Francisco Cox y ola de crímenes en Chile: “No estamos ni cerca de Colombia ni de México, pero nada dice que no podríamos terminar así”

La noche del 26 de septiembre de 2014, en la localidad de Iguala (México), un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desapareció. Dos meses después, y presionado por los familiares de los jóvenes que acusaban opacidad, el gobierno mexicano acordó con la Corte Interamericana de Derechos Humanos la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes para investigar el caso.

Uno de los cinco designados fue el chileno Francisco Cox (55). El abogado penalista y magíster en Derecho por la Universidad de Columbia, que hoy se desempeña como socio del estudio Balmaceda, Cox & Piña Abogados, estuvo durante ocho años viajando de forma recurrente a México. Eso le permitió conocer de primera mano el funcionamiento interno de las bandas de crimen organizado.

“Nos dimos cuenta de que la desaparición de los 43 estudiantes fue realizada por un cartel, pero con la cooptación de las policías y el ejército. A mí esa experiencia me marcó mucho, porque vi cómo infiltran todo, la policía municipal, la policía estatal, la policía federal y el ejército”, recuerda el profesional.

Hoy, Cox mira con preocupación el escenario chileno, donde -a su juicio- la clase política “legisla con mucha estridencia”, pero no existe un seguimiento a las medidas tomadas. A eso se suma, plantea, la complejización de delitos como los homicidios, que ocurre en lugares donde el Estado está ausente.

–¿Cómo ve el panorama actual de la seguridad pública y, en concreto, el de la criminalidad?

-Chile sigue siendo un país seguro en la región, y eso lo muestran las estadísticas. Pero lo que sí está ocurriendo mucho -y eso es claramente problemático- es el aumento de los homicidios. En este delito, lo preocupante es que también está aumentando el número de imputados desconocidos -que llega a un 47%-. Esto es relevante, porque antiguamente en Chile la mayoría de los delitos eran cometidos por alguien con algún vínculo, se sabía quién era el responsable.

Además, estamos en el segundo lugar de los países con altos ingresos -después de Estados Unidos- con más muertes por armas de fuego. Está aumentando el uso de armas de fuego. Antes se usaban armas blancas, como cuchillos, y ahora se ven más armas de fuego…

–Hace 10 años era muy difícil compararse con otros países de la región, porque lo común era pensar que a nivel de seguridad era mejor que otros países de la región. Hoy, ¿Chile está mejor realmente?

-La verdad es que el fenómeno delictual y la introducción del crimen organizado en Chile es algo que sí está pasando. No podemos desconocerlo. En paralelo, tenemos el problema de que en el puerto de Rotterdam, Chile es el tercer país con más incautaciones de cocaína y de otras drogas, que nosotros no producimos. Claramente nosotros nos estamos convirtiendo en un puerto de paso. Y eso tiene una explicación: Chile tiene un mejor sello a nivel de puertos para ingresar productos. Eso también es bien preocupante.

–¿Cuánto ha crecido la cantidad de homicidios?

-Esto es preocupante, porque en Chile había un muy bajo índice de homicidios. Estábamos entre 3,3 y 4,2 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ahora todavía estamos bajos, en 6,6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero hay zonas con números mucho más altos. Arica tiene 17,4; Recoleta 16,9; Colina, 15,8; Estación Central, 13,3; Alto Hospicio, 15,3; y Santiago 13,1. Esas tasas hacen que el promedio sea todavía bajo, pero hay comunas donde estamos al alza.

También, lo que estamos observando es que está aumentando el número de personas extranjeras responsables de homicidios y también de víctimas extranjeras. Ahí, los países que ranquean en víctimas extranjeras está Colombia, Venezuela y Perú. Y todo esto, con imputados desconocidos. Si se cruzan ambas cosas, se acerca mucho al fenómeno del sicariato.

–¿Cuál es el vínculo entre la migración, los imputados desconocidos y el aumento de los homicidios? ¿Se puede afirmar que existe un vínculo?

-No sé si se puede afirmar un vínculo categórico, pero sí estamos viendo que hay más víctimas extranjeras y victimarios extranjeros. Siguen siendo mayoritarios los chilenos, también en los homicidios, pero está aumentando el porcentaje de extranjeros. Y eso puede vincularse al fenómeno migratorio. Y, si vemos quiénes son las víctimas -colombianos, venezolanos, peruanos-, se puede pensar que hay una relación con la migración.

