UTM (un poco más de 316 millones de pesos) con el Estado, su decisión puso a todo el “tercer sector” en la mira.

El Hub de Colunga es una comunidad de 49 organizaciones de la sociedad civil. Su fin es compartir experiencias en el sector y trabajar de manera colaborativa, por lo que el chat de directores ejecutivos “ha estado en llamas”, comentan algunos. Sus principales temas: los medios de comunicación donde dar entrevistas, sus opiniones y consejos sobre la gestión comunicacional en tiempos de crisis.

Fabian Schiaffino, junto a otras personas que hablan en este reportaje, forma parte de ese grupo. Es fundador y director ejecutivo de Fundación Mapocho, organización sin fines de lucro que empuja proyectos relacionados con economía social. Ha estado atento a la contingencia con los casos de Democracia Viva y Urbanismo Social y siente preocupación por la continuidad de proyectos, tanto suyos como ajenos.

“La confianza es un intangible fundamental para las fundaciones”, comenta Schiaffino. “Esto empieza a generar un manto de dudas, no solo inmaterial, sino que también de dudas que se manifiesta en preguntas diarias de tu contraparte: ‘¿Te estás involucrando? ¿Va a salir algo de tu fundación pronto? ¿Con quién estamos trabajando?’”, cuenta.

Este daño colateral más tangible se ve reflejado con mayor impacto en las fundaciones más pequeñas, según afirma Francisca Droguett, directora ejecutiva de la fundación Trabajo para un Hermano. Esto, debido a que atienden necesidades menos evidentes o “menos atractivas”. “Ya nos resultaba difícil conseguir recursos vía donaciones, ahora la cosa se pone muy, pero muy cuesta arriba. Se pone en duda la trayectoria de la Fundación, el trabajo y aporte realizado a lo largo de los años, así como se pone en tela de juicio nuestro compromiso social”, explica. “Y eso es muy triste”.

Sobre esta parte del sector, Hans Rosenkranz, director de la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) comenta que organizaciones fundamentales, ya que “atienden causas o problemas que no son detectados por el Estado y desarrollan una solución para un grupo con una carencia específica no cubierta por el sistema”.

“Cualquier tema que ponga en duda la transparencia de las organizaciones impacta negativamente, no sólo a ellos en su quehacer diario, sino a millones de personas que reciben su apoyo y eso es lo que más afecta”, agrega Hans Rosenkranz de la COS.

“El foco no se debiese poner en las fundaciones, sino en los organismos que velan porque se haga bien la pega”, complementa Francisca Droguett.

Los contactos estrechos y el caso cero

Urbanismo Social es una de las dos fundaciones más cercanas a Revolución Democrática, constituida en 2009, la organización tiene dentro de sus objetivos “construir ciudades más justas que derriben la desigualdad de trato y la desconfianza”, según datos del Ministerio de Hacienda.

Este tipo de objeto en la constitución de las organizaciones sin fines es, no sólo común, sino más bien obligatorio, ya que se diferencian del sector privado con fines de lucro por sus fines sociales, culturales y científicos. “La idea de fundación, históricamente, era algo que podía hacer un filántropo adinerado, que tenía patrimonio suficiente para destinarlo a obras sociales”, explica Felipe Viveros, abogado y académico de la Universidad de Chile.

Uno de sus exdirectores jurídicos es el ahora seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández (RD), y su presidenta es Pilar Goycoolea, miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, un organismo público dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En 2022 la fundación ha recibido un total de 577 millones de pesos, entre estos y otros aportes de la Municipalidad de Temuco y la Subsecretaría de Evaluación Social.

Pero los orígenes de la organización que dejó a las fundaciones bajo lupa, se remontan al 6 de diciembre de 2021, 13 días antes de la segunda vuelta de la elección presidencial, cuando se constituyó la fundación Democracia Viva. Su objetivo fue el de plantearse como un espacio dedicado a “personas afectadas por la exclusión de las instituciones y el mercado”.

Viveros llama “fundación de gestión“ a aquella que no se creó para darle un uso a patrimonio existente, sino que “se creó sin plata”. Si bien, no era su fin original, la herramienta jurídica ha ido evolucionando: “Eso no está mal, lo que está mal es cuando hay aprovechamiento y, a través de la influencia, amiguismos y cosas que lindan en la corrupción, permite otorgar oportunidades que no son abundantes”, explica sobre la repartición de dinero estatal para estas organizaciones.

