¿Clase media?: Cerca de 17 mil viviendas con avalúo fiscal superior a $460 millones podrían quedar libres de pagar contribuciones

Cuando el pleno del Consejo Constitucional aprobó -el jueves pasado- acabar con las contribuciones en las primeras viviendas hubo desazón entre economistas. La enmienda, cuestionada en su momento por exministros de Hacienda, expresidentes del Banco Central, entre otros, ha sido calificada como “altamente regresiva“.

Como argumentos principales -indicaron en una carta al director en El Mercurio- estaba el cómo esta medida afectaría fuertemente las arcas municipales. Ello debido a la recaudación que tiene esa contribución al impuesto territorial recaudado por municipios, además de su contribución al Fondo Común Municipal. Este último responde al “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país“, que define el artículo 122 de la actual Constitución.

El argumento para defender la enmienda por parte de Beatriz Hevia, consejera republicana y presidenta del Consejo fue que “beneficia a la clase media“. Sin embargo, y de acuerdo a los informes de revalúo fiscal del 2022 del Servicio de Impuestos Internos (SII), sólo se verían favorecidas parte de las 23% de viviendas habitacionales que están expuestas -hasta ahora- a pagar ese impuesto.

Ese 23% equivale alrededor de 1,7 millones de viviendas de las 7,4 millones del total. Hasta ese registro, 4.231.966 viviendas no pagaban contribuciones.

Desglose por tramo de avalúo

Además, según una tabla elaborada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con datos del último reevalúo del SII en 2022, hasta esa fecha había alrededor 223.444 viviendas con un coste superior a los $137.126.304, acorde al valor de la UF a comienzos de ese año.

Por otro lado, en el caso de las viviendas sujetas al tramo de avalúo afectos a sobretasas -con mayor valor fiscal y, por ende, mayor contribución-, estas correspondían a 17.091, las cuales superaban, a lo menos, los $461.437.442.

De mantenerse la norma republicana -que tiene pensada una reducción paulatina del cobro en el transcurso de seis años-, se verían afectados alrededor de $572.842.544 millones de pesos que contribuye la recaudación semestralmente.