Obviamente, no todo migrante viene a cometer delitos. Pero que dentro de ellos se introducen, es bastante claro. Por eso los filtros y los controles tienen que ser mucho más rigurosos.

–Eso se refleja, incluso, en las comunas que nombra.

-Claro, pero ahí está también el fenómeno de la pobreza. Por eso digo que es difícil vincularlo con el fenómeno de la migración, pero de que tiene un impacto, lo tiene. Sobre todo, en cierta configuración de las víctimas y los victimarios.

–Los delitos -como los homicidios- no sólo han aumentado, sino que también se han complejizado. ¿Cómo lo ve?

-Sí, a eso me refería cuando decía que tenemos más presencia de armas de fuego. Hay muchas armas en Chile. Tenemos una ventaja con respecto a México -por ejemplo-, que es que no somos frontera con Estados Unidos, y muchas de las armas vienen de Estados Unidos. Pero vemos cada vez más cómo en controles de Aduanas se encuentran partes de armas separadas para poder armar. También hay muchas que no tienen número de serie, o que pertenecen a personas que en el contexto de un robo se las quitan, y otras hechizas.

Además, los métodos que se están utilizando son cosas que no eran propias de la delincuencia nacional, que sí son más comunes en delincuencia de México, de Colombia y Venezuela. El ícono de eso en Chile es el Tren de Aragua.

Si uno compara los carteles de México, es más o menos parecido. Este desmembramiento de cuerpos que vivimos hace un tiempo, donde encontraron partes del cuerpo de una persona en distintos lugares. Eso es algo que, claramente, antes no existía. Eso puede deberse a distintos fenómenos. En México, lo que hacen a veces los carteles es calentarle la plaza al otro. Generan muchos delitos o violencia en el territorio que ellos controlan, cosa que el Estado tenga que intervenir, la policía tenga que intervenir y terminan sacando ese cartel y ellos se apoderan de ese espacio territorial. El aspecto fundamental del crimen organizado es el control territorial. Esta zona es mía y yo la controlo. Y eso lo estamos empezando a ver en Chile.

La ausencia del Estado y la lucha por el control territorial

–En entrevista con The Clinic, el urbanista Iván Poduje afirmaba que el alza de la criminalidad se explicaría porque “hay sectores importantes del país, tanto urbanos como rurales y productivos, donde el Estado o no tiene control o ha perdido gran parte del control de lo que ahí ocurre”. ¿Comparte ese diagnóstico?

-Hay un control tan fuerte por parte de algunas bandas en algunos lugares que, efectivamente, el Estado ha perdido el control. Eso corroe las bases mínimas del Estado de derecho. Desde el momento en que el crimen organizado controla un territorio al nivel de México, por ejemplo, donde los carteles de la zona fijan los precios del agua, el pollo y la carne, y no se puede vender fuera de esos precios. No sé si hemos llegado a eso, pero sí hay zonas donde Carabineros no va.

Por eso insisto con que los narcofunerales son una bofetada al Estado de derecho. Que unas personas puedan, a vista y paciencia de la seguridad pública, desplegar y disparar armas, y que haya fuerzas especiales, es una renuncia del Estado a controlar el territorio. Eso manda una señal a las vecinas y vecinos de ese lugar de que hay un grupo que tiene más fuerza que el Estado, tanto así que se pueden pasear con sus armas de fuego y con todo su despliegue, y no les pasa nada y no los detienen.

–En ese sentido, ¿qué le ha parecido la regulación que el Gobierno ha querido hacer de los narcofunerales?

–(Ríe). Chile tiene un problema. Creen que pasando una ley se resuelven los problemas. En este momento, sin leyes especiales, cuando ocurren los narcofunerales, Carabineros tiene todas las atribuciones para intervenir y detener a esas personas. Puede ser que hayan hecho un análisis, de que el costo sería mucho más alto. Pero eso es casi como una negociación con un terrorista. Es como decir ‘mira, te pasamos tanta plata porque no tenemos capacidad de rescatar a las personas’. Ese es un problema gravísimo.

Que legislen lo que tengan que legislar, pero no viene con capacitación, apoyo real y recursos para que se pueda implementar, no tiene ningún sentido. Es lo que ha pasado con el comiso de ganancias, que se ha dicho por todas partes que es fantástico y es un tremendo avance en términos de crimen organizado. Bueno, acá en Chile la capacidad de perseguir bienes de la Fiscalía es casi nula. Y no existe ninguna institución especializada en perseguir estas ganancias.