Según reveló su acta de constitución, su representante legal era Daniel Andrade y de manera provisional, el directorio contó con diversas figuras de Revolución Democrática, partido que, en ese entonces, lideraba la actual diputada Catalina Pérez. En su directorio se encontraba Tomás Flores Saavedra; María Florencia Limonado, actual periodista de la Subsecretaria SEGEGOB y experiodista del diputado Jaime Sáez (RD); Linda Carillo Jiménez; y Daniela Dresdner (RD) Vivencia, actual delegada presidencial por la región del Biobío.

Según información del Registro de Colaboradores del Estado, Democracia Viva, con menos de un año de antigüedad, recibió en 2022 tres transacciones de aporte público por trato directo desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta: $200 millones el 3 de octubre, $170 millones el 27 de octubre, y $56 millones el 19 de diciembre. En total, recibió 426 millones de pesos en menos de tres meses de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Contreras.

Los organismos públicos pueden hacer compras de distintas formas y estas varían dependiendo de la función y cantidad de dinero. Cuando las sumas son muy grandes, se hacen concursos y licitaciones, es decir, los “proveedores” compiten por vender sus bienes o servicios al estado.

Pero hay otra figura menos burocrática, que es el trato directo. ”Este debiese ocuparse solo cuando es una emergencia, por ejemplo, para la pandemia se utilizó y se entiende”, explica Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia. “Si mañana se muere el presidente de Argentina, por ejemplo, no se puede licitar el avión en el que va a viajar el presidente al funeral, porque o si no, no llega”, ejemplifica. “Pero son eso: excepciones”. Sin embargo, la forma de compra más usada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante el 2022, fue la de trato directo, superando el 46% de las transacciones totales, según los datos de Mercado Público.

Lo bueno: “Una oportunidad inmejorable”

“Hoy día, nadie conoce el camino de lo que le viene a Democracia Viva”, comenta Gonzalo Vial, de Huella Local. “Todos deberíamos saber, al menos, que cuando se toca la palanca pública, va a caer la justicia fuertemente”. Además, agrega que no es la primera vez que esto ocurre: “Y lo que sabemos de los casos en los que la política se ha involucrado con boletas falsas, con financiamiento o con corrupción en las instituciones de orden, es que no pasa nada. O pasa poco”.

Pero, a pesar de lo desalentador del panorama para las instituciones, todas las fuentes entrevistadas en este reportaje están de acuerdo en que estos hechos presionan positivamente una agenda de probidad y transparencia. “Los escándalos de corrupción son una oportunidad inmejorable para avanzar en temas de gobernanza; Chile lo hizo en el pasado y puede volver a hacerlo ahora”, afirma Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público.

Andrea Sato, investigadora de Fundación SOL, asegura que el escenario obliga a avanzar, incluso, al debate de “lo público” y la orientación que debe tener el estado, pero que tampoco se pueden acortar camino: “No hay atajo en esta discusión y ninguna Fundación, ONG o cualquier institución debería suplantar a una ciudadanía organizada”.

“En la Comunidad de Organizaciones Solidarias hemos venido trabajando sistemáticamente hace más de 10 años en la FECU Social”, explica Hans Rosenkranz. Esto es un esquema que permite contener toda la información requerida por el público, explica Felipe Viveros. “Pero es un tema de autorregulación”, agrega. Es decir, que las organizaciones que lo hacen, lo hacen por voluntad propia, no por normativa.

Un tema también mencionado por las y los directores de las fundaciones fue el avance de la Ley de Transparencia 2.0.

Si bien, se puede llegar a este tipo de información por su relevancia pública a través de solicitudes de transparencia, este proceso es muy demoroso y burocrático. “Debe acabarse la transparencia pasiva, toda debe ser activa”, afirma el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia. Esto es que toda la información de interés público, como esta, debe estar disponible y accesible, no se debe tener que solicitar.

Así, afirma Leturia, se hace más fácil la fiscalización ciudadana. Además, agrega que quienes pueden contribuir, realmente, a la probidad, son aquellos funcionarios que son testigos de las conductas corruptas. “El humano tolera más el hambre que la injusticia”, asegura. “Pero debemos garantizar que su denuncia va a tener consecuencias para los culpables y garantías para el denunciante”.

Desde Espacio Público, Benavides está de acuerdo con que la fiscalización ciudadana contribuye, pero es fundamental contar con una base en que el Estado se comprometa con leyes y medidas. “Que trasciendan gobiernos y que permitan combatir la corrupción en sus distintos niveles, como regulación de fundaciones, gobierno de municipalidades, Chilecompra, protección eficaz de denunciantes, entre otros”, explica.