Nuevo informe de “Auditoría Total”: Gobierno detecta más de $1,4 billones transferidos a fundaciones sin rendición acreditada

El Gobierno amplió este miércoles el alcance de su plan “Inspección Total al Estado”, el mismo que el pasado 25 de mayo había encendido las alarmas sobre el estado de las finanzas públicas y que ahora puso el foco en presuntos incumplimientos en la rendición de recursos transferidos desde el Estado a fundaciones.

En la cuarta sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal se resolvió instruir cuatro nuevas investigaciones en ministerios y, además, dar a conocer nuevos antecedentes sobre organizaciones receptoras de recursos públicos. Asimismo, se revelaron hallazgos respecto de mecanismos de contratación pública que encendieron nuevas alertas en el Ejecutivo.

Las nuevas investigaciones fueron instruidas en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud, luego de que el comité detectara antecedentes que, a su juicio, requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades.

Según comunicó el comité, en el caso del Ministerio del Deporte la indagatoria estará centrada en el Instituto Nacional de Deportes y abarcará la administración, transferencia y rendición de recursos públicos. En Energía, la revisión recaerá sobre la Agencia de Sostenibilidad Energética e incluirá transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos.

Mientras tanto, en Agricultura se investigarán las transferencias a organismos ejecutores, sus rendiciones, compras, contrataciones y el cumplimiento de los convenios suscritos. En Salud, en tanto, el foco estará puesto en las compras y contrataciones realizadas por las subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.

“Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren una revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado”, sostuvo la subsecretaria de la Segpres y presidenta del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, Constanza Castillo (RN).

Más de $1,4 billones sin rendición acreditada

Respecto del nuevo balance sobre las transferencias de recursos a fundaciones realizadas entre 2022 y 2026, el comité informó que durante ese período se identificaron más de $5,4 billones transferidos a fundaciones que debían ser objeto de rendición.

Sin embargo, más de $1,4 billones no acreditan su rendición, siendo el Sence, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la Subsecretaría de Agricultura los organismos con la mayor proporción de recursos pendientes de acreditar.

El documento agrega que entre 2022 y 2026 se crearon 177 fundaciones que recibieron recursos públicos por más de $11 mil millones, montos que también estaban sujetos a rendición. De ese total, más de $6.500 millones, equivalentes a cerca del 60%, no cuentan con rendición acreditada. Además, 79 de esas 177 fundaciones no registran ningún antecedente de rendición de los recursos recibidos.

Sobre este punto, Castillo sostuvo que “cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que esos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos”. Asimismo, indicó que corresponde revisar caso a caso si existieron incumplimientos, rechazo de rendiciones, debilidades en los servicios públicos o antecedentes que deban ser derivados a otras instituciones.

Alerta del Gobierno por aumento de compras directas

El informe también identificó un uso intensivo del mecanismo de trato directo en distintos organismos públicos. Entre los servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública aparecen el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El análisis detectó, además, un incremento en distintas causales utilizadas para justificar estas contrataciones. Las invocaciones por “proveedor único” y por razones de “confianza y seguridad” se duplicaron respecto del período anterior, mientras que las compras justificadas por “emergencia” superaron en un 17% las registradas durante la pandemia de Covid-19, situación que el comité calificó como un antecedente que amerita una revisión específica.

En paralelo, el Ejecutivo informó avances en investigaciones iniciadas en sesiones anteriores. Entre ellas, detalló que los antecedentes por más de $14 mil millones pagados por raciones de alimentos no entregadas en Junaeb fueron remitidos al Ministerio Público; que en Transportes se ha regularizado más del 80% de los $30 mil millones heredados sin respaldo administrativo suficiente; que en el Ministerio de Ciencia se solicitó una auditoría a la Contraloría y otra interna por eventuales incumplimientos asociados a Becas Chile y otras transferencias; y que en el Ministerio de la Mujer fue necesario ampliar el alcance de la investigación debido a nuevas alertas detectadas durante las últimas semanas.

Sobre estos nuevos antecedentes, la diputada del Partido Nacional Libertario Gloria Naveillán sostuvo que “es impresionante cómo, escarbando un poquitito debajo de la alfombra, empieza a salir toda la mugre que ocultaron ahí. Imagínense ustedes la cantidad de instituciones que aún no se empiezan a investigar y aparece más plata mal ocupada, mal usada y fundaciones en todas partes”.

Con ello, la parlamentaria llamó al Ministerio Público a “ponerse las pilas, porque no puede ser que esto sean solo cifras. Acá esto requiere una investigación, requiere una explicación completa y requiere la actuación del Ministerio Público con todo lo que corresponde”.