El problema en Chile es que se legisla en soundbites. Se legisla con mucha estridencia, se aprueba la ley, se publica en el Diario Oficial. Pero el problema es el seguimiento, dónde y cómo se hace el seguimiento.

–¿Qué cree que se necesita para avanzar en ese seguimiento?

-Lo que es importante es ver cómo implementar esto. Hay que tener analistas que vean el fenómeno delictual, y otros encargados de analizar cómo se componen las estructuras. Otros que analicen la cooptación de funcionarios públicos. Y eso es un fenómeno que no está estudiado hoy…

Cualquier persona que sabe algo de crimen organizado sabe que lo primero que hace el crimen organizado es cooptar a las autoridades, las policías, a las Aduanas y a los funcionarios públicos. Por eso digo que acá hay un vicio de fetichismo legalista, de pensar que dictamos la ley y resolvimos el problema. Y nos llenamos de grandes títulos y uno piensa después: ¿dónde están los resultados? De todas formas, ha habido avances importantes.

–¿Qué destacaría, en ese sentido?

-Destaco, por ejemplo, la centralización de la información. Antes, las bases de datos de la PDI y Carabineros no dialogaban, no estaban consolidados. Con el plan del Gobierno esto se va a consolidar y se va a usar, también, un sistema que hay en Estados Unidos que permite hacer una trazabilidad de las armas.

Otra cosa que es positiva es que efectivamente en este gobierno se le ha dado muchos recursos a Carabineros. Pero no basta con eso, hay que fiscalizar su uso, entrenarlos y ver qué resultados concretos produce. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es que el foco está en el decomiso. Cuántas toneladas de marihuana se incautaron, cuántas armas. Pero pocas veces se cuestiona a quién pertenecen. No se hace un organigrama. Lo importante es que ahora las autoridades están hablando de control territorial. En el fenómeno mexicano, ellos empiezan por la droga, que es muy lucrativa, pero rápidamente pasan a otros delitos. El cartel de Sinaloa -por ejemplo- ahora exporta a China especies exóticas del mar, y obligan a los pescadores a trabajar para ellos. Los meten en el negocio de la droga, porque lo central para ellos es controlar el territorio. Ellos son la autoridad en el territorio.

Para salir de eso, el Estado no sólo debe ser represor, policial e investigador -que son funciones que debe cumplir-. Debe ser un Estado que provea de bienes y servicios, porque muchos de estos grupos, cuando se consolidan, empiezan a crear fundaciones que son beneficiosas para la comunidad. Entonces, la gente empieza a valorarlos porque les da seguridad, les da deporte, hasta que se cruzan en su camino y les va muy mal. Es muy importante que el Estado cumpla ese rol.

–¿Y qué cree que hace falta?

Todavía falta un mayor enfoque en la cooptación y en la corrupción que genera el crimen organizado para coimear o atraer funcionarios públicos, porque ese fenómeno va a ocurrir de todas maneras. En México condenaron al super policía, condecorado por la DEA, por el propio México, Genaro García Luna, porque trabajaba para el Cartel del Golfo. Cada una de las atribuciones que se le da a la policía o al Ministerio Público tiene que venir acompañada de una fiscalización. Y esa fiscalización no puede ser sólo interna, porque hay códigos y si empiezas a fiscalizar a los propios, te conviertes en un traidor. Entonces hay que meter gente de afuera, a civiles. Ese entramado es el que se tiene que construir para que podamos resistir, o quizás expulsar, la incorporación del crimen organizado, que es muy difícil.

Insisto. No estamos ni cerca de Colombia ni de México, pero nada dice que no podríamos terminar así.

–¿Podría terminar Chile así? ¿Lo ve factible?

-No es imposible. Aunque ahora no estamos cerca y estamos con índices bajos de homicidios y secuestros, pero están ocurriendo cada vez más. Y el efecto imitador es muy peligroso.

–Esta semana, el fiscal nacional, Ángel Valencia, detallaba en el Senado que el Ministerio Público está investigando a al menos seis organizaciones delictivas. Se trata de Los Gallegos, Los Pulpos, Los Espartanos, La Banda de los Chota, La Banda de los Valencianos y los Bang de Fujian. ¿Cómo miras esta situación? ¿A qué puerto pueden llegar con estas investigaciones?

-Creo que hay capacidad de investigar, sin duda. Vemos, por ejemplo, la capacidad que tuvo Carabineros de encontrar a los que mataron al cabo Daniel Palma en abril. Y eso fue bastante rápido, y se usaron las técnicas habituales, como la georreferenciación de celulares, las interceptaciones telefónicas y la revisión de cámaras. Hay gente que tiene la capacidad y puede hacerlo.

Lo importante es detectar el ámbito de influencia de esos grupos, dónde se despliegan, dónde realizan su negocio, cómo interactúan con las policías, las municipalidades y las autoridades. Algo que echo de menos, de lo que no se habla lo suficiente es la importancia de la colaboración eficaz, que contempla la ley 20.000. Esto requiere una institucionalidad estatal gigantesca, con muchos recursos, porque tienes que sacar a esa persona del crimen organizado, darle otra identidad y sostenerla. Para que una persona esté dispuesta a delatar, primero se le tiene que asegurar la seguridad a ella y su familia, y darle recursos para vivir dignamente. Se habla a veces de esto, pero no hay un foco en la importancia de los insiders, que son fundamentales para que obtener información.

–¿Por qué cree, entonces, que no hay conciencia de estos fenómenos -como ha dicho- en la clase política? ¿Hay desconocimiento, desinterés?

-Creo que este tema le golpeó en la cara a la clase política. A mí me llama la atención. Se sorprendieron con este tema, como si hubiera aparecido de la nada. Y estas cosas no aparecen de la nada. Por eso, pienso que los alcaldes tienen un rol tan importante y son voces tan importantes. Están poniendo estos temas sobre la mesa. La realidad y algunos de estos políticos han forzado a que nos hagamos cargo.

El problema, insisto, es que los políticos no siempre tienen la voluntad de mirar a largo plazo. Y estas políticas se tienen que implementar a largo plazo. Lo más efectivo es sacar una ley grandilocuente, llamativa, estridente, cosa de que los electores digan “se están haciendo cargo, están haciendo cosas”. Incluso en el proceso constitucional se está hablando de crimen organizado en la nueva Constitución. Ese es el nivel de fetichismo jurídico que tenemos en Chile.

–Soluciones como, por ejemplo, la demolición de las “casas narco” liderada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

-Eso fue súper criticado y no es una solución. Pero es una señal en términos de recuperar el espacio. Él mandó la señal de estar recuperando el territorio. Y creo que tan claro fue el mensaje que después muchos, incluso el propio Gobierno, empezaron a botar las animitas, los monumentos y los sarcófagos. El efecto simbólico de todo eso es una señal de recuperación del territorio. Entonces, no es una solución sino un mensaje de que la autoridad va a romper esto. Son señales, no resuelven el problema, pero es la señal correcta.

El rol del narcotráfico en el recrudecimiento de la violencia

–¿Qué rol juega el narcotráfico en el endurecimiento de la violencia? Se han visto niveles de crueldad que incluyen desmembramientos, decapitaciones o asesinatos a mujeres embarazadas.

-El narco, sin duda, cumple un rol fundamental en este aumento, porque es la forma de obtener poder económico relativamente rápido. Se hacen de mucho dinero, lo que da acceso a armas, a poder, y a controlar el territorio. Después de eso, mutan a otros delitos como la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas entre otros. Entonces, me parece que claramente ha jugado un rol.

–A su juicio, ¿Chile sigue siendo un pasadizo para la droga, o ya se transformó en un lugar de asentamiento de la droga?

-Yo veo que Chile, efectivamente, todavía sigue siendo medio pasadizo para las grandes cantidades de droga. Pero sí está empezando a ser un lugar donde se quedan las bandas para controlar, porque aquí hay poder adquisitivo, hay ingresos, hay recursos y un lugar atractivo en ese sentido. Lo que me llama la atención es que el mayor número de incautación acá en Chile sigue siendo la marihuana. Eso a mí me parece que debiese invitar a ver si no es viable una legalización de la marihuana para disminuir eso. Ahora, hay estudios en Uruguay que muestran que, no obstante la legalización, ha aumentado el delito, entonces no necesariamente hay un vínculo. Todavía somos pasadizo, pero estas bandas manejan droga, pero también se pasan a otros delitos, como el secuestro y la extorsión.

El miedo a ser víctima de un delito y los caminos para enfrentar el crimen organizado

–A su juicio, ¿cuál es el hito que desata el aumento de la criminalidad en Chile?

-Es difícil poner un hito concreto. Decir que empezó en el gobierno del Presidente Boric es absurdo y no se sostiene en las cifras. En 2022 tuvimos 3.024 homicidios consumados. Antes de eso, en 2012, creo que eran 1.300. Pero, hay un peak en 2020, en la época de la pandemia. Yo no sé si la pandemia podría ser un hito, pero tiene que ver con la ausencia del Estado y de presencia de personas en las calles. En alguna parte se hizo más fácil controlar el territorio en época de pandemia, porque uno tenía que estar encerrado y las capacidades de fiscalización eran menores.

–A eso se suma una policía desacreditada…

-Claro. Por los fraudes, el Pacogate, el estallido social. Eso genera, sin duda, el avance del crimen organizado. Cuando tienes menos presencia del Estado, avanza el crimen organizado, porque el poder siempre alguien lo ocupa. Es como la ley de la vida. Pero no sabría decirte cuándo se desató todo esto…

–¿Hacia qué se debiese tender para salir de este problema? ¿Qué vías de solución identifica?

-El tema de la droga, hay que verlo como un problema de salud pública, y ver modelos internacionales. Pero lo otro, y bien importante, es tener un Estado fuerte en todo sentido. Tiene que ser proveedor de servicios. Que la gente efectivamente sienta que el Estado cumple un rol. Si el Estado es sólo policía, el contacto puede ser problemático. Eso puede generar una merma en la relación con el Estado…

–Y una desconfianza tremenda…

-Exacto. Eso es nefasto. Y si tú sólo ves al Estado en esa cara, es poco lo que le vas a confiar. No es sólo con seguridad, sino que el Estado debe cumplir su función de Estado social y democrático de derecho. Si no cumple ese rol, es parte de la problemática de generar más crimen organizado, porque empieza a crear lealtades.

–¿Ve a este gobierno avanzando hacia eso?

-A este gobierno lo he visto preocupado como ninguno de este tema, dando muchos recursos a la policía, lo que me parece bien. Y, al menos discursivamente, cree en un Estado social y proveedor de servicios. Pero de que va un poco lento, va un poco lento.

–¿Cómo analiza la reforma a las policías que se ha impulsado? ¿Cree que toma conciencia de la realidad del crimen organizado?

-Lo que pasa con nuestro país es que es medio esquizofrénico. Pasamos de desarticular Carabineros -que me parece absurdo, del “ACAB”, a “no se puede cuestionar a Carabineros”. Me sorprende cómo pasamos de un péndulo a otro. Sí es importante la reforma a las policías, y estoy a favor de darles las atribuciones necesarias para cumplir sus funciones. Las han tenido siempre, pero cada atribución debe ir aparejada con una fiscalización. Es necesaria más fiscalización sobre las policías.

El ejemplo de García Luna, en México, es muy importante. Aquí estoy seguro que van a empezar con lo del zar antidrogas, el súper policía, o qué sé yo. Esos zares, cuando no son controlados, son una fuente de riesgos de corrupción altísima. Es la experiencia que muestra México con García Luna, que era el súper policía pero trabajaba para uno de los carteles. Le hacía el trabajo a los que le pagaban, pero sólo perseguía al otro cartel, y le iba abriendo el espacio. Este tipo de autoridades requieren mucha fiscalización, y parece que las policías se resisten. La reforma no sólo se tiene que encaminar hacia las atribuciones, sino también a la coordinación, la fiscalización, la capacitación y la rendición de cuentas.

–La semana pasada, la fundación Paz Ciudadana presentó los resultados de Índice 2023, que Indicó que un 30,5% de los encuestados tiene alto temor a ser víctima de un delito. La cifra es el máximo histórico de ese sondeo. ¿Qué le parecen esos números?

-Siempre me ha parecido que Chile siempre ha tenido un exceso de temor. Creo que eso tiene que ver con lo novedoso de los métodos que están utilizando estas bandas delictuales. Efectivamente, no se puede negar que hay un aumento de delitos como el homicidio. Es probable que en comunas como Las Condes y Vitacura esas cifras sean como las de Suecia, pero la sensación se genera por lo que pasa en el resto del país. Si se ve que en Santiago Centro aparece un cuerpo descuartizado, con partes en distintos lugares de una zona, es natural que haya temor.