Columna de Nicole Cardoch Ramos | Claridades para enfrentar la desinformación 

Con su rechazo al requerimiento presentado por senadores de oposición a la Comisión Asesora contra la Desinformación, el Tribunal Constitucional (TC) ha terminado de despejar las dudas y sospechas que han sido sembradas en torno al trabajo de esta instancia asesora. Este fallo ratifica que como Gobierno hemos actuado con apego a la Constitución y las leyes, al tiempo que entrega certezas para continuar trabajando en torno a una temática que representa una seria amenaza para nuestra democracia. 

Con su decisión, el Tribunal Constitucional confirma que con la creación de esta comisión, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha actuado dentro del marco de acción que la Constitución establece para el poder ejecutivo, el cual contempla la posibilidad de crear grupos asesores de carácter temporal para el desarrollo de su labor.

Así ha ocurrido durante los últimos 33 años, con instancias tan emblemáticas y reconocidas como la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) convocada por el expresidente Aylwin; la Comisión de Reforma Previsional (Comisión Marcel) creada por la expresidenta Michelle Bachelet o la Comisión Asesora para la Libre Competencia conformada por el expresidente Piñera. La Comisión Asesora contra la Desinformación se inscribe en esta línea y esperamos que sus resultados sean un aporte técnico relevante para abordar un tema tan reciente como complejo. 

Por otro lado, con su fallo el Tribunal Constitucional ha descartado que la comisión represente un peligro para las libertades de expresión y de prensa, tal como lo intentó establecer el requerimiento presentado por los parlamentarios. Lo señaló la defensa del Ejecutivo ante este tribunal y lo hemos reiterado en innumerables entrevistas: esta Comisión no tienen aptitud alguna para restringir o modificar estas garantías constitucionales, tanto por su carácter temporal y consultivo, como por el objetivo que se le ha planteado, esto es, estudiar el fenómeno de la desinformación en plataformas digitales y elaborar un informe diagnóstico y otro con recomendaciones de política pública.  

El fallo del Tribunal Constitucional se suma a lo ya señalado a fines de junio por la Contraloría General de la República. El organismo autónomo afirmó que el decreto de creación de la comisión cumplió con el control previo de legalidad conocido como toma de razón, es decir, que se ajusta a las facultades que la Constitución y las leyes confieren al poder ejecutivo y no se detectó ningún problema. El pronunciamiento del TC marca un punto de inflexión en este debate.

Ahora que se han despejado las dudas, es de esperar que todos los actores políticos y sociales permitamos que la Comisión Asesora contra la Desinformación pueda continuar y finalizar la tarea para la cual fue creada. El compromiso del Gobierno de Presidente Gabriel Boric con la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a la información, siguen más presentes que nunca. Por esto, reiteramos el llamado que realizó esta semana la ministra Camila Vallejo, quien convocó a todos los sectores a tener un debate honesto, responsable y altura de miras sobre este tema tan sensible para el buen funcionamiento de nuestra democracia.

*Nicole Cardoch Ramos, Subